OPINIÓN
Álvaro Anaya Díaz
La historia arrancó en el año 2001 cuando Aguas de Cartagena inició el proceso para la construcción de un emisario submarino que optimizará el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario
de la ciudad. Diez y nueve años después se confirma que la solución al vertimiento de aguas residuales a la bahía de Cartagena, la ciénaga de la Virgen y el caño Juan Angola sigue inconclusa por el grave incumplimiento del operador a la licencia ambiental otorgada por la Corporación Autónoma del Canal del Dique, Cardique, a través de la Resolución 0345 del 5 de junio de 2001.
Hoy, en medio de celebraciones por el aniversario 25 de Aguas de Cartagena y el anuncio de nuevos premios, se reabre el debate por las obras sin terminar del proyecto “Tratamiento de las aguas residuales domésticas de Cartagena de Indias y para la disposición del afluente al mar adyacente a través de un emisario submarino”. La construcción de la planta de tratamiento -condición insoslayable en la licencia ambiental- es de urgente necesidad ante las afectaciones ambientales, económicas y de salubridad causadas en el corregimiento de Punta Canoa y comunidades aleñadas en la zona norte de la ciudad.
En el debate de la semana pasada en el Concejo Distrital quedó de nuevodemostrado que el sistema de pretratamiento construido como una primera fase por Aguas de Cartagena en Punta Canoa le hizo daño a lacomunidad que vivía del turismo y la pesca.
El concejal César PiónGonzález demostró en su exposición que ante una interventoría deficiente como la contratada por el operador quedó en evidencia el incumplimiento de los compromisos establecidos en la licencia
ambiental para construir, después del 2001, la planta de tratamiento que se exigía.
Ante el daño ambiental por contaminación fecal provocado por Aguas de Cartagena en esa población, el Consejo Comunitario El Viviano de Punta Canoa ha solicitado en forma urgente el
acompañamiento de la Procuraduría Ambiental de Cartagena, Cardique y la Dimar para buscar una solución al grave problema que origina el mal funcionamiento de la difusión de los vertimientos al Mar Caribe frente a las playas de Punta Canoa.
En una reunión celebrada el 13 de marzo de 2020, las autoridades competentes recepcionaron las denuncias de la comunidad de ese corregimiento de Cartagena por los daños ocasionados por el emisario submarino, estructura que, por carencia de una verdadera planta de tratamiento, emiteen la zona olores ofensivos por las materias fecales que no se diluyen en el mar. Advirtieron los miembros de la comunidad que se siguen presentando “problemas de estabilidad de los pesos muertos que sostienen la tubería”, la que muestra deterioro, posibles desalineamientos y fugas.
Ante el incumplimiento de Aguas de Cartagena de la Resolución 0345 del 5 de junio de 2001, a través de la cual se otorgó la licencia ambiental del emisario submarino –un proceso de 3
etapas–, la Resolución 0836 del 4 de junio de 2019 de Cardique y el Artículo 8 de la Resolución 0883 del 18 de mayo de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las autoridades
han hecho requerimientos al Distrito de Cartagena para que la empresa Aguas de Cartagena responda de conformidad con los procedimientos establecidos: la construcción completa de la planta de tratamiento del emisario submarino, que incluye un sistema de aireación previo al
vertimiento.
Dau en escena
Este martes 30 de junio, Aguas de Cartagena celebrará su Asamblea de accionistas correspondiente al año 2020. El abogado William Dau Chamat aparece de nuevo en la escena
del operador de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad, ahora en su condición de Alcalde de Cartagena y presidente de la Junta Directiva.
Lo hizo por primera vez el 19 de abril de
2004 como director ejecutivo de la Corporación Cartagena Honesta, al solicitar al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento una inspección del proyecto de abastecimiento de agua, alcantarillado y ordenamiento ambiental de Cartagena en representación de las comunidades de Punta Canoa, Arroyo de Piedra, Manzanillo del Mar y 119 residentes de esta capital.
Su segunda aparición en la escena de Aguas de Cartagena fue este año, después de asumir la Alcaldía de la ciudad. Ante unas denuncias en redes sociales, Dau salió a dar explicaciones por un paquete de acciones que tenía en la empresa donde el mayor accionista es el Distrito. Superó el escollo al donar a la Liga contra el cáncer el paquete accionario.
En el 2004, el veedor William Dau basó su denuncia por los procedimientos del Banco Mundial al aprobar el crédito para el proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Cartagena, que incluyó la construcción de un acueducto y el emisario submarino.
En el documento de 49 páginas al organismo internacional, el entonces veedor hizo una defensa
de las tres comunidades del norte de Cartagena por su condición de “pueblos indígenas cuyos medios de subsistencia provienen de la pesca y de la agricultura, que viven en las zonas más
cercanas al sitio propuesto del emisario submarino y sus faenas las cumplen muy cerca del lugar propuesto para el vertido de las aguas servidas de Cartagena”, explicó Dau.
“Todos estos reclamantes ya han sido dañados por la mala administración, mala información y exclusión en las fases de evaluación y planificación de este proyecto financiado por el Banco
(Mundial), y sufrirán aún mayores daños si el proyecto se construye y se lleva a cabo”, explicó en su queja el hoy alcalde William Dau Chamat.
