En la Plenaria de la Cámara de Representantes, fue aprobado con 107 votos el Proyecto de Acto Legislativo 072 de 2018, que adiciona dos artículos a la Constitución Política y estipula que en ningún caso el delito del secuestro ni los relacionados con fabricación, tráfico o porte de estupefacientes serán considerados delitos políticos o conductas conexas a estos. Así las cosas, dicho proyecto pasa al Senado para tercer debate en segunda vuelta.
Dos son los objetivos principales de este proyecto de ley: mantener la naturaleza jurídica del delito político y su excepcionalidad, excluyendo el secuestro, las conductas relacionadas con narcotráfico y los delitos sexuales contra menores; y dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de Colombia respecto del secuestro, las conductas relacionadas con el narcotráfico y la protección de los niños, niñas y adolescentes contra agresiones sexuales.
“Celebro la aprobación de este proyecto, que ha sido bandera del Presidente Duque. El Estado colombiano debe sentar un precedente en el sentido de deslegitimar el uso del secuestro como mecanismo de financiación de la lucha armada. No vamos a permitir que los delitos de secuestro y narcotráfico sean una excusa para los delitos políticos en Colombia”, dijo la Ministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero Restrepo.
Dicho proyecto ha sido abordado desde dos perspectivas: una jurídica y otra política, siendo ambas de crucial importancia para entender no solo su conveniencia, sino principalmente, su necesidad. En cuanto a lo jurídico, se trata de ponerle límites al desbordado alcance que se le ha querido dar al delito político y a sus consecuencias (amnistías e indultos).
El acto legislativo no impediría un acuerdo de paz con otros grupos alzados en armas, especialmente con el Eln, pues aplica expresamente a conductas ocurridas después de su vigencia. De igual forma, no afecta o genera inseguridad a las Farc, ya que se excluye su aplicación al Acuerdo Final. Y no se aplicará a las Bandas Criminales (Bacrim), pues no está dirigido a los Grupos Armados Organizados (GAO) ni les reconoce estatus político alguno.
Para la Ministra Borrero, es necesario que el Congreso imponga límites normativos a la aplicación de la conexidad, evite beneficios injustificados y pondere los efectos dañinos que conlleva la falta de castigo efectivo a conductas punitivas transnacionales.
“El secuestro y el narcotráfico han sido problemáticas que tradicionalmente se han excluido del beneficio de conexidad con delitos políticos, dada la gravedad del daño social que han causado. El narcotráfico ha ordenado y financiado los homicidios de miles de colombianos honestos que se han opuesto a sus designios”, recordó la alta funcionaria.
“Este Acto Legislativo, que ya da su sexto paso para convertirse en reforma constitucional, conlleva un mensaje muy positivo para el país», puntualizó la titular de la cartera de Justicia.
