UN IMPEDIMENTO APLAZÓ EL INCIDENTE CONTRA DAU

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El fallo judicial de La Popa

OPINIÓN

Por:Alvaro Anaya Díaz

 

✓ Mientras el Distrito de Cartagena prolonga en el tiempo la solución y el cumplimiento de una sentencia judicial de 2017 para implementar una política pública de protección integral del cerro de La Popa, la Cámara de Comercio de Cartagena puso sobre la mesa el proyecto Bosques de Paz para reactivarlo y buscarle su financiación. La iniciativa hace parte de un programa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible socializado en la ciudad en el año 2018.

Después de 3 años, 5 meses y 26 días, contados a partir de la fecha del fallo del Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena –22 de febrero de 2017–, el Distrito no tiene un plan de acción para cumplir con la «protección, conservación y desarrollo sostenible» del cerro de La Popa. La acción judicial fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 15 de mayo de 2018.

 

El incumplimiento a la sentencia judicial lo ratificó el juez Alfredo Moreno, a pesar de no celebrar la audiencia de valoración de pruebas del incidente de desacato solicitado contra el Alcalde de Cartagena y el director del Establecimiento Público Ambiental, EPA, basada la comunidad en la orden judicial del 22 de febrero de 2017. El tocado Moreno presentó un impedimento por un vínculo familiar con la jefe de la oficina jurídica del EPA, Denise Sierra Moreno, que deberá dilucidar el Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena para culminar con esta etapa del proceso por una acción popular impetrada por la Defensoría Regional del Pueblo.
A la citación de la audiencia virtual –miércoles 5 de agosto– del Comité de verificación y seguimiento a los trámites del Distrito, los responsables de formular la protección integral del cerro de La Popa presentaron el acta de una mesa de trabajo sobre el fallo de la acción popular. Llama la atención que fue celebrada dos días antes de la convocatoria del Juzgado Séptimo Administrativo de Cartagena, que notificó a la administración Dau Chamat el 14 de julio de la apertura de un incidente de desacato por el incumplimiento de la medida judicial.
Por el acta se confirma también que los funcionarios responsables de implementar la política pública para recuperar el pulmón verde de la ciudad muestran un total desconocimiento de lo establecido en el fallo judicial. No obstante, el juez les recibió los informes elaborados por las dependencias del Distrito en cabeza del EPA.

 

La audiencia contó con la intervención de la Procuradora Ambiental y Agraria, Mayelis Chamorro, quien ha sostenido una importante participación en el proceso por los requerimientos que le ha hecho a la administración distrital en cumplimiento de la acción judicial. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, en su condición de actor popular del caso, se unió a la audiencia virtual a través de un funcionario de la oficina regional.
Por la importancia del tema y la negligencia demostrada por la administración distrital para poner en marcha un plan de recuperación del cerro de La Popa, se esperaba la participación directa del defensor Roberto Vélez. En la audiencia se hizo mención del poco interés de la Defensoría Regional del Pueblo en el caso, contrario a la posición de la autora de la acción popular, Irina Junieles Acosta, defensora de los «derechos colectivos al goce del medio ambiente» en el cerro de La Popa.

 

De acuerdo a la sentencia judicial, la comunidad aledaña al emblemático cerro tiene un representante en el Comité de verificación y la vocería la tiene el abogado Javier Romero Torres, apoderado de la Fundación Ecoparque Histórico y Cultural de La Popa, Ecopopa.
Después de la fallida audiencia del miércoles de esta semana, el Juzgado Octavo Administrativo de Cartagena estudiará el impedimento presentado por el juez del caso y procederá a señalar fecha para la valoración de las pruebas de la administración Dau Chamat en cumplimiento de la medida judicial de defensa del cerro de La Popa.

 

Bosques de Paz

En los primeros siete meses de la actual administración poco o nada de hizo para implementar un Plan de acción de recuperación y reforestación del pulmón verde de Cartagena. Cómo en el caso de El Laguito se perdió un valioso tiempo. Esa incompetencia permitió una mayor afectación de ese cuerpo de agua y facilitó el incremento de la tala de árboles para la ocupación ilegal del cerro de La Popa.

 

Desde la formulación del Plan de Desarrollo «Salvemos Juntos a Cartagena», la Secretaría de Planeación Distrital y el EPA desconocieron el significado que tiene para Cartagena el patrimonio ambiental del cerro y la medida judicial de obligatorio cumplimiento. Hasta el punto que en los documentos entregados al Consejo Territorial de Planeación, CTP, y el Concejo Distrital de Cartagena no se hizo referencia del proyecto Bosques de Paz, que hace parte de un programa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y fue propuesto en el año 2018 para salvar el cerro de La Popa.

 

La inclusión de la iniciativa en el Plan de Desarrollo como un proyecto estratégico de ciudad fue avalado por los concejales de la Comisión del Plan e impulsado por la Cámara de Comercio de Cartagena. Cardique, al estudiar el componente ambiental del documento inicial, advirtió la omisión e hizo las respectivas recomendaciones al gobierno local.
Por la importancia que tiene el proyecto para devolverle a la ciudad ese patrimonio ambiental localizado en el corazón de la ciudad, la Cámara de Comercio de Cartagena puso de nuevo sobre la mesa la iniciativa del gobierno nacional Bosques de Paz, que tiene cuatro componentes ambientales y sociales para la «construcción de un monumento vivo de Paz» que hará parte de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia.

 

El presidente ejecutivo de la entidad, Juan Pablo Vélez, anunció esta semana que trabajará en la financiación del proyecto ambiental del cerro de La Popa.
(Acta de la mesa de trabajo del EPA sobre el cerro de La Popa).

 

*La responsabilidad del contenido de la columna es de quien la escribe y no de www.elgrifonoticias.com

 

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