Parlamericas es una institución independiente que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano, el intercambio de ideas, la construcción de agendas comunes y de lineamientos para las regiones;  por ejemplo, en esta oportunidad sobre temas tan agudos como la lucha contra la corrupción y la construcción de estados transparentes y modernos.

 

En el marco del tercer encuentro de Parlamericas en Perú, el Senador Andrés García Zuccardi fue elegido en una de las Vicepresidencias de América, encargado de organizar, dirigir y seguir construyendo lineamientos entre los cerca de 20 países de América y el Caribe para la consolidación de parlamentos abiertos y transparentes.

 

El Senador colombiano y nuevo vicepresidente agradeció al Congreso del Perú y al país por promover y liderar la apertura de estos espacios y resaltó la importancia del intercambio de ideas y de buenas prácticas entre países para construir un sistema democrático más fuerte “Un Gobierno más transparente y moderno es la base para fortalecer las instituciones públicas, seguiremos construyendo puntos en común con otras naciones que nos permitan avanzar como país en la modernización de nuestro Estado”, aseguró García Zuccardi.

 

Legisladores de cerca de 20 países del Caribe y Suramérica participan el ParlAmericas

 

Parlamericas es una institución que tiene como objetivo promover la diplomacias parlamentaria en el sistema Interamericano; está compuesta por las legislaturas nacionales de los Estados miembro de la OEA de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe y facilita el intercambio de mejores prácticas parlamentarias.

Este proyecto, autoría de la Senadora por el Partido Conservador Nadia Blel, busca acabar con una de las barreras más grandes a la hora de acceder al derecho a la educación, como es el transporte.

 

Con 11 votos fue aprobado en primer debate de Comisión Séptima el proyecto de ley 27/2017 que busca establecer medidas que eviten la deserción escolar en los niños, niñas y jóvenes a través de subsidios de transporte para movilizarse a sus escuelas, teniendo como prioridad a las poblaciones vulnerables, como aquellas que vivan en municipios o zonas rurales y de difícil acceso, de estratos 1 y 2, en situación de discapacidad, indígenas y afro.

 

“En Colombia cada año más de 300.000 niños y adolescentes abandonan el colegio y, según informes de la Universidad Nacional, el mayor índice de deserción se presenta por falta de apoyo en alimentación y transporte, siendo el apoyo en transporte el menos frecuente en las instituciones” expresó la congresista bolivarense Nadia Blel.

 

Este proyecto responde a una de las recomendaciones dadas por estudios de la Universidad Nacional, según la cual se debe estructurar una política pública coherente y que brinde apoyo para el transporte a los estudiantes, priorizando las zonas rurales, indígenas y de alta presencia de población afro.

 

En el debate distintos Senadores expresaron su interés y apoyo para que este proyecto siga adelante, además de manifestar lo urgente que es eliminar las barreras que encuentran niños, niñas y jóvenes a la hora de acceder al derecho a la educación en todo el territorio del país.

 

El proyecto no solo beneficiará a las poblaciones vulnerables, sino que también contempla la posibilidad para los alcaldes de crear una tarifa diferencial para los jóvenes de todos los niveles educativos en las ciudades donde exista un Sistema Integral de Transporte Masivo, con el fin de que puedan costear con mayor comodidad su transporte a las instituciones educativas, como lo comentó la autora y ponente del proyecto, la Senadora Nadia Blel Scaff.

 

Con esta aprobación en primer debate el proyecto seguirá su curso y será debatido por la Plenaria del Senado, para luego pasar a la Cámara de Representantes donde tendrá dos debates más antes de convertirse en ley.

 

A pesar de las intervenciones de algunos funcionarios del gabinete Distrital, quienes explicaron los alcances del macro proyecto de Protección Costera en Cartagena, los concejales de la ciudad manifestaron que aún persisten dudas sobre la ejecución del mismo, sobre el plan especial para los vendedores ambulantes, y  la supuesta declaratoria de calamidad pública que se realizaría.

 

Rodrigo Reyes Pereira, Javier Curi Osorio, y Vicente Blel Scaff, explicaron que el debate de control político se realizó con el objetivo de abordar las Proposiciones 002, 009, y 022 de 2018, por medio de las cuales se pretendía dar respuesta a distintas inquietudes relacionadas con uno de los proyectos más importantes de la ciudad, como lo es la protección costera, que tendrá una intervención de 7 kilómetros de playa entre Bocagrande y Crespo.

 

Reyes Pereira hizo referencia a la duda que aún persiste ente los cabildantes y los ciudadanos, sobre una de las respuestas dadas por el secretario de Planeacion, Irving Pérez, donde se afirma que la ejecución de la obra estaría a cargo de la Oficina Nacional de Riesgos.

