Editorial
Cartagena sigue atrapada en una espiral de violencia letal que no da tregua. Entre enero y julio de 2025 se han registrado entre 199 y 204 homicidios, según la fuente que se consulte: la Policía Nacional contabiliza 199 casos, mientras que los reportes de Medicina Legal —recogidos por la prensa local— elevan la cifra a 204. La diferencia refleja un viejo problema: la falta de armonización en las estadísticas oficiales.
El primer semestre cerró con 169 homicidios, una disminución del 8 % frente a 2024, de acuerdo con el informe de Cartagena Cómo Vamos basado en datos oficiales. Pero el alivio es relativo: junio fue el mes más violento del año con 37 casos, en su mayoría sicariatos perpetrados con arma de fuego. En contraste, el registro de homicidios de mujeres ha sido bajo: solo una víctima entre enero y mayo, según el mismo observatorio.
Estas cifras no son simples guarismos; son la radiografía de un problema estructural que mina la confianza ciudadana. El peso del sicariato muestra la presencia activa de economías criminales en los barrios, mientras que el arma de fuego sigue siendo el instrumento preferido para ajustar cuentas.
Aunque la tendencia anual muestre una leve reducción, Cartagena no puede acostumbrarse a vivir con casi un homicidio diario. El Distrito, la Policía, la Fiscalía y los jueces tienen la obligación de ofrecer resultados concretos: capturas efectivas, control de armas y justicia pronta. Pero no basta con la reacción policial: hacen falta programas sociales que le quiten a los jóvenes el espejismo de la violencia como único camino.
La ciudad necesita un boletín unificado de seguridad que reconcilie las cifras de Policía y Medicina Legal. Porque sin datos claros, no habrá política pública eficaz. Cartagena no puede perderse en la maraña de estadísticas mientras la vida se sigue apagando en sus calles.
