SI NO PAGAN Y NO EJECUTA ¿QUE HAN HECHO EN 8 MESES?

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El balance es muy pobre

OPINIÓN

Por: Alvaro Anaya Díaz

✓ La crisis sanitaria por el coronavirus fue la mejor excusa para disfrazar la incompetencia de la administración Dau Chamat. No hubo 100 días. Ni seis meses para mostrar. Tampoco ocho meses para despejar el rosario de dudas que dejó la elección del «veedor anticorrupción» como Alcalde de Cartagena.

Ocho meses después de la posesión de William Dau y el montaje del circo para «cazatalentos», los secretarios y directores de institutos descentralizados no pagan, no contratan –sólo
Covid 19 con sobrecostos– y no ejecutan el presupuesto, lo que es igual de grave. Sin embargo, estos aprendices de funcionarios públicos solicitan reincorporación de recursos al Concejo Distrital de Cartagena. Y si no cumplen con esas tres funciones básicas en el manejo de la administración pública, qué han hecho en estos ocho meses para justificar sus millonarios sueldos y los honorarios de sus negligentes asesores?

El secretario de Hacienda Distrital y las directoras del IDER y el DATT no han cancelado las cuentas por pagar de la vigencia 2019, a pesar de la autorización que le otorgó el Concejo Distrital al Alcalde Dau a través del Acuerdo 030 del 6 de agosto de 2020.

El proyecto iniciativa de la administración fue aprobado en plenaria de la corporación el 4 de agosto por $37.086.083.903 y estableció el Plan de saneamiento fiscal parcial del Distrito de Cartagena. Un mes después, el gobierno de William Dau sigue dilatando el pago de estás obligaciones de la vigencia 2019.

El parágrafo segundo del Acuerdo 030 señaló que «los pagos del concepto de cuentas por pagar de la administración central se realizarán siguiendo el orden de conceptos y fechas de radicación de conformidad con el orden establecido». Es decir, la secretaría de Hacienda debe respetar el orden del concepto y la fecha de la radicación de la respectiva cuenta.

El contenido del anterior parágrafo no necesita de ningún formalismo o protocolo para cancelar unas cuentas. Simplemente se deben remitir a la Fiduciaria para su pago.

Y en este caso concreto, el Distrito demostró de nuevo su falta de planificación. Con la presentación del proyecto de acuerdo al Concejo Distrital, el secretario de Hacienda, Dewin Pérez Fuentes, debía tener todo relacionado para realizar los respectivos pagos una vez se sancionarla el Acuerdo. De allí la pregunta qué se formulan los excolaboradores del Distrito: «qué se necesita para que está administración actúe con eficiencia para trasladar unas cuentas y pagarnos las obligaciones de 2019?».

La demora en el pago sigue generando intereses que serían cancelados por el Distrito a través de un proceso ejecutivo. Y eso se llama detrimento patrimonial. Y se expone el Distrito a más embargos por estas deudas y procesos conciliatorios interminables. Esa es la estrategia de la defensa judicial de la directora jurídica de la Alcaldía de Cartagena?

A los funcionarios negligentes u omisivos vale recordarles que el Artículo 35 de la Ley 734 de 2002 le prohíbe a todo servidor público incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución y los acuerdos distritales.
La medida debe extenderse a los asesores del secretario de Hacienda, directo responsable de hacer cumplir el Acuerdo 030 del Concejo Distrital. Antes de recurrir la administración a la defensa jurídica, el grupo de colaboradores de Pérez Fuentes debe revisar el documento y hacerle las recomendaciones del caso para evitar continúe la dilación en el pago de las obligaciones con el grupo de contratistas hasta diciembre del año pasado. Alberto Mendoza, Alberto Merlano, Milton Buelvas, Fermín Rambal Junior, Liliana Sandoval y Nidia Bolaños conforman la primera línea de confianza del secretario de las finanzas con honorarios entre los $5 y los $6.9 millones.

¿Y los arriendos?

La administración Dau Chamat ha demostrado en los primeros ocho meses del año que poco le interesa el bienestar de las comunidades, a pesar de pregonar sus funcionarios que «trabajan por mejorar las condiciones de vida de los cartageneros».

El siguiente es un listado de hechos que confirman que los secretarios y directores de institutos descentralizados no son coherentes entre sus actuaciones y las afirmaciones que hacen a través de la Oficina de Comunicaciones y Prensa de la Alcaldía Distrital:

-El Distrito acaba de solicitar un plazo para presentar el informe para la reubicación de Marlinda y Villagloria. Sentencia judicial.

-Funcionarios visitan la comunidad de San Bernardo de Asís para anunciar obras después de culminar el invierno. Sentencias judiciales.

-El secretario de Participación Ciudadana declara que atiende 8.000 adultos mayores y los Centros de vida están cerrados desde el 16 de marzo por la pandemia del Covid 19. En qué ha «invertido» los recursos de la estampilla Años dorados?

-El EPA revive el tema de la recuperación del caño Juan Angola cuando la Procuraduría Ambiental y Agraria se pronuncia por la negativa de responder documentos del órgano de control.
-En el caso del cerro de La Popa, el Distrito aplazó también el cumplimiento de la sentencia judicial que obliga a su recuperación.

-Después de ocho meses, el Alcalde Dau decide abrir licitación para recuperar los puestos de salud y entendió que el proceso que adelantaba aparecía en el marco de la corrupción.

-El Dadis, Apoyo Logístico y Distriseguridad son tan incompetentes que prefieren les cierren los inmuebles donde funcionan dependencias del Distrito -puestos de salud, estación de Policia- antes de pagar los arriendos.

 

*La responsabilidad del contenido de la columna es de quien la escribe y no de www.elgrifonoticias.com

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