La acción judicial busca que se suspenda la aplicación de lo decretado en la ciudad, especialmente, en los barrios más vulnerables frente a las olas de calor, y que se reconozcan las condiciones climáticas y sociales del Caribe para evitar cargas económicas injustas a los usuarios.
_La demanda solicita, además, una medida cautelar para que mientras se resuelve el proceso se suspendan provisionalmente los efectos de la resolución frente a los usuarios de Cartagena, evitando que se consoliden cobros adicionales derivados del consumo de energía.
Frente a los embates del calor del clima cartagenero y Fenómeno del Niño, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, llevó ante el Consejo de Estado su oposición al programa transitorio de incentivos al uso eficiente de la energía eléctrica de la CREG, al presentar una demanda de nulidad contra la Resolución CREG 101 126 del 21 de agosto de 2026.
La acción, interpuesta ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, fue presentada en representación del Distrito de Cartagena y busca que la jurisdicción administrativa revise la legalidad de la medida, particularmente por considerar que establece consecuencias económicas uniformes para usuarios que viven en condiciones territoriales y climáticas diferentes a territorios templados y con climas más apacibles y fríos en el interior del país.
La demanda solicita, además, una medida cautelar para que mientras se resuelve el proceso se suspendan provisionalmente los efectos de la resolución frente a los usuarios de Cartagena, evitando que se consoliden cobros adicionales derivados del consumo de energía.
La decisión judicial se produce después de que Turbay advirtiera públicamente que acudiría a la justicia si la Comisión de Regulación de Energía y Gas no modificaba la medida. El alcalde había cuestionado que se aplicaran los mismos criterios de consumo a ciudades de climas radicalmente distintos.
*“No se puede convertir una necesidad climática en una sanción económica”*
El eje de la demanda es la igualdad material. Para el alcalde Dumek Turbay no basta con que la regulación sea igual para todos en el papel: debe tener en cuenta que las condiciones reales de los usuarios no son iguales.
La demanda sostiene que Cartagena presenta condiciones climáticas y bioclimáticas particulares —altas temperaturas y humedad— que generan una necesidad estructural de ventilación, refrigeración y acondicionamiento térmico en viviendas, establecimientos comerciales, instituciones y demás edificaciones.
“No se puede confundir el consumo que puede evitarse con el consumo que el clima hace inevitable. La CREG debe entender que hay realidades humanas detrás de cada porcentaje. No se le puede pedir a la gente que viva con base a porcentajes. No podemos convertir una necesidad climática en una sanción económica”, reafirmó el alcalde Turbay tras varios días de rechazo a la medida.
El alcalde también ha insistido en que detrás de cada kilovatio existen familias y necesidades concretas. “Nos están revictimizando. Aquí vivimos con temperaturas altas. Hay familias con recién nacidos, adultos mayores, enfermos y niños con discapacidad que necesitan mantener un aire acondicionado o un abanico funcionando”.
*¿Qué cuestiona exactamente la demanda?*
El modelo decretado por los comisionados expertos de la CREG establece una meta individual de consumo para cada usuario, calculada a partir de su comportamiento histórico. Quienes superen en más de 10 % esa meta pueden asumir un cobro adicional sobre el consumo excedente, mientras quienes reduzcan su consumo en más de 10 % pueden acceder a un beneficio.
Para la Alcaldía, el problema no está en promover el ahorro energético. La demanda reconoce expresamente que incentivar el uso eficiente de la energía puede perseguir una finalidad legítima, especialmente frente a las condiciones de confiabilidad del sistema eléctrico.
El cuestionamiento está en cómo se distribuyen las cargas de esa política.
“La acción judicial señala que la Resolución 101 126 no contiene una consideración específica de las condiciones climáticas, térmicas o bioclimáticas de Cartagena ni establece un tratamiento diferencial para sus usuarios”, explicó Turbay Paz.
Y agregó: “Una buena intención puede producir una injusticia si no reconoce las enormes diferencias entre los territorios. Por lo que es mi obligación defender los derechos de mi gente y cuestionar que Cartagena sea medida bajo los mismos parámetros que ciudades de clima frío o territorios como Boyacá o Pasto”.
*El Distrito cuestiona que sí haya excepciones territoriales*
Uno de los argumentos centrales de la demanda está en la propia resolución que se lleva ante el Consejo de Estado. La CREG modificó el programa después del sismo ocurrido el 10 de agosto de 2026 y estableció excepciones territoriales para determinados municipios afectados por la situación de desastre nacional.
Según la demanda del alcalde Dumek Turbay, esto demuestra que la propia autoridad regulatoria reconoce que las condiciones territoriales pueden ser relevantes para determinar si una medida de ahorro puede aplicarse en condiciones de equidad.
El Distrito plantea entonces una pregunta jurídica: si una circunstancia territorial extraordinaria puede justificar un tratamiento diferente, ¿por qué no fueron valoradas de manera suficiente las condiciones territoriales permanentes que afectan la demanda energética de Cartagena?
