Los concejales Kattya Mendoza, Lúder Ariza, Oscar Marín, Sergio Mendoza, Carolina Lozano y Javier Julio, presentaron una queja disciplinaria ante la Procuraduría por las irregulares que presenta el contrato de arrendamiento del centro de reclusión de mujeres ubicado en Turbaco.
Los cabildantes argumentaron su denuncia con base a los estudios que realizaron de dicho contrato, dejando como resultado varias inconsistencias.
Dentro de los principales argumentos que los llevaron a denunciar se encuentra que el centro de reclusión está edificado en suelo de expansión urbana, y su finalidad eran locales comerciales y oficinas, lo cual no cumple con los requisitos exigidos para la construcción de un centro de reclusión.
Del mismo modo, en el año 2020 se realizó el contrato de arrendamiento por 150.943.894 de pesos que correspondían a 5000 metros cuadrados, pero en el 2021 se realizó la renovación por el mismo monto, pero con una disminución del metraje arrendado a la mitad.
En ese sentido, la concejal Carolina Lozano dio a conocer ante la plenaria varias denuncias que han sido interpuestas, por la falta de garantías para que las reclusas tengan una vida digna dentro del centro de reclusión.
La cabildante de ASI, cuestionó la falta de reacción por parte de la administración sin importar el riesgo a la que están expuestas las mujeres que se encuentran privadas de la libertad



