OPINIÓN
Por: Álvaro Anaya
Al insistir el alcalde William Dau Chamat en la presentación de su Libro blanco de la corrupción, nos obliga a preguntar si incluirá la cuestionada contratación de su administración que hoy investigan los órganos de control por los escandalosos sobrecostos?
No lo hará, estamos seguros. Pero insistirá en la transparencia de cada uno de sus actos para ejecutar el presupuesto de la actual vigencia, desde la designación de los honorarios de su asesora con funciones de primera dama, Cynthia Amador, los contratistas de la secretaría de Planeación e IPCC, el mecanismo de cesión del contrato de la empresa Coinses S.A., inhabilitada por la PGN, para reiniciar las obras inconclusas de los centros de salud y el proceso contractual en el marco de la pandemia por el Covid 19.
En seis meses, Dau no ha sido coherente con su «discurso» de lucha contra la corrupción. Durante todo ese tiempo no se le conoce una denuncia por lo que pregona a través de redes sociales y medios de comunicación. Y se supone que tiene «suficientes argumentos» para demostrar que el 70% del presupuesto se lo robaban en las administraciones anteriores. Denuncias temerarias que no ha podido concretar ni demostrar, a pesar de que, en efecto, ha habido actuaciones irregulares en el Palacio Distrital desde hace algunos años. Hoy, colocar la lupa sobre actos administrativos anteriores le ha facilitado a los nuevos funcionarios cometer ilícitos en la ejecución de sus presupuestos. Lo sepa o no el mandatario, el es el ordenador del gasto y delegar en un miembro de su gabinete no lo exime del cumplimiento de la ley.
Las medidas tomadas por el gobierno nacional, ante la emergencia por la pandemia del coronavirus, puso al descubierto el desconocimiento y falta de experiencia de los nuevos funcionarios seleccionados por Dau a través de una empresa de «cazatalentos».
A pesar de esa debilidad, la contratación del Distrito le mereció a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la Nación un estudio serio por los costos de los elementos de bioseguridad y las pruebas rápidas para la detección del Covid 19, además de los Kits de alimentos y aseo. Hasta los alcaldes locales tienen que dar explicaciones por las compras irregulares con fundaciones y «empresas de todito». Por estos negocios hubo un considerable detrimento patrimonial que coloca en tela de juicio las actuaciones deshonrrosas de miembros del equipo de gobierno de Dau.
En momentos difíciles como los que enfrenta el alcalde William Dau Chamat por la crisis social y económica que deja el Covid 19 y las investigaciones de la PGN y la CGR, el anuncio del Libro blanco –una estrategia traída de Europa–, sólo esperamos que sea un acto coherente con su discurso que se cae a pedazos. Y no termine en otro show mediático con cámaras de humo y luces para divertir a sus seguidores, en medio del toque de queda decretado por la «indisciplina social» de los cartageneros.
EL TRIBUNAL DA VIA LIBRE
AL CORREDOR PORTUARIO
El Tribunal Administrativo de Bolívar declaró fundadas las objeciones presentadas por el ex-alcalde Pedrito Pereira Caballero contra el proyecto de acuerdo No. 180 del 3 de noviembre de 2019, que revocaba «las facultades conferidas al Alcalde Distrital de Cartagena de Indias, establecidas en el Artículo No. 111 del Acuerdo No. 016 del 11 de diciembre de 2018, en específico todo lo relacionado con la (sic) Asociaciones Público Privadas».
La sentencia le da vía libre al proceso de diligenciamiento del proyecto Corredor Portuario de Cartagena, una «iniciativa privada sin recursos públicos» que incluye la Quinta Avenida de Manga y la explotación de peajes urbanos y predios del Distrito para proyectos inmobiliarios a un lado del canal de Las Quintas.
La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias fue el demandante del proyecto de Acuerdo y el magistrado ponente Luis Miguel Villalobos, autor en el año 2014 de una sentencia que señaló que la reversión de activos sólo aplicaba a las concesiones viales y no a las empresas de servicios públicos, por lo que se favorecieron las empresas Pacaribe y Urbaser al finalizar los contratos de cincesion en la administración del ex-alcalde Dionisio Vélez Trujillo. La renegociación –como en la prórroga de Aguas de Cartagena– no le dejó ningún beneficio a Cartagena.
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