OPINIÓN
POR: Alvaro Anaya D.
El Sistema Integrado de Transporte Masivo, SITM, en Colombia es el resultado de la importación de un modelo de transporte privado organizado con tecnologías de punta sobre regulación, control, tarifas, calidad del servicio y menores tiempos de recorrido, y entraba a reemplazar a otro sistema privado, pero con una gran desorganización y sin ningún tipo de control. El modelo había tocado fondo con buses viejos que difícilmente eran reemplazados y se habían constituido en grandes contaminantes del ambiente, además de sumar problemas laborales y la insatisfacción de los usuarios del servicio.
Con Transmilenio en Bogotá se dió la apertura del nuevo sistema de transporte y durante los primeros años fue mostrado como un proyecto transformador de ciudad y la satisfacción del servicio sobrepasaba el 90%. Por ese hecho se considero importante implantar el sistema en otras ciudades que reunieran las condiciones técnico-económicas exigidas y Cartagena fue una de las escogidas.
Los expertos en transporte masivo nos recuerdan siempre que era un negocio de pasajeros para privados y les correspondía a los nuevos empresarios la adquisición de la nueva flota y aportar los recursos necesarios para la chatarrización de los buses viejos. Cómo era lógico, la recuperación de este capital, más sus utilidades e intereses, gastos de operación y mantenimiento, se hacía vía tarifa. El Estado colocaba los recursos para la infraestructura, dándole prelación al carril exclusivo que permitiría grandes ahorros en los tiempos de transporte.
Hasta allí todo bien. Se implantaba un monopolio en el transporte con potenciales enemigos en el transporte legal –en varias de sus formas– y el carro particular.
Como caso único en Colombia, y por causas que se salen de estas líneas, en Cartagena se contrató la operación del sistema en una zona de la ciudad con el mismo Transcaribe, a sabiendas que esa entidad no contaba ni cuenta con la infraestructura y el recurso humano para asumir la condición de concesionario de transporte masivo. De esta manera nace Cartagena Complementaria y Social, firma que administra los buses adquiridos por el Distrito y Transcaribe le paga un contrato millonario. Las otras dos franjas de la ciudad se contrataron con operadores privados, Sotramac y Transambiental.
Como se dijo antes, a cada operador le correspondía –y le corresponde todavía– comprar su flota de vehículos y aportar los recursos para chatarrizar su cuota parte, además de financiar la operación y mantenimiento de su parque automotor. Los empresas privados –Sotramac y Transambiental– han recurrido a operaciones con créditos bancarios, que incluye el pago de intereses y la rentabilidad del negocio, que se paga vía tarifa.
Aquí nace el primer problema grave para el Sistema Integrado de Transporte Masivo, SITM. Al convertir el Distrito a Transcaribe en uno de los tres operadores del nuevo modelo de transporte, de lógica también debía recurrir a créditos para cumplir con su papel de concesionario, pero a nombre de la Alcaldía Distrital de Cartagena como garante y socio mayoritario de la empresa. Y para acceder a ese tipo de negociaciones tenía que conseguir la autorización del Concejo Distrital de Cartagena, pues la Ley de presupuesto lo establece así.
Y para nadie es un secreto –y la ciudad fue testigo de ello– que en los últimos cinco años la administración hizo múltiples solicitudes al Concejo Distrital para transferir recursos económicos y todas fueron infructuosas, tal vez porque algunos concejales no entendieron el papel de Transcaribe o porque ninguna de las administraciones de esa dependencia les generaba confianza.
Por todo lo anterior es fácil colegir que si a Transcaribe no lo hubieran convertido en operador y se hubiera entregado la concesión a un tercer privado, es posible que hoy se hubieran chatarrizado todos los buses y busetas del Transporte Público Colectivo, TPC, y se contaría con la flota completa de vehículos del SITM y con una menor tarifa del transporte, teniendo en cuenta que los transbordos y cambios de rutas no se vuelven a cancelar.
A la actual administración del alcalde William Dau Chamat –lleva tres gerentes y a punto de salir la actual– le cabe la responsabilidad de acabar con el contrato que Transcaribe tiene con la empresa Cartagena Complementaria y Social, que tiene a su cargo la operación de la flota de buses y recibe como pago una cifra superior a los $700 millones mensuales.
Ni Dau ni la gerente María Claudia Peñas entendieron la gravedad de no hacerlo, porque está en juego el fracaso del sistema de transporte en Cartagena. (Sigue).