La demanda sostiene que esa omisión puede convertir una igualdad formal —la misma regla para todos— en una desigualdad material, porque no todos los usuarios tienen la misma capacidad real de reducir su consumo.
*Igualdad material, razonabilidad y justicia tarifaria*
El primer gran motivo de la demanda está relacionado con el artículo 13 de la Constitución Política, que obliga a las autoridades no solamente a dar un trato igual a quienes están en condiciones iguales, sino también a establecer diferencias cuando existan circunstancias objetivas constitucionalmente relevantes.
La Alcaldía también invoca los artículos 365, 367 y 370 de la Constitución y los principios establecidos en las Leyes 142 y 143 de 1994, relacionados con la prestación y regulación de los servicios públicos.
El segundo cargo apunta a la razonabilidad, proporcionalidad y justicia tarifaria. La demanda advierte que, después del primer ciclo pedagógico, superar el objetivo individual de consumo puede generar una consecuencia económica directa. Por eso, considera necesario determinar si la carga impuesta resulta razonable frente a las condiciones reales de los usuarios y su capacidad efectiva de reducir el consumo.
*Alcalde Dumek Turbay también advierte riesgos sociales*
El alcalde apeló, además, un argumento relacionado con el impacto socioeconómico de la medida. La demanda señala que mayores cobros sobre un servicio público esencial pueden afectar especialmente a los hogares de menores ingresos y generar dificultades adicionales para asumir el costo de la energía.
Para el alcalde, la discusión no puede reducirse a una fórmula matemática.
“El consumo de energía no es un lujo, ni un desperdicio ni una conducta irresponsable: es una necesidad para ventilar a un recién nacido, conservar alimentos y garantizar condiciones mínimas de bienestar”, indicó.
La demanda plantea que una afectación económica generalizada sobre un servicio esencial puede tener repercusiones que trasciendan la relación entre usuario y empresa prestadora y terminen generando tensiones sociales que debe prevenir la administración territorial.
*¿Qué le pide Dumek Turbay al Consejo de Estado?*
La demanda contiene dos pretensiones principales. Primero, solicita declarar la nulidad de la Resolución CREG 101 126 del 21 de agosto de 2026, por considerar que infringe normas constitucionales y legales, particularmente los principios de igualdad material, razonabilidad y proporcionalidad aplicables a la regulación de los servicios públicos.
Segundo, pide que, como consecuencia de esa nulidad, la CREG se abstenga de trasladar cobros adicionales por consumo excedente a los usuarios regulados de Cartagena, teniendo en cuenta el principio de justicia tarifaria y la rigidez del consumo asociada a los factores térmicos y bioclimáticos del territorio.
Pero la Alcaldía no esperará necesariamente hasta que exista una sentencia definitiva. En la solicitud de medida cautelar pide al Consejo de Estado suspender provisionalmente los efectos de la resolución para los usuarios de Cartagena mientras se decide de fondo el proceso.
La administración argumenta que existe una apariencia de buen derecho, porque considera que la aplicación uniforme de la medida frente a territorios con condiciones materialmente diferentes plantea dudas serias sobre el cumplimiento de los principios de igualdad, razonabilidad y proporcionalidad.
También invoca el peligro en la demora: si el programa continúa produciendo efectos durante el proceso judicial, podrían acumularse cobros adicionales antes de que exista una decisión definitiva.
La suspensión solicitada, precisa la demanda, sería provisional y reversible y no pretende reemplazar las competencias regulatorias de la CREG, sino impedir temporalmente que los efectos económicos de la medida recaigan sobre los usuarios de Cartagena mientras se determina su legalidad.
*“No estamos pidiendo privilegios para el Caribe”*
El alcalde ha insistido en que su posición no significa oponerse al ahorro de energía ni desconocer la situación energética nacional. “Nos sumamos al ahorro, haremos las campañas que sean del caso. Pero en el Caribe no nos pueden someter a hablar de que, si hay un despilfarro, viene una sanción pecuniaria”, ratificó Turbay.
La posición del Distrito es que ahorrar energía sí, pero con reglas que reconozcan las realidades de cada territorio. “No estamos pidiendo privilegios para el Caribe; estamos pidiendo equidad basada en evidencia”, expuso el mandatario.
Con la demanda presentada ante el Consejo de Estado, la discusión deja de estar únicamente en el escenario político y pasa ahora al terreno judicial. La pretensión de Cartagena es que se determine si la regulación nacional puede imponer las mismas metas y consecuencias económicas a usuarios que enfrentan condiciones ambientales, térmicas y sociales sustancialmente diferentes.
Para Turbay, el objetivo final es que ninguna familia cartagenera sea castigada económicamente por un consumo de energía que esté determinado, en buena medida, por las condiciones de calor y las necesidades básicas de habitabilidad del Caribe.
“Es ‘ahora o nunca’ para que en unidad resolvamos la crisis energética y tarifaria en el Caribe con un Gobierno Nacional diametralmente diferente al anterior; y así podamos dar buenas noticias sobre un tema que durante tantos años ha sido una pesadilla para nuestra gente”, concluyó Turbay Paz.
