OPINIÓN
POR: Álvaro Anaya D.
La ruta del malandrín (3)
El alcalde William Dau no lo aseguró de manera olímpica, como es su característica, pero lo advirtió al señalar que no fue elegido para realizar obras en Cartagena. Y lo entendimos con claridad: su prioridad es continuar con la feria de las Órdenes de Prestación de Servicios, OPS, como en los años 2020 y 2021.
No obstante la Ley de garantías por las campañas políticas para renovar el Congreso y la presidencia de la República, la contratación de personal sin experiencia ni conocimientos se sigue incrementando en la Alcaldía Distrital. Y lo más grave, hasta con recursos de inversión como en el caso de la secretaría de Planeación Distrital.
Como en los dos primeros años de la actual administración, el alcalde Dau les permitió a sus secretarios de Planeación, Guillermo Enrique Ávila y Juan David Franco, armar sus equipos técnicos con profesionales poco idóneos para el cumplimiento de la labor misional de organizar el espacio físico de un territorio tan complejo como el de Cartagena.
Y más grave aún cuando la mayoría de los contratistas fueron traídos de distintas regiones del país, y como Ávila Barragán, de La Guajira residenciado en Bogotá, y Franco Peñalosa, de Bogotá, sin ningún conocimiento de Cartagena y sin el perfil para los cargos asignados.
Aunque el arquitecto Ávila Barragán necesitó de una segunda instancia para superar la Moción de censura que le aprobó el Concejo Distrital, su desconocimiento de la ciudad y su demostrada incompetencia como secretario de Planeación se ratificaron por la total parálisis en los temas de urbanismo y el pobre avance en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, y el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, PEMP. Su sucesor, Franco Peñalosa, fue inferior a la responsabilidad que le asignó el alcalde Dau y cayó en desgracia al comprobarse la voluminosa nómina de Órdenes de Prestación de Servicios, OPS, cuando apenas se cumplía el primer mes de actividades en Planeación.
En el año 2021 demostramos que en la secretaría de Planeación, como en otras dependencias del Distrito, existían nóminas paralelas y los contratistas cumplían las funciones del personal de planta, relegado a actividades totalmente distintas a las establecidas en el Manual de funciones. Hoy se repite la misma historia en secretarías, institutos descentralizados del orden local, subdirecciones y divisiones, sin que el incompetente del alcalde Dau asuma la posición correspondiente. Claro, de eso poco entiende y prefiere divertirse lanzando cortinas de humo para mostrarse como «un líder de la lucha contra la corrupción». Y no deja de ser un activista más de las redes sociales.
Recientemente el ex-presidente de la Comisión del Plan del Concejo Distrital, César Pión González, le presentó un derecho de petición al secretario encargado de Planeación, Franklin Amador, para que le precisara las funciones de un grupo de contratistas, sus profesiones, objeto de sus contratos, si residían en la ciudad y los nombres de sus respectivos supervisores. De acuerdo a las respuestas del oficio, Amador podrá determinar si cuenta con el personal idóneo para cumplir con la formulación del POT, que, al parecer, es la única preocupación de Dau Chamat y el único motivo para ofrecerle el cargo al profesional especializado que sustituyó a Juan David Franco.
El secretario encargado debe saber que muchos de los contratistas de Planeación reciben sus honorarios de recursos de inversión y cuales son los productos que han generado desde su vinculación a esa dependencia. Además, debe conocer en detalle si por sus conocimientos son idóneos para las funciones asignadas y quiénes son los supervisores que certifican el trabajo realizado durante los dos años anteriores. Y lo más importante, ¿algunos de estos funcionarios traídos a Cartagena por Ávila Barragán y Franco Peñalosa deben seguir cumpliendo las funciones del personal de planta de la secretaría de Planeación Distrital?
En la secretaría de Planeación hay contratistas que no hacen nada y otros que cumplen sus labores (?) desde la capital de la república. No los conocen en las oficinas. Y nadie puede entender como un arquitecto y una trabajadora social supervisan los contratos del paquete de abogados de esta dependencia. Los secretarios anteriores también cumplían esa función para proteger a sus amigos.
(Continuará).
Lidy Ramírez, contratista del EPA
Después de su frustrada pretensión de convertirse en candidata a la Cámara de Representantes por Bolívar, la ex-zar anticorrupción de la administración de William Dau, la sicóloga Lidy Imbeth Ramírez Palencia, es contratista del Establecimiento Público Ambiental, EPA, desde el 13 de enero de este año.
Fue vinculada por 7 meses con un contrato de $28.000.000 –$4.000.000 mensuales–.
Objeto del contrato:
Prestación de servicios profesionales para el diagnóstico y el diseño de estrategias de educación ambiental en niños, niñas y adolescentes y adultos mayores que hace parte del proyecto Fortalecimiento de la Educación y Cultura Ambiental en el Distrito de Cartagena de Indias, a cargo de la Subdirección de Investigaciones y Educación Ambiental del Establecimiento Público Ambiental de Cartagena.
