•La altanería y la calumnia, la estrategia ante la incompetencia para gobernar la ciudad.
•El temor también se extendió a Bogotá.
•El caso de la CGR, ¿una decisión política?
Opinión
Por: Álvaro Anaya Diaz
Periodista
El miedo entre los cartageneros se convirtió en el aliado estratégico del alcalde William Dau Chamat para sostenerse en el cargo en estos dos años y nueve meses de una pésima administración. Y ese temor por la altanería del abogado y activista se extendió a los organismos de control en Bogotá, que optaron por el silencio cómplice ante la corrupción que vive Cartagena. Y los primeros en mostrar sus temores fueron los políticos con asiento en las corporaciones de elección popular.
La decisión de la Contraloría General de la República, CGR, de decretar «la nulidad de todo lo actuado en el proceso de responsabilidad fiscal» contra Dau Chamat es prueba de las «consideraciones especiales» al mandatario y la eficacia de su defensa jurídica personal, contrario a las pérdidas millonarias que enfrenta el Distrito por procesos contractuales mal orientados por su equipo de abogados. Es un premio a su incompetencia, en medio de escándalos por corrupción y la ausencia total de proyectos de inversión en Cartagena.
La actuación del contralor anterior, Carlos Felipe Córdoba, fue clave en el favorecimiento a Dau Chamat al decretar la intervención funcional excepcional que le permitió asumir el conocimiento del caso de la compra de las pruebas rápidas para detectar el Covid 19, en aplicación del principio de prevalencia. Y de esta forma, acompañó al presidente Iván Duque Márquez en la dilación de hacer cumplir la solicitud de suspensión del mandatario local, como lo establece la Constitución Nacional.
El Control Fiscal en Colombia es una función constitucional y se aplica por igual en las 62 contralorías territoriales y la CGR. De allí que un hallazgo con alcance fiscal se puede investigar y fallar en Cartagena y Bogotá. Y lo advertimos en su momento: ante las pruebas por el incumplimiento del objeto del contrato, no había forma de desaparecer el hallazgo que dió origen al juicio de responsabilidad fiscal contra el alcalde Dau y la directora del DADIS, Johanna Bueno. En los estudios previos se había establecido que las pruebas antígenas se practicarían a personas no aseguradas y establecidas en comunidades vulnerables de la ciudad. Sin embargo, Bueno Alvarez entregó el paquete de pruebas a las IPS.
Al decretar la nulidad y ordenar el archivo del juicio de responsabilidad fiscal contra Dau Chamat, la CGR entra en contradicciones al advertir que se debe conservar la validez de las pruebas aportadas en desarrollo de la auditoría de la Contraloría Distrital. Y si las deja en firme, ¿por qué, entonces, declaran nulo el juicio de responsabilidad fiscal si no hay irregularidades en las pruebas? ¿Estamos ante una decisión política?
La decisión de la CGR le deja dudas a los expertos en los temas de auditoría fiscal. La compra de las pruebas rápidas corresponden a recursos del Distrito y no del SGP. ¿Indebida ingerencia del órgano de control nacional? Y el abogado del alcalde, Jorge Iván Acuña, al solicitar el traslado del proceso a Bogotá denunció una persecución política. Irónico, en medio de las acostumbradas cortinas de humo de Dau Chamat.
¿Qué posición asumirá hoy la Contraloría Distrital de Cartagena ante la decisión de la CGR? Es la pregunta que se hace la ciudadanía frente a un caso que compromete el nombre del ente de control y los recursos del Distrito.
¿El contralor encargado, Miguel Martinez, defenderá la institucionalidad, en momentos en que la Contraloría Distrital requiere de una mejor imagen y un ex-contralor, Rafael Castillo Fortich, termina investigado por asumir el juicio de responsabilidad fiscal contra un Alcalde de Cartagena?
