Opinión
Fredy Machado
La policía nos vigila y por Constitución, está encargada de garantizar la convivencia ciudadana. A su vez, los ciudadanos tenemos el deber de respetar a las autoridades y obedecer cada vez que se nos requiera. Esta última consigna, no está en discusión.
Lo que sí debemos entrar a ponderar es, la validez de ese ejercicio policial de acudir a la vía pública -o sitios públicos- para solicitar a los ciudadanos la cédula e indagar si el cristiano registra antecedentes penales.
En términos estadísticos advertimos que de cada 100 ciudadanos registrados, solo se obtienen unos 10 positivos o menos.
Esto se debe, en parte, a la astucia de los delincuentes pues conociendo su situación jurídica, se encargan de tomar sus prevenciones. Lo cierto es que, de esos 10 positivos (capturas), el mayor número de aprehendidos, corresponde a personas con medidas de “detención domiciliaria“, debido a la falta de controles del INPEC (no hay personal suficiente para tales seguimientos).
Este “positivo” tipifica una falta disciplinaria en los eventos en que se transita en la misma ciudad y no una fuga de presos como mal se les judicializa.
La pregunta es, ¿no existe una estrategia más seria, menos hostigante e inteligente que andar abordando a los ciudadanos al azar, para solicitarles la cédula -o el número- con el fin de confirmar que no se tiene orden de captura vigente?
En particular, he tenido la oportunidad de viajar por otros países y en los sitios visitados, esa práctica es poco usual.
Por lo expuesto, muchos argumentaran en el barrio y en las redes: “el que nada debe, nada teme”, pero otros vecinos son del criterio que “lo que se presume, es la inocencia” y a ello se le suma, el flamante eslogan: “los buenos somos más”.
Desde la perspectiva de las garantías constitucionales, es evidente que este procedimiento debe ser excepcional y jamás podría convertirse en una rutina.
Lo lógico es apoyarse en un juez de garantías y programar una búsqueda selectiva en base de datos para ubicar discretamente verdaderos “positivos”.
Desde las oficinas de policía judicial se puede consolidar una gestión más efectiva que con la rutina de andar “incomodando” en la calle. Ese trabajo es exclusivo de los analistas y no de los policías.
Es una tarea que distrae mucho a la autoridad y que, en el análisis de costos-beneficios, no suma.
El ejemplo más claro son las jornadas electorales. La policía judicial cruza información respecto del número de cédulas de los votantes con su banco de datos de órdenes de captura y de esta manera se alerta a los jurados de votación sobre el “invitado” por llegar.
Ese mismo ejercicio se puede adelantar en distintos escenarios: EPS, Bancos, servicios públicos, hoteles, etc.. Esta es la mejor manera de dar por finalizada la “la horrible noche” de tanto acoso a los ciudadanos (una, dos y hasta tres veces nos han solicitado la cédula) con el pretexto de una mejor percepción de seguridad.
La estrategia policial debe mejorar. Es tiempo de los analistas y del uso de la IA.



