_Estas acciones ilegales se realizan para evadir el pago real del consumo de energía con lo representa millonarias pérdidas para Afinia, debilitan el sistema y ponen en riesgo la vida de las personas
_Nuevamente la compñía hace un llamado a la comunidad para denunciar a aquellas personas que manipulen sin autorización las redes de energía y los sistemas de medición
El equipo especializado de Afinia, filial del Grupo EPM, continúa ejecutando inspecciones en la capital del Cesar, donde fue sorprendido un centro médico de especialistas con equipos de medida manipulados, con la finalidad de evitar el pago del consumo real de la energía.
Luego de varias pruebas al medidor de esta institución de salud, se pudo confirmar el fraude y se estima que este predio evadía el consumo de aproximadamente 10.000 kw/h mensualmente, lo que en dinero representa alrededor de 7 millones de pesos mensuales.
El Gerente de Afinia en Cesar, Jorge Rivero Cuadro, manifestó que “como empresa rechazamos todo tipo de actos ilegales que afectan la normal prestación del servicio a los clientes. Además, hacemos un llamado a la comunidad para que denuncie estos hechos que no solo generan pérdidas económicas para la empresa, sino que afecta a miles de ciudadanos que requieren del servicio de energía en sus casas y establecimientos comerciales e industrias”.
La empresa recuerda que estas acciones están tipificadas en el Código Penal como el delito de “Defraudación de fluidos”, donde se establecen multas que oscilan entre 1,33 y 150 salarios mínimos legales vigentes y reclusión en establecimiento carcelario entre 16 y 72 meses.
Por el robo de energía se pierden 140 millones de kWh promedio mes, lo que en dinero representa pérdidas de aproximadamente $79.000 millones mensualmente para la compañía, por lo que solicita a sus usuarios realizar las denuncias ante las autoridades competentes o a través de la Línea Afinia 115.
La empresa sigue trabajando por el bienestar y desarrollo de los territorios donde opera, impactando de manera positiva a los hogares, instituciones educativas, comercios, empresas, comunidades e industrias a través de un servicio seguro y confiable, promoviendo el uso legal y eficiente del servicio, pero es fundamental la denuncia oportuna de la comunidad y el de todos los actores del territorio sobre aquellas personas que atenten contra la infraestructura eléctrica para alcanzar prontamente los resultados.