 

A su vez, su colega Curi Osorio, se mostró inconforme con las respuestas dadas por Carlos Carmona, director de Valorización Distrital, sobre los planes sociales que se tienen previstos para beneficiar a los vendedores ambulantes que laboran en las playas, dentro de los cuales se han establecido las compensaciones en especie o en dinero para los mismos.

 

También aseguró que: “Hay que fortalecer la institucionalidad con una clara definición de competencias y coordinaciones en las diferentes entidades porque eso es lo que amerita el tema de la protección costera”.

 

El concejal César Pión González enfocó su intervención en la población más afectada en este momento con el proyecto, que es el gremio de trabajadores informales: “Una debilidad que tenemos como Distrito, es que siempre que hay un proyecto, ahí están los que sufren. Y ¿por qué sufren? Porque nosotros todavía no nos hemos puesto de acuerdo, porque las competencias que tenemos a nivel Distrital nadie sabe quién las cumple, y finalmente nadie sabe quién las hace”.

 

Respuestas de los funcionarios del Distrito

 

Carlos Carmona, director de Valorización Distrital, fue el primero en intervenir, y aclaró que esta oficina tiene la responsabilidad de llevar el programa de inversión del macro proyecto de Protección Costera. Y que dentro del mismo, se tiene previsto la construcción de 10 espolones sobre los 7 kilómetros de costa que se intervendrán; mejoras en las playas, establecimiento de 3 rompe olas, construcción de una escollera longitudinal, y un relleno artificial en las playas alrededor de 80 metros.

 

Agregó además, que se han realizado 4 mesas de trabajo con distintos actores sociales, y varios censos a los vendedores informales. Y en cuanto al costo del proyecto, afirmó que son 160 mil millones de pesos en total, de los cuales, 60 mil millones son de un crédito público aprobado por el Distrito, y el restante, será dado por el gobierno Distrital.

 

La secretaria de Hacienda, Sibila Carreño, explicó que los recursos para la protección costera se tramitan ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Gobierno nacional. “El crédito aprobado por el Distrito fue de 112 mil millones, de ellos, son 60 mil millones para protección costera. Después de las ofertas de los bancos, fueron escogidos Bancolombia y BBVA por tener menor tasa de interés”, dijo.

 

Así mismo, el secretario de Planeación, Irving Pérez, argumentó que aún no se ha decretado una calamidad pública sino que se ha dicho que hay riesgo inminente en esas zonas de playas.

 

Por su parte, Clara Calderón, secretaria de Infraestructura, se refirió al proyecto de estabilización y recuperación de un sector de la línea de la costa de la isla de Tierra Bomba, el cual va en un 41%, y del que se beneficiarán más de 6 mil habitantes de la zona.

 

Participación de los ciudadanos

 

La plenaria se declaró en sesión informal permitiendo así la participación de algunos representantes de las asociaciones de vendedores ambulantes de las playas, quienes tuvieron la oportunidad de expresar por segunda vez en la Corporación su preocupación por quedar sin trabajo una vez se desarrolle el proyecto.

 

Enrique Cabarcas, de la Asociación Cartagena Vallenata, Guillermo de Orta, representante de la Asociación de Carperos y Salvavidas, y Yamil Casarubia,  representante de los vendedores de raspaos, solicitaron garantías para su estabilidad laboral durante y después de finalizado el proyecto.

 

Por tal motivo, pidieron la elaboración de un documento formal que les asegure que volverán a su sitio de trabajo.

 

La Coordinadora de Asuntos Políticos y del Observatorio del Concejo de Cartagena, de Funcicar, Alejandra López, participó para manifestar las preocupaciones con relación a la declaratoria de calamidad pública que se está gestionando en la oficina Nacional de Riesgo.

 

“En la Ley 1523 de 2012 se determina que la calamidad pública debe tener en cuenta, por ejemplo, los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daño, y entre estos bienes se destacan las pérdidas de la integridad personal, la vida, la familia. Nos preguntamos: ¿Cuenta el Distrito con un informe técnico y fáctico que dé cuenta de tales pérdidas?. Si es así, creemos que debe ser de público conocimiento”, comentó López.

Con el fin de conocer el estado de los acueductos del departamento, la situación de desabastecimiento de agua potable a causa del intenso verano por el que atravesaba el departamento, las acciones que se están implementando para solucionar la situación y cómo las alcaldías están administrando los acueductos; el diputado Jorge Redondo propuso citar al gerente de Aguas de Bolívar y al secretario de hábitat para que informaran sobre la temática.

 

Asimismo los diputados Frank Ricaurte, José Hilario Bossio, Carlos Fernández y Elkin Benavides, solicitaron igualmente la presencia de la Oficina de prevención del riesgo de desastres y de los alcaldes de los municipios que han presentado problemas como San Juan Nepomuceno, Maríalabaja y Arjona.

