$3.645 MILLONES EN 270 OPS
Y DESCONOCIO SUS FUNCIONES
•¿Qué cargo ocupa hoy el cuestionado contratista de Planeación Ricardo Daza?
OPINIÓN
por: Álvaro Anaya Díaz
✓Al secretario de Planeación Distrital lo «mató» el desconocimiento de sus funciones, la arrogancia en el cargo, el mal uso de los recursos de inversión en OPS y los compromisos con un sector de la sociedad civil y no con Cartagena.
El desconocimiento del Decreto 1284 del 31 de diciembre de 2010, que adoptó las competencias para los funcionarios del Distrito de Cartagena, no le permitió al arquitecto guajiro Guillermo Enrique Ávila Barragán liderar «la formulación y seguimiento de la planeación del Distrito de Cartagena en los ámbitos territorial, económico, social y ambiental», y mucho menos consolidar un sistema integral de información. Está establecido en ese Manual de funciones, que, además, le señala el perfil de los profesionales para conformar su equipo de trabajo.
Para Ávila Barragán no fue fácil asumir mayores responsabilidades con la ciudad desde la secretaría de Planeación Distrital, después de cumplir funciones como contratista de la Alcaldía de Bogotá para el tema del espacio público y antes en la oficina nacional del Riesgo y control de Desastres. Precisamente el alcalde William Dau Chamat lo trajo por recomendaciones a ocupar el cargo de gerente de Espacio Público.
Por su perfil –que Dau no respetó para «armar» su gabinete–, experiencia en la planificación y desconocimiento de la ciudad, al arquitecto Ávila Barragán le fue difícil sacar adelante el trabajo de evaluación y actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, la consolidación de un proceso de descentralización administrativa que debe retomarse, la elaboración de planes de acción con otras dependencias para formular y armonizar el Plan de inversiones de la ciudad. También tenía entre sus funciones dirigir las actividades de planeación y control de las normas urbanísticas en el Centro Histórico y coordinar el seguimiento del Plan de Desarrollo 2020 «Salvemos Juntos a Cartagena».
Al evaluar el Concejo Distrital la ejecución presupuestal de la actual vigencia se confirmó la parálisis de la ciudad y el poco comprometimiento de los funcionarios para cumplir con el documento base para armonizar un proceso de desarrollo social en Cartagena. El discurso de Ávila Barragán se centró en programar mesas de trabajo para estudiar (?) el POT y el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, PEMP, de acuerdo a intereses económicos de un sector de la sociedad civil. De allí el respaldo del Consejo Gremial de Bolívar y representantes de los sectores empresariales por la Moción de censura al secretario de Planeación Distrital.
Con su llegada a la secretaría de Planeación Distrital, Ávila Barragán retomó la política de la exclusión puesta en práctica en el año 2016 por la ex-secretaria Luz Elena Paternina –también importada desde Bogotá– de eliminar la memoria institucional de esa dependencia del Distrito. Los dos llamaron a sus amigos profesionales de otras regiones del país y desconocieron la experiencia hasta de los servidores públicos de carrera administrativa de la Alcaldía Distrital.
En el caso de Ávila Barragán, de inmediato trajo desde Bogotá a los asesores José Alexander Moreno, abogado, y Raúl Vergara, ingeniero de sistemas, quien tiene a su cargo la contratación en Planeación. Los dos contratistas tienen los más altos honorarios. Allí encontró al polémico y cuestionado contratista Ricardo Daza, a quien trajo desde Tunja Javier Moreno al encargarlo Dau de Planeación en el mes de enero. Lo conoció cuando Luz Elena Paternina lo contrató desde Bogotá. Había salido de la administración.
Daza acaba de asumir un cargo en Planeación después de ganar el concurso de la Función Pública. No es el mismo que venía ocupando con Ávila Barragán como jefe. De allí la pregunta: ¿Qué cargo ocupa hoy el cuestionado contratista de la secretaría de Planeación Ricardo Daza, de los afectos de Ávila Barragán? Y ¿cuál ocupará en su período de prueba como funcionario de carrera administrativa?
La Moción de censura al secretario de Planeación Distrital, Guillermo Enrique Ávila Barragán, fue aprobada por el Concejo Distrital por el incumplimiento en sus compromisos de finalizar el proceso de liquidación del Convenio interadministrativo Distrito-Fonade, de 2016, para la formulación del POT Moderno impuesto desde Bogotá y con la participación de consultores españoles que, lógico, no conocían el territorio.
La liquidación por el incumplimiento de la entrega de los productos contratados con Fonade comenzó en el año 2018, después de los contínuos rechazos por parte del Distrito y el apoyo de Cardique al no aprobarle a la firma española Inypsa los documentos sobre el tema ambiental (estudios de riesgo).
En 2019, la administración del ex-alcalde Pedrito Pereira Caballero logró una liquidación parcial para recuperar los recursos cancelados por el gobierno local a la entidad del orden nacional.
No obstante el avance en los procedimientos legales, Ávila Barragán le dió vida jurídica al convenio incumplido al recibir lo que llamó insumos -los productos rechazados– y puso en peligro la recuperación de los recursos del Distrito. El funcionario, de acuerdo al Concejo Distrital, no defendió los intereses de la ciudad y atrazó el proceso de formulación del POT, que se requiere con urgencia para actualizar la normatividad y resolver el desorden urbanístico en Cartagena.
En 10 meses, el secretario de Planeación Distrital utilizó el 95% de los recursos de inversión en la contratación de 270 órdenes de prestación de servicios profesionales (OPS)
por un monto de $3.645 millones. A pesar de esa inversión no se lograron objetivos ni metas en el Plan de Desarrollo 2020.
Ahora, por la defensa exagerada que le hizo el alcalde Dau a Ávila Barragán –destacó especialmente que por primera vez se había elaborado un cronograma para socializar el POT y el PEMP–, ¿cumplirá con la Moción de censura del Concejo Distrital de Cartagena? De antemano se sabe que recurrirá a las instancias judiciales para defender la permanencia de Ávila Barragán en su gabinete, a pesar de que sabe que dejará la ciudad para asumir el cargo de curador urbano de Barranquilla.
El secretario del Interior, David Múnera Cavadía, ¿asumirá esta diligencia y la presentación del nuevo proyecto de acuerdo para definir el tema del alumbrado público ante el Concejo Distrital? ¿Con el encargo a Múnera se desprende Dau de la decisión de responderle a la corporación por la devolución de la iniciativa de comprometer vigencias futuras para el servicio de alumbrado público? ¿Corregirá el cúmulo de irregularidades del proyecto de acuerdo anterior para contratar a dedo el servicio por 10 años y no abrir licitación pública?
