•En cultura y deporte, el balance es negativo.
•Escenarios deportivos siguen abandonados.
•IDER contrató operador para manejar recursos.
•Sin controles patrimoniales el Centro Histórico.
Opinión
Alvaro Anaya Díaz
Si por las secretarías de Infraestructura, Planeación e Interior y Convivencia «llueve a cántaros» por la incompetencia y la corrupción, por los institutos de Deportes (IDER) y Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) no escampa por su pobre gestión misional y el manejo irresponsable de los escenarios deportivos e inmuebles patrimoniales. Su deterioro, que se traduce en detrimento patrimonial, le costará esfuerzos y mucho dinero a la próxima administración. No hay inversión en grandes obras, no hay POT ni PEMP y tampoco voluntad política para garantizar la seguridad a los cartageneros.
El fracaso de la orientación del deporte y la cultura en la administración que está por finalizar no es un secreto para los cartageneros. Desde la designación de los directores del Instituto Distrital de Deportes y Recepción, IDER, Viviana Londoño Moreno, y del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, Said Vergara Jaime, entendimos del poco interés que tenía el alcalde William Dau Chamat, en estas actividades para la ciudad. El total desconocimiento de las dos profesionales en los temas a manejar también nos confirmó en 2020 que por encima del «embeleco de los cazatalentos» estaban los compromisos personales. No hubo un solo secretario o director de instituto descentralizado que «encajara» con el perfil requerido para el cargo asignado. Aún hoy el conocimiento y la experiencia no tienen importancia para los nombramientos en el Distrito.
En el caso del IPCC, Oscar Uriza Pérez llegó al cargo para profundizar la crisis de la cultura que había dejado Vergara Jaime. La orientación desde el Palacio de la Aduana tenía un propósito perverso: seguir desconociendo lo nuestro y acabar con las tradiciones culturales de los cartageneros, como en efecto lo logró el inepto director al contratar un operador de Medellín para el manejo de las Fiestas del 11 de Noviembre. El fracaso fue tan visible que ante las denuncias formuladas en su momento, la Contraloría Distrital de Cartagena confirmó la falta de planeación, debilidades en los estudios previos y la ausencia de supervisión de los eventos festivos.
Del contrato con la empresa «paisa» por $2.680 millones aún hay un saldo por pagar de $1.760 millones por la falta de soportes en las cuentas de cobro del operador.
En el tema patrimonial, el director del IPCC, Oscar Uriza Pérez, ha sido inferior a la responsabilidad asignada a esa dependencia para cumplimiento de las normas urbanísticas en el Centro Histórico de la ciudad. La Oficina de Patrimonio hoy no hace efectiva su función de autoridad para el control de empresas que sólo contribuyen al deterioro de los inmuebles con características patrimoniales. A todos los casos denunciados en esta administración, hay un hecho nuevo que vale la pena resaltar por su ubicación: el edificio en restauración está a escasos metros de la sede del IPCC, en la Calle Larga y afecta a un inmueble patrimonial vecino.
¿Recuerdan el edificio que llevaba por nombre Restrepo, en la Calle Larga? Sobre la Calle del Arsenal colinda con el edificio Casa Morales. El inmueble en proceso de restauración fue adquirido por un miembro de una familia cartagenera que vive en Cali y, de acuerdo a las denuncias, viola las normas patrimoniales en el tercer nivel para convertirlo en un hotel y afiliarlo al grupo Airbnb. Lo que más llama la atención del caso es la reacción de los inspectores del IPCC, que asumieron una posición de persecución a los propietarios de Casa Morales, que en su momento presentaron las denuncias por las afectaciones a su inmueble. La jefe de la Oficina de Patrimonio es la arquitecta América Lozano, quien trabajó para la firma de un constructor con un parentesco con los restauradores del antiguo edificio Restrepo.
El gobierno Distrital acaba de incluir, en otro proyecto de incorporación al presupuesto de la vigencia 2023, $3.748 millones para el fortalecimiento y salvaguardia del patrimonio inmaterial, después de tres años y medio de un trabajo que mereció toda clase de críticas por la falta de apoyo a las organizaciones culturales de la ciudad. Mientras, un grupo de representantes de la sociedad civil en la Junta Directiva del IPCC esperan respuestas a una serie de interrogantes planteados al director Uriza Pérez por el manejo de los recursos económicos en los temas culturales.
IDER: ni escenarios ni deportes
La nueva incorporación al presupuesto 2023 por $16.973 millones incluye $736 millones para la «consolidación del sistema deportivo mediante una estrategia de estímulos y/o apoyos a organizaciones deportivas». No obstante el total deterioro de los escenarios deportivos de la ciudad, los nuevos recursos que autorizará el Concejo Distrital incluye $59 millones para la «conservación, mantenimiento y mejoramiento de los escenarios deportivos. Son recursos no ejecutados durante el año 2022. ¿La directora del IDER, Viviana Londoño Moreno, tendrá el tiempo para ejecutar esos recursos? O, mejor, ¿la voluntad política para hacerlo?
Londoño Moreno pasó de una OPS en el IPCC a la dirección del instituto deportivo. Y actuó como su compañero de gabinete Oscar Uriza Pérez al contratar también a una empresa de Medellín como intermediaria para el manejo de los recursos a deportistas y ligas deportivas. En la historia del IDER jamás se le había ocurrido a un director utilizar este mecanismo para el fomento del deporte. Eso confirma la incapacidad de Londoño Moreno y su equipo de trabajo para el manejo del deporte en Cartagena. Al firmar el contrato con el operador, a la asesora jurídica del instituto, Katherine Monterrosa, no tuvo en cuenta las deducciones por impuestos y, lógico, al no asumirlos el contratista los dineros no llegan completos a las ligas y organizaciones deportivas. Sorprende que esto suceda en el IDER con una nómina de 23 abogados.
Londoño Moreno asistirá este martes al Concejo Distrital y seguro que su intervención la hará con base en un proceso licitatorio que acaba de abrir para obras de mantenimiento y mejoramiento de 15 escenarios deportivos de la ciudad. Tiene un valor de $3.638 millones e incluye el AUI y los impuestos. La audiencia de adjudicación se cumplirá el 30 de agosto y y la ejecución del contrato tendrá un plazo de 3 meses y medio. ¿Tendrán en cuenta los abogados que la vigencia fiscal finaliza el 31 de diciembre y un día después arranca una nueva administración?
(FOTO: Estadio de béisbol infantil del barrio Chapacúa, abandonado como el resto de escenarios deportivos de Cartagena. No está incluído en la licitación del IDER y allí se juega el torneo de la categoría pre-infantil).
