• Responsabilizan a Dau y Amador del fracaso.
La Comisión del Plan de pronuncia de nuevo.
• Según Distrito, siguen construyendo C’gena.
• Distrito continúa sin responder interrogantes.
Opinión
Alvaro Anaya Díaz
Aún son muchos los interrogantes que deben responder el alcalde William Dau Chamat y su secretario de Planeación Distrital, Franklin Amador, por el fracaso anticipado del proceso de formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, POT. Al no cumplir la administración con los requerimientos de Cardique para el estudio e inicio de la concertación del componente ambiental, confirma la falta de idoneidad y pertenencia del equipo técnico contratado por el Distrito para «ordenar el territorio». Se perdieron otros cuatro años para actualizar el POT de 2001.
Dau Chamat y su secretario de Planeación son los directos responsables de la situación que enfrenta el Distrito con la autoridad ambiental que por tercera vez archiva los documentos. Así se los hizo saber hoy el presidente de la Comisión del Plan del Concejo de Cartagena, César Pión González, a través de una carta en la que le recuerda al mandatario la forma como validó los 17 productos que en el 2019 la administración de turno y el Concejo Distrital solicitaron no recibirlos porque no se ajustaban a las necesidades de la ciudad. «A cambio se ha gastado más de $17.000 millones tratando de enmendar los errores y no puede», señaló el concejal. Advirtió que los intereses de los cartageneros sólo se logran con la participación real y efectiva de los sectores comunitarios y gremiales.
La carta de Pión González se suma a la serie de reacciones después de la decisión de Cardique y frente al tiempo que le resta al fallido gobierno Dau. El Consejo Gremial de Bolívar se refirió al hecho como una nueva crisis en el proceso de concertación del componente ambiental y advirtió que «los tiempos no dan para que el POT se expida durante la presente administración». El sector gremial responsabiliza a la Secretaría de Planeación por no lograr una amplia concertación y la aprobación en 2023 y solicita al equipo técnico que «aproveché estos tres meses para fortalecer los
insumos» y el próximo gobierno retome el proceso.
Para lograr las reiteradas solicitudes desde los diferentes sectores gremiales, comunitarios y profesionales, se requiere de experiencia y el conocimiento de la ciudad. Y por lo que se ha observado en estos años ni Amador ni la coordinadora del equipo técnico, Sandra Bacca, no tienen la suficiente claridad para avanzar en la formulación del POT. En dos oportunidades, Cardique hizo requerimientos y al final se confirmaron los mismos errores, lo que significa que no se leyeron las resoluciones de devolución expedidas. De allí la falta de argumentos en las dos siguientes presentaciones de los documentos.
A Franklin Amador la soberbia no le ha permitido encontrar la claridad para responder con argumentos los errores que cometieron sus antecesores, Guillermo Ávila Barragán y Juan Pablo Franco, al traer y sostener en Cartagena contratistas que desde 2020 mostraron su incompetencia para aportar conocimientos en el ordenamiento urbano. Además de confiar en el trabajo de los funcionarios «foráneos», Amador continúo desconociendo al personal de planta de la Secretaría de Planeación y todavía en agosto incrementó la nómina de OPS, «buscando salvadores» por encima de la Ley de garantías en campaña política. En 2023 superó los 500 contratos con la excusa del POT y el PEMP, por lo que también tiene diferencias con el alcalde Dau.
¿Dónde está la cartografía de riesgo por lluvia y el cambio del nivel del mar para controlar las inundaciones en la ciudad?, es una pregunta obligada hoy en medio de las discusiones por la elaboración de un documento por Edurbe. ¿Tienen claro en la Secretaría de Planeación cuál es la cota de inundación hoy con respecto al POT 2001?. ¿Y la cartografía del diagnóstico y modelo del territorio?
De otra parte, quedó claro que la deficiente participacion comunitaria le creó problemas a Amador y Bacca para armar un Expediente urbano con las características del verdadero cambio de la ciudad planteado desde la ciudadanía y apartado de los intereses particulares. Y para la revisión del actual POT se requería de la Memoria justificativa, que no es otra cosa que indicar, con precisión, «la necesidad, la conveniencia y el propósito de las modificaciones que se pretenden efectuar».
Mientras se sigue ratificando el fallido proceso para el nuevo POT, el secretario Franklin Amador y la coordinadora, Sandra Bacca, realizan foros con la Universidad de Cartagena para «entre todas y todos estamos construyendo la ciudad que queremos, porque Cartagena es nuestra». Que ironía!
