¿Y las políticas sociales, Alcalde?
OPINIÓN
Po: Alvaro Anaya Díaz
✓ Mientras la administración Dau continúa despilfarrando los recursos en OPS para armar nóminas paralelas y la ejecución presupuestal en políticas sociales coherentes con la situación de pobreza de la ciudad, la directora del IPCC tiene como prioridad gastarse más de $500 millones en las fiestas novembrinas virtuales. En 2020, a pesar de la crisis sanitaria por la pandemia del Covid 19, contrató más de $900 millones para la celebración del aniversario de la independencia a través de la televisión y las redes sociales.
Un año y medio después de asumir como Alcalde William Dau Chat, Cartagena enfrenta su peor crisis político-administrativa, desde 1988 con la primera elección de mandatarios locales por el voto popular. Su desconocimiento de la ciudad y su incompetencia para gobernar colocan a Cartagena en una posición de desventaja para poner marcha procesos que permitan mejorar la condición de vida de los ciudadanos localizados en las zonas vulnerables, en medio de la pobreza monetaria y el desempleo que se incrementa por la pandemia del coronavirus y una tímida reactivación económica implementada desde el Distrito de acuerdo a intereses ampliamente reconocidos y cuestionados.
El Plan de Desarrollo «Salvemos juntos a Cartagena» cumplió un año de su aprobación y su ejecución está en cero. Lo confirman los informes de los secretarios y directores de institutos descentralizados que durante más de un mes han pasado al tablero en el Concejo Distrital. Y, lógico, los cuestionamientos ratifican la inoperancia del equipo de Dau, cuyos miembros llegaron de otros rincones del país y desnudaron de inmediato su falta de profesionalismo y total desconocimiento de la administración pública. Los del terruño no se quedan atrás y han demostrado con creces su mediocridad como servidores públicos.
Después de 18 meses, Dau ha intentado crear su propia crisis para replantear su gabinete. No lo ha logrado –ni lo logrará–, porque los profesionales que quiere vincular no le han aceptado los cargos. Y, muy extraño, no quiere seguir experimentando con gente de otras regiones. Ha pensado en cinco cambios para «tratar» de oxigenar la administración, en medio del desespero por la apertura de la consulta para la revocatoria de su fracasado mandato. Este proceso llevaría a Dau a cometer graves errores –como muchos durante estos 18 meses–, teniendo en cuenta que tiene el bolígrafo, un presupuesto de inversión virgen y unos asesores que sacan ventajas a la incapacidad del mandatario.
NO A LAS FIESTAS NOVEMBRINAS
Por todas las situaciones adversas que enfrenta Cartagena, el Concejo Distrital aprobó una proposición para adelantar un debate de control político que la permita a la corporación solicitarle al Alcalde William Dau y a la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, Saía Vergara, la suspensión de las actividades que se anuncian desde ya para la celebración de las fiestas novembrinas de este año y, por el contrario, «el dinero que se tiene previsto invertir se utilice en la protección de la población y la mitigación del Covid 19».
El autor de la iniciativa, concejal David Caballero, reconoce el significado que tiene para la ciudad la fecha del 11 de Noviembre y la importancia de «sembrar en nuestros coterráneos el apego y el respeto por las fechas que nos identifican», pero en este momento se debe pensar en la crisis sanitaria que vive la ciudad y «proteger la vida de los cartageneros». Además, la proposición solicita un informe de las actividades que desarrolla el IPCC para el proceso de formulación del Plan Especial de Salvaguardia, PES, de las Fiestas de independencia, que busca su inclusión en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, proceso que lleva varios años por diferencias entre el Comité de revitalización de fiestas y las organizaciones y gestores culturales de la ciudad
Para las actividades virtuales del año 2020, el IPCC estableció un presupuesto de $905.691.358 y por el incumplimiento de algunos contratistas se reajustó en más de $600 millones, distribuidos así:
R&V Producciones (equipos, técnicos, grabación), $283.000.000; Canal Cartagena (producción de televisión), $75.000.000; SKY Producciones (recurso humano, equipos), $86.066.800; Cumbia Films (documental, detrás de cámaras), $55.000.000; José Antonio Ariza (cartillas colectivo Gina Ruz), $40.000.000; Javier Ortega (transporte producción), $8912.000; Javier Pedrozo (alimentación producción), $29.000.000; Fondo Mixto de Cultura (convenio para pago de incentivos ), $76.108.559, y Mr. Black, $8.000.000, entre una larga lista de contratos de pago a grupos folclóricos ($2.000.000 y $3.000.000), presentadores, diseñadores y personal técnico de producción.



