Editorial
Lo ocurrido en las calles de Cartagena, tras el partido entre Junior y Palmeiras que terminó 1-1, no es un hecho aislado. Es la confirmación brutal de que el fútbol colombiano está siendo secuestrado por la violencia. Un muerto no es una cifra: es una tragedia que desnuda una realidad que durante años se ha querido maquillar.
Y hay un dato que estremece aún más: en los alrededores del Estadio Jaime Morón, la Policía incautó más de 500 armas blancas, entre machetes y cuchillos. ¿Cómo es posible que un evento deportivo termine convertido en un campo de guerra? ¿En qué momento se normalizó que cientos de personas acudan armadas a un estadio?
Las llamadas “barras bravas” dejaron hace tiempo de ser simples grupos de hinchas apasionados. Hoy, en muchos casos, operan como estructuras de intimidación, vandalismo y crimen, escudadas en los colores de un equipo. No representan el amor por el fútbol; representan el miedo que hoy sienten miles de ciudadanos cada vez que hay un partido.
Mientras tanto, los verdaderos aficionados —familias, niños, jóvenes— quedan atrapados en medio de odios irracionales, disputas territoriales y guerras absurdas que nada tienen que ver con el deporte. Ir a un estadio o simplemente transitar por la ciudad en día de partido se ha convertido en un riesgo innecesario.
Pero la pregunta es inevitable: ¿cómo llegamos hasta aquí? Durante años, las autoridades han sido permisivas o ineficaces. Peor aún, en distintos escenarios del país y del mundo, se ha denunciado que algunas barras reciben apoyos indirectos o beneficios que terminan fortaleciendo estas estructuras. El resultado está a la vista: grupos cada vez más organizados, más violentos y más descontrolados.
Colombia necesita decisiones de fondo, no pañitos de agua tibia. Se requiere un liderazgo firme desde la Presidencia de la República que marque un antes y un después. No se trata de estigmatizar la pasión futbolera, sino de erradicar la criminalidad que se esconde detrás de ella.
Medidas hay muchas y ya probadas en otros países: identificación obligatoria de hinchas, sanciones ejemplares, prohibiciones de ingreso a estadios, control real de las barras y, sobre todo, cero tolerancia con la violencia. El mensaje debe ser claro: el que delinque, no vuelve al estadio.
Lo ocurrido en Cartagena no puede repetirse. No puede convertirse en otra noticia más que se olvida con el siguiente partido. Cada vida perdida por esta absurda violencia es un fracaso colectivo.
Colombia tiene que decidir si quiere estadios llenos de familias o calles teñidas de sangre.
El tiempo de actuar no es mañana. Es ahora.
