El tema de la instalación de antenas de telecomunicaciones ha generado polémica en la ciudad por el impacto urbanístico y ambiental, la protección del Centro Histórico y otros argumentos, lo que motivó esta nota periodística. Siendo de especial relevancia revisar con detenimiento la razón por la cual las estaciones objeto de debate fueron instaladas.
De acuerdo a la investigación realizada se ha evidenciado que las estaciones que desataron la polémica cuentan con los permisos exigidos por el Distrito para su instalación, por tanto no puede revocar un una licencia de intervención y ocupación de espacio público sin la suficiente argumentación jurídica, y sin llegar a un acuerdo entre las partes. Es una discusión jurídica que en caso de no llegar a un acuerdo, será la justicia administrativa la que dirima quien tiene la razón, toda vez que como ha manifestado la sociedad Tower 3, propietaria de la estación ubicada en la avenida Santander, cuenta con un acto administrativo que reviste de total legalidad y buena fe.
Vale anotar que la Presidencia de la República en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica del país, es consciente que en tiempos de pandemia se ha aumentado el uso de las redes, lo que implica un mayor uso de las telecomunicaciones porque todos realizan sus actividades virtualmente, de allí la necesidad de instalar las antenas en el sector céntrico de Cartagena. Esta es una premisa del Estado en cabeza del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), así lo argumenta la sociedad Tower 3 y así lo destaca como elementos de hecho para tener en cuenta al momento de tomar decisiones.
Son varios los mecanismos legales que al día de hoy ha instaurado la Sociedad Tower3 S.A.S. en defensa de las distintas autorizaciones con que cuenta para la instalación de sitios de telecomunicaciones en el Distrito de Cartagena por considerar que se le están vulnerando sus derechos fundamentales, ya que realizó y aportó toda la documentación y cumplió en la totalidad los requisitos exigidos por los distintos entes distritales para la realización e instalación de antenas de telecomunicaciones en la calle de El Arsenal, Avenida Santander y parqueadero de La Marina, cuya aprobación fue otorgada por el Distrito, mediante un acto administrativo contenido en la Resolución 8328 el 06 de noviembre de 2019.
Los apoderados jurídicos de Tower3 adjuntan a los distintos mecanismos legales documentos que prueban la legalidad de las instalaciones de las antenas. Entre esos documentos, la Resolución 8328 el 06 de noviembre de 2019; el estudio urbanístico sitio CAR 8039 y plano de localización y análisis urbanístico de calle de El Arsenal, además de los diseños de postes de acero galvanizado, observaciones generales y otros, todos recibidos dentro de los respectivos procedimientos previos a la expedición de las autorizaciones.
Arguyen los demandantes que para que se les otorgara el permiso, presentaron todos los soportes técnicos para la instalación de las antenas de telecomunicaciones como complemento del mobiliario urbano.
Al escuchar las declaraciones recientes de funcionarios de la Secretaría de Planeación de Cartagena indicando: “buscaremos todos los mecanismos legales para revocar los permisos”, se concluye que el sitio cuenta con permisos, existe una resolución, un acto administrativo de carácter particular que otorga un derecho, permisos del Establecimiento Público Ambiental (EPA) para esta instalación, por lo que no se entiende entonces como el IPCC le advierte al propietario del sitio que no pueden seguir instalando las antenas, sino han indagado si tienen o no la autorización.
Los propietarios del sitio de telecomunicaciones acudieron a un procedimiento legal que otorga una norma nacional, parágrafo 4º del artículo 1º del decreto legislativo 540 del 13 de abril de 2020: «Por el cual se adoptan medidas para ampliar el acceso a las telecomunicaciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” y todo indica que si tienen permisos. Surge una nueva disyuntiva frente a la problemática de la ciudad y es el hecho de que cada administración en Cartagena cuestiona a la inmediatamente anterior, y mientras los funcionarios de la Secretaría de Planeación hacen énfasis que no aprobaron la resolución, los del IPCC indican la suspensión de obras y el inicio de procesos sancionatorios cuando ellos mismos emitieron conceptos favorables a los proyectos. Es preocupante la inseguridad jurídica que implican los cambios de administración en Cartagena, pues lo que deja ver la Secretaría de Planeación es que depende de la posición de cada secretario que ocupa el cargo y no de la normatividad existente, si se instalan o no antenas en la ciudad.
Hoy existe una Resolución de intervención del espacio público emitida por la Secretaría de Planeación Distrital (acto administrativo a favor de un particular), derecho que solo podrá ser revocado con la autorización del particular o en su defecto por vía judicial con el desgaste en tiempo que esto implica (2 años en el mejor de los casos), sin contar con el hecho de la muestra de descoordinación del Distrito de Cartagena para la toma de decisiones y ejecución de las mismas.
El IPCC deberá justificar el por qué hoy cuestiona la legalidad de aprobaciones que cuentan con conceptos favorables de sus oficinas. ¿Así está hoy Cartagena?, desconectada de la realidad, ajena a las directrices nacionales, que por un lado le indican a los operadores del servicio de telecomunicaciones que implementen más redes en aras de mantener la conectividad por la situación de salud que hoy nos agobia y por otro lado expide normas que obligan a los entes territoriales a hacer más expeditos los trámites para la implementación de estos servicios, pero mientras las secretarías y entes del Distrito siguen actuando de conformidad con la administración de turno.