 

En el informe presentado, la gerencia de Aguas de Bolívar informó que pese a la infraestructura entregada en algunos municipios la prestación del servicio está restringida o es insuficiente porque, existe bajo recaudo de la facturación, costos o deudas por energía eléctrica, costo de insumos químicos, despilfarro de agua o insuficiente capacidad técnica de los operarios; esto sumado a la temporada de sequía que ha disminuido el caudal y la capacidad de las fuentes de agua que abastecen los diferentes municipios y sus corregimientos en especial en el norte del departamento.

 

Los municipios que están siendo afectados por desabastecimiento y sequía son, San Cayetano en San Juan Nepomuceno, Ballestas en Turbana, Loma arena en Santa Catalina, Arroyo hondo, Zipacoa en Villanueva, Hato viejo en Calamar y San Jacinto.

 

Estos municipios y corregimientos han sido atendidos con carrotanques entre los meses de diciembre de 2017 y marzo de 2018, sin embargo para la gerencia de Aguas de Bolívar la solución definitiva que se plantea es, en San Jacinto y San Juan Nepomuceno, la construcción del sistema de acueducto que beneficiará a ambas poblaciones, así como el de Arroyo hondo que beneficiaría a los corregimientos de Sato, Pilón y Hato Viejo, al igual que el acueducto de Turbana.

 

Frente a los municipios que presentan problemas en la operación de los acueductos, se informó que en esta situación se encuentran los de Calamar, Mahates, San Pablo, San José de Playón, la pista y Matuya en Marialabaja, Capaca en Zambrano, San Cristóbal, Turbaco, Cicuco y San Fernando. Para esto se dejó claro que las alcaldías municipales están en la obligación de hacer cumplir los contratos establecidos con los operadores, para garantizar la continuidad y la calidad del servicio.

 

Finalmente anunció que para atender las afectaciones de los sistemas de acueductos, derivadas de fenómenos o desastres naturales se dispone de $4.214 millones, provenientes del sistema general de participaciones, de regalías y del sistema general de participaciones de los municipios vinculados al Plan Departamental de Agua.

 

Ante esta proposición en la sesión plenaria de esta mañana, se desarrolló el debate con la presencia del secretario de hábitat Jorge Valle, el gerente de Aguas de Bolívar Miguel Torres y el jefe de la oficina de prevención del riesgo de desastres Hugo Benítez.

 

Tras la presentación del informe, el diputado Jorge Redondo resaltó que se haya avanzado en la cobertura con agua potable en las cabeceras municipales, sin embargo manifestó su descontento por la cobertura en los corregimientos, ya que la corporación se ha manifestado en múltiples oportunidades frente a este aspecto, así como en la calidad del agua.

 

Por otra parte, quiso saber cómo se han solventado la necesidad  de agua potable en municipios como Mahates, Calamar, Maríalabaja, Cicuco y Talaigua. Igualmente el costo de los acueductos para los corregimientos, ya que a su juicio se invierte más en atender la emergencia que en lo que podría ser la solución definitiva. 

 

Finalmente recalcó en la importancia de aclarar que no se ha llegado a algunos municipios del departamento ya que las alcaldías han asumido la responsabilidad del desabastecimiento con la disposición de carrotanques.

A su vez el diputado Jorge Rodríguez destacó el avance de la cobertura en agua potable, gracias a la implementación del Plan Departamental de Agua, que permite mejorar las plantas de acueductos, encargarse del servicio de saneamiento básico y la disposición final de los residuos, sin embargo considera importante realizar un plan de choque por parte del departamento para capacitar y reorganizar las empresas operadoras de los servicios, ya que el objetivo es la sostenibilidad en la prestación de los servicios para no perder las infraestructuras y dejan sin cobertura a los pobladores.

 

A su turno el diputado Frank Ricaurte quiso saber si en los municipios existen consejos municipales de gestión de riesgo, ya que considera importante las recomendaciones que se deben realizar en materia de salud cuando llega el verano que afecta la salud de los bolivarenses, especialmente en el municipio de Santa Catalina y sus corregimientos, dada las circunstancias de la ESE de ese municipio se encuentra en riesgo alto.

 

Consideró que desde el Gobierno departamental se debe revisar qué se está haciendo para atender las posibles emergencias y sí están siendo informadas todas las dependencias que tienen injerencia en los casos que se puedan atender y realizar los esfuerzos necesarios para tener a la población atendida.

 

Para el diputado Elkin Benavides era importante solventar las dudas de todos y cada uno de los diputados, por su parte quiso saber frente al tema del acueducto de Juanarias en el municipio de Magangué si la parte eléctrica estaba consagrada en los diseños del acueducto, ya que a juicio del diputado se estaba invirtiendo más en la fase de diseños, dejando de lado la ejecución de los proyectos. Además de eso, sí se han realizado diagnósticos frente a los inconvenientes que presentan los acueductos de algunos municipios.

