Un hecho que ha generado indignación entre líderes sociales y defensores de derechos humanos ocurrió recientemente en el barrio La Campiña, de Cartagena, donde la Fiscalía decidió dejar en libertad a un ciudadano norteamericano señalado de agredir físicamente y amenazar con un arma de fuego a su compañera sentimental.
La víctima es una reconocida abogada, asesora jurídica de la Veeduría en Salud Color Esperanza y presidenta de la Junta de Acción Comunal del sector. Según denuncias, tanto ella como su hijo menor de edad fueron víctimas de una escena de violencia que incluyó golpes y amenazas, lo que obligó la intervención de las autoridades.
A pesar de la gravedad de los hechos y del acompañamiento institucional por parte de la Secretaría del Interior y otras entidades de protección ciudadana, la Fiscalía optó por dejar en libertad al agresor, decisión que ha generado preocupación y cuestionamientos.
“Es incomprensible que la entidad encargada de garantizar la protección de las víctimas sea la primera en dar este mensaje de impunidad”, señalaron representantes de organizaciones comunitarias y defensoras de derechos de las mujeres.
La decisión ha sido ampliamente criticada por poner nuevamente en riesgo la vida de la mujer y su hijo, quienes temen por su seguridad ante una posible nueva agresión. “¿Quién responderá si esta mujer vuelve a ser atacada?”, cuestionan líderes sociales que acompañan el caso.
La comunidad de La Campiña y organizaciones sociales exigen a la Fiscalía que reconsidere la medida y garantice la protección de las víctimas, así como la judicialización efectiva del presunto agresor.
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