Opinión
Por : Álvaro schorbogth
Director Vesseincol
La comunidad vecina del Barrio Torices se encuentra desprotegida ante la nula y tibia intervención de la administración del Distrito de Cartagena en el caso de la construcción de una estación de servicios para la comercialización y distribución de combustibles en plena zona residencial, la cual contraviene abiertamente las normas del POT.
Varias son las instancias a las que la comunidad ha acudido en busca de garantizar sus derechos fundamentales vulnerados con esta construcción, sin embargo, ha sido ineficaz e ineficiente la respuesta de la administración del Distrito en relación con el caso.
En primer lugar, se expidió una licencia de construcción ilegal, con complicidad del Curador Urbano No. 1 del Distrito de Cartagena y del Secretario de Planeación para el año 2019, quienes autorizaron dicha construcción en una zona netamente residencial, aun teniendo conocimiento que el uso del suelo para esta zona no permite este tipo de actividades y que además el Artículo 242 del Decreto 0977 de 2001 (POT de Cartagena), prohíbe expresamente este tipo de actividades en dicha zona.
Pero eso no es todo. La licencia fue expedida vulnerando el debido proceso de los vecinos colindantes del predio en donde se realiza la construcción, ubicado en la Carrera 14 No. 42-23, debido a que los mismos no fueron citados dentro del trámite, violándoseles su derecho a hacerse parte del trámite y hacer valer sus derechos mediante los recursos de ley que corresponden.
Como si fuera poco, se conoció que desde el mes de marzo de 2020 se presentó una querella por estos hechos ante la Inspección de Policía de la Comuna 2, en cabeza del inspector Renzo Orozco, quien ha desconocido los términos establecidos en el Artículo 223 del Código de Policía y Convivencia Ciudadana, retardando injustificadamente las audiencias que deben programarse en dicho trámite, pero si ha actuado a favor de los infractores, absolviendo sus solicitudes de levantamiento de medidas provisionales en el menor tiempo posible.
Así mismo, la comunidad ha acudido a diferentes entidades distritales tales como el EPA, Oficina de Riesgos, Cuerpo de Bomberos, y a la Secretaría del Interior y de Planeación, con el fin de evitar que se otorguen permisos y autorizaciones que estarían viciados de nulidad, hasta tanto las autoridades judiciales que conocen de las acciones de nulidad presentadas, definan la legalidad de la licencia de construcción. No obstante, a la fecha ninguno de los mencionados entes se ha pronunciado al respecto. Igual suerte corrió la solicitud de acompañamiento realizada a la Procuraduría Provincial de Cartagena y a la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar.
Ante el silencio cómplice de la administración, por su parte, la estación de servicios continua su construcción y se encuentra prácticamente finalizada, generando un riesgo para la vida y seguridad de los vecinos del sector por el alto riesgo que este tipo de actividades representa en las zonas que son residenciales.
Lo anterior, da cuenta sobre el desamparo institucional al que se encuentran expuestas las comunidades vulnerables del Distrito de Cartagena. Y que situaciones como las del Edificio Aquarela, las construcciones ilegales en Blas de Leso, y las inundaciones por la ocupación de los cuerpos de agua del Distrito se van a seguir presentando.
Para nadie es un secreto la crisis de la integridad urbanística que afecta a la ciudad de Cartagena de Indias por cuenta de las construcciones ilegales, y se requiere de intervenciones definitivas para preservar el urbanismo legal como servicio público esencial, salvaguardar la normatividad urbanística y garantizar la integridad de los ciudadanos del Distrito de Cartagena de Indias.
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