¿Quién responde a Coinses?
OPINIÓN
Por: Alvaro Anaya Díaz
✓ El alcalde William Dau necesitó de 8 meses para entender que en el caso de los hospitales locales y centros de salud hubo corrupción. No obstante, y en el momento indicado, se negó a liquidar el contrato con la Compañía de Ingeniería y Servicios S.A., Coinses S.A., a pesar de la serie de irregularidades desde su firma. Y por el contrario optó por lo más fácil: reiniciar las obras con la excusa de la pandemia del Covid 19.
Aún reconoce que «se robaron miles de millones de pesos» y «hubo mucha corrupción en relación con ese préstamo». Advirtió también que sólo dejaron los cascarones de los hospitales locales de Canapote y El Pozón y los centros de salud. ¿Y qué hizo Dau como «veedor anticorrupción»?
Nada que facilitara las investigaciones penales y disciplinarias de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, que en su momento no se adelantaron por las contínuas suspensiones de los contratos y «congelaron» el juicio de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría General de la República por un presunto detrimento patrimonial de $37.810 millones. Cuando el mandatario anunció la continuidad de los trabajos, sólo atinó a decir: «Me tuve que tragar el sapo y reanudar las obras con esos mismos contratistas». Al final, acertó con la decisión de autorizar la caducidad del contrato.
Fue otra de las tantas salidas en falso del alcalde Dau Chamat. Y por dos razones: podía proceder a la liquidación por incumplimiento contractual y la cesión del contrato la asumiría el Distrito ante la inhabilidad sobreviniente de Coinses S.A., que por una sanción de la Procuraduría General de la Nación perdió el derecho a imponer la empresa que continuaría las obras. Este proceso se cumplió en extrañas circunstancias en esta administración.
No se entendió en su momento por qué Dau Chamat y su secretario de Infraestructura, Gonzalo Jácome, renunciaron al proceso de liquidación del contrato con Coinses S.A. que inició la administración del alcalde Pedrito Pereira Caballero, después de todo tipo de obstáculos del representante legal de la firma barranquillera, Gary Espitia Camargo.
El 1 de octubre de 2019, el secretario de Infraestructura del Distrito, Edgar Marín Támara, citó al contratista para proceder a la liquidación del contrato 002 de 2014 por valor de $64.061.606.984 para la «revisión y ajuste de los diseños prototipos, realización de los estudios de ingeniería y la construcción y/o adecuación y/o ampliación y/o remodelación y dotación de las instituciones de salud del Distrito de Cartagena Grupo III y Grupo IV».
El documento establecía que de no presentarse a la reunión –como en efecto ocurrió– la administración haría uso de «la facultad de liquidar de forma unilateral en los términos establecidos en la Ley». Al mismo tiempo, el Distrito puso en conocimiento de su decisión a la Aseguradora Confianza S.A., responsable de la póliza que amparó el cumplimiento del contrato. La firma constructora buscó todo tipo de mecanismos en las instancias judiciales para la dilación del proceso anunciado por el gobierno de Pereira Caballero.
Posteriormente, la administración saliente en su informe a la Comisión de empalme del alcalde electo dejó una serie de recomendaciones para terminar las obras con avances significativos y disponibilidad presupuestal antes del 30 de marzo de 2020, fecha de vencimiento del plan anual del Ministerio de Salud.
Al mismo tiempo, el informe de Marín Támara insistió en la liquidación del contrato con Coinses S.A. y de esa manera se liberarían recursos por $21.958 millones, con certificado de registro presupuestal que hace parte del contrato y podían reinvertirse en la red hospitalaria del Distrito.
Esa valiosa información del gobierno saliente no la tuvo en cuenta la secretaría de Infraestructura. Este caso se suma a la serie de irregularidades y errores cometidos en 8 meses por la administración Dau Chamat. La actuación del arquitecto Gonzalo Jácome se apartó totalmente de la lógica y la razón, y pudo más su desconfianza a la administración anterior por una predisposición mal infundada desde el equipo del mandatario de los cartageneros. El Concejo Distrital, en su momento, le aprobó en primer debate la reincorporación de los recursos para culminar 5 obras de un contrato que superaba los 20 centros de salud. Clara violación al objeto del contrato.
Ahora, han pasado 5 años y se pretendía reiniciar las obras de los hospitales locales y puestos de salud con el mismo contratista, aunque se habló de una cesión del contrato, y con los precios de 2014. Para los expertos en temas contractuales nadie está obligado a lo imposible y, por tanto, hubiéramos estado en presencia de un desequilibrio financiero causado por el Distrito, pero con la complicidad del contratista.
Los errores del contrato surgen con la redacción del objeto, muy mal estructurado aunque no sea ilegal. De entrada se observó en la administración de Dionisio Vélez Trujillo –autor del contrato– la mezcla de consultoría especializada en salud, ejecución de obras civiles de acuerdo con las normas del Ministerio de Salud y una dotación de elementos específicos para el sector de la salud. Cada una de esas actividades tan distintas requería de una interventoría diferente y, como es lógico, por etapas. Este proceso contractual nació mal y hoy esos errores son imputables al Distrito.
También le cabe responsabilidad al Distrito por la falta de planeación para la ejecución del contrato. Al momento de la firma del contrato, la administración no tenía plena posesión y dominio de los predios donde funcionaban varias UPA. Imputable al Distrito. En el caso de los diseños también le cabe responsabilidad a la administración distrital. Al momento de adelantar las obras se evidenciaron estas inconsistencias que rodearon la parálisis en la ejecución de las obras. ¿Por estas graves deficiencias no se decretó, en medio de las discusiones, la caducidad del contrato?
Hoy, ante el anuncio del alcalde Dau después de 8 meses, se enfrenta un panorama distinto ante la posibilidad de retomar el camino de la reactivación de las obras para recuperar la red pública hospitalaria, aunque Dau Chamat haya expresado que no hacen falta para enfrentar el Covid 19.
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