Hace 16 años, Dau Chamat se mostró como un reconocido opositor del proyecto y advirtió que contaminaría el medio ambiente marino cercano a las costas de las tres poblaciones, cuyas
comunidades viven de la pesca. “La contaminación de esta vida marina por las aguas residuales no tratadas de Cartagena tendrá impactos graves y permanentes en la salud y el sustento de esta gente”, aseguró en su denuncia como activista anticorrupción y agregó en esa oportunidad que la contaminación por el emisario submarino podría fácilmente alcanzar las playas cercanas a Cartagena, principal atracción turística de la ciudad.
Para los especialistas en el tema, la naturaleza ha sido generosa con la ciudad al no presentarse, hasta ahora, un mar de leva que ponga en suspensión las toneladas de sedimentos vertidos por
el emisario al fondo marino y por el efecto de las corrientes se depositen en las playas de la zona turística afectando a la llamada industria sin chimeneas.
Asesorado por expertos ambientalistas, el director de la Corporación Cartagena Honesta explicó al Banco Internacional los procedimientos técnicos para las descargas de aguas residuales
esencialmente no tratadas, sujetas a un proceso preliminar (materiales flotantes y suciedad) que deshace las masas sólidas, pero “no elimina las bacterias ni los contaminantes químicos”.
En su extenso documento de denuncia, Dau Chamat analizó un posible incumplimiento de Aguas de Cartagena y el daño irreparable que se ocasionaría por la contaminación biológica y química
de las aguas del Mar Caribe por el vertimiento de aguas servidas no tratadas. En efecto, durante
16 años, ese ha sido el procedimiento al no contar el emisario submarino con la planta de tratamiento exigida por Cardique en la licencia ambiental de 2004.
“Para cuando se ejecute cualquier actualización del diseño, el emisario ya habría causado un tremendo efecto negativo a la salud humana, al medio ambiente marino y al bienestar general de estas comunidades afectadas”, advirtió Dau Chamat 16 años antes de convertirse en el primer mandatario del Distrito de Cartagena. ¿Qué piensa hoy como presidente de la Junta Directiva de
Acuacar?.
De allí que su aparición en el escenario de Aguas de Cartagena tiene una importancia para Cartagena, por varias razones:
– La revisión y cumplimiento de los requerimientos de Cardique a la administración distrital para
hacer efectivo lo establecido en la licencia ambiental. El proceso está “congelado” por los
recursos de apelación a las resoluciones de la autoridad ambiental. La defensa del operador estuvo a cargo de la abogada y secretaria del EPA, Cecilia Bermúdez, autora de la Resolución 0345 del 5 de junio de 2001 –le dió vida a la licencia ambiental del proyecto– en su calidad de
directora de Cardique. ¿Qué tal?.
– Después del fracaso del contratista seleccionado por Aguas de Cartagena para adelantar lasobras del emisario submarino, la actual administración debe investigar en el campo si el proyecto
quedó construido a la longitud del diseño y profundidad aprobados en la licencia ambiental, pues son los parámetros que más estarían impactando en forma grave los ecosistemas de la zona. Por supuesto que este trabajo debe realizarlo una firma especializada en el tema y con el
acompañamiento obligado de los entes de control, autoridades ambientales y marítimas, al igual
que la comunidad afectada. El costo de los trabajos, lógicamente, debe ser pagado por Aguas
de Cartagena.
– El 22 de diciembre de 1994, cuando el Distrito de Cartagena adelantaba el proceso licitatorio
para escoger un socio operador de los servicios de acueducto y alcantarillado, la Sociedad General Aguas de Barcelona S.A. aclaró su propuesta económica de costos de gerenciamiento –Coeficiente Industrial Alfa y su cálculo– por la “asesoría externa que se deriven del software de base desarrollado por S.G.A.B., asistencia técnica en cuanto a trasvase de conocimientos, personal propio destinado a la formación, incluso desplazamientos y manutención de este personal…”. El contrato estableció que se cancelaría por el recaudo efectivo de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado.
Sin embargo, a partir del 12 de mayo de 2004 el exalcalde Alberto Barboza Senior modificó el cálculo del Coeficiente Industrial de los costos de gerenciamiento para Aguas de Barcelona y el pago, durante 16 años, se hizo con base en los recaudos brutos de Aguas de Cartagena, incluyendo el valor de los subsidios del Estado (SGP) y los que aportan los estratos residenciales
5 y 6, industrial y comercial. El mismo adefesio para favorecer a los españoles lo firmó en el año 2008 la exalcaldesa Judith Pinedo Flórez. El exalcalde Dionisio Vélez lo extendió por 14 años.
Este contrato de asesoría de Aguas de Barcelona (Canal Suez) es el mismo que hoy tiene en líos judiciales a exgerentes de la empresa Triple A de Barranquilla, que lo copió de Aguas de Cartagena. El caso del operador local está en los órganos de control.
– El Distrito de Cartagena, además de invertir en los proyectos de ampliación de Aguas de Cartagena –con excepción del nuevo sistema de acueducto–, tiene la carga pensional de un grupo de extrabajadores de las Empresas Públicas Municipales. Otro puñado de 492
exservidores de la empresa en liquidación –sí, aún está en liquidación y el gerente es Diego Otoya– siguen un proceso tanto en los órganos de control como en las instancias judiciales.
Aseguran los demandantes que aún en este pleito no se ha dicho la verdad después de 25 años de la disolución de las EPM. Increíble!.
Por estas y otras razones, Aguas de Cartagena se convierte en otra prueba de fuego para el alcalde William Dau Chamat.
*La responsabilidad del contenido de la columna es de quien la escribe y no de www.elgrifonoticias.com