 

El diputado Víctor Mendoza creyó que el negocio de la salud es el mismo que se evidencia en los operadores que prestan el servicio de agua potable, ya que no hay quien responda debidamente por la administración del servicio. De la misma manera enfatizó que la responsabilidad recae sobre los municipios pero se le está transfiriendo al departamento.

 

Por otra parte quiso saber cuáles son los entes que vigilan a los operadores especializados en la operación de los acueductos, especialmente en el de Arjona y cómo se puede tener un balance completo para analizar sí el servicio es viable financieramente. Finalmente propuso una audiencia pública en el municipio de Arjona para definir responsabilidades y alternativas de mejoramiento en la prestación de los servicios.

 

Entretanto el diputado Andrés Montes manifestó que los recursos se están invirtiendo bien y mal, especialmente en el municipio de Mompox, ya que ha mejorado la calidad del agua, pero no se han mejorado las redes de acueducto, ya que en la disposición final del agua, esta llega contaminada, en el mismo sentido el volumen del agua de acuerdo al crecimiento de la población del municipio en especial en época de semana santa o festival de jazz.

 

Aprovechó el espacio para solicitar la intervención del tanque elevado del corregimiento de Las Boquillas en el municipio de Mompox, que tiene un número considerable de pobladores, y este se encuentra a punto de caerse.

 

Finalmente el diputado Ignacio Becerra tomó el espacio para manifestar que tras un año de ejecución del alcantarillado del municipio de Córdoba, esta obra no ha sido entregada, desencadenando un problema de salud pública en el municipio, razón por la cual solicitó una solución urgente para esta problemática.

En plenaria, el Concejo Distrital presentó la ponencia en segundo debate del Proyecto de Acuerdo # 099 de 2018 que busca modificar el reglamento interno del Concejo en lo que concierne a la elección del Contralor Distrital.

 

La iniciativa, que tiene como finalidad determinar la estructura básica de la convocatoria pública, indicar los trámites y fijar la forma de elección del Contralor Distrital, fue puesta a consideración de los cabildantes, quienes por medio del voto aprobaron el paso del proyecto de acuerdo a Acuerdo Distrital.

 

Frente Mixto

 

El concejal César Pión expuso varios indicadores que reflejan que la ciudad presentaba los mismos problemas hace 18 años y se viven en la actualidad, evidenciando que Cartagena está sobre diagnosticada y reina la falta de implementación de políticas públicas.

 

El cabildante aseguró que a Cartagena la agobia la necesidad de aplicar una política pública local. “Nosotros carecemos de un formato local, el flujograma, el éxito de la política pública está en su implementación, por lo que necesitamos una matriz local de métodos propios para poder decidir. El Concejo debe hablar con la administración para diseñar el flujograma de las actividades del territorio” dijo Pión González.

 

Audiencia Pública

De igual forma, en audiencia pública se estudiaron los Proyectos de Acuerdo No 097 donde se institucionaliza el Circuito Cultural de Cartagena de Indias, el 096 por el cual se establece el Proceso Urbano de Paz y el 100 mediante la cual se regula unas tarifas y se verifican los estados de los parqueaderos del Distrito de Cartagena.

 

Proyectos de Acuerdo No 097 donde se institucionaliza el Circuito Cultural de Cartagena de Indias

 

El gestor cultural, William Hurtado Gómez,  propuso la creación de una comisión donde participe la ciudadanía y se le apruebe un presupuesto digno.

 

“Nosotros nos hemos dado cuenta que el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) le apuesta más al Festival del Frito Cartagenero que al Festival de la Poesía. El arte sirve para despertamos, para sensibilizarnos y eso le falta a nuestra sociedad”, aseguró Hurtado Gómez.

 

Del mismo modo, Luis Alberto Salazar Paternina, representante del Centro de Pensamiento Cultural, insistió en la deuda histórica que tiene la ciudad con el gremio cultural al tenerlo rezagado sin presupuesto.

 

“La idea del circuito anual de arte en Cartagena es extraordinaria, pero hay que hacerla de manera digna para que sea justa con el gremio cultural. Nosotros tenemos la voluntad pero debe ser acompañada de una inversión robusta. Agradezco al Concejo por esta propuesta”, puntualizó Salazar Paternina.

 

Sobre este tema, el concejal César Pión afirmó que esta es una iniciativa de la Corporación, y aclaró a los participantes que no en todo lo que genera movimiento presupuestal y asignación el Concejo tiene la competencia.

 

Por su parte, el concejal Javier Curi aseguