En sesión ampliada de la comisión de Educación, Asuntos sociales, Medio ambiente y Salud, el diputado Manuel Berrio Scaff, socializó el proyecto de ordenanza, “por medio del cual se prohíbe el uso del asbesto en la contratación de obra pública como medida para garantizar la salud pública y el medio ambiente de los Bolivarenses”.
Ante la preocupación de varios diputados con respecto a la legalidad y constitucionalidad de este proyecto, Berrio presentó los argumentos legales que soportarían al mismo.
Entre los argumentos destaca que, dicho proyecto se expide dentro del marco de las funciones de la Constitución Política, donde las asambleas departamentales, tienen la facultad normativa para expedir disposiciones relacionadas con el medio ambiente y con las obras públicas.
Otro argumento indica que no es requisito la existencia de una disposición legal que defina a detalle el ejercicio de la competencia, es decir, que para establecer una medida de protección del medio ambiente en el territorio de la entidad territorial, no es necesaria una Ley que defina cómo y qué hacer.
El último argumento presentado por el diputado, establece que dicho proyecto parte del principio de precaución del daño ambiental, el cual tiene como objeto la anticipación o previsibilidad de un daño del cual se tiene un principio de certeza científica, así no sea absoluta y que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente.
Además que, con la aprobación de la iniciativa se estaría ante la posibilidad de iniciar el proceso de sustitución de uso de asbesto en aquellos escenarios como el de obra pública que por su naturaleza, poseen un mayor margen de permanencia en el tiempo.
El diputado Berrio ante la opinión expresada de varios colegas, dice que “este proyecto no obedece a un beneficio personal sino a un beneficio general, en donde la intención, es prevenir que los bolivarenses entren en contacto con este peligroso material”.
Todos los diputados están de acuerdo en que el asbesto es un material peligroso, pero proponen que el proyecto sea estudiado más a fondo y piden otros conceptos jurídicos, para lo cual citaron a la Secretaría Jurídica y de infraestructura del Departamento.
El diputado Manuel Berrio apoyó la decisión y afirmó que “el proyecto debe estar abierto a todas las posibilidades, porque la idea es que a través de un consenso se llegue a un acuerdo”.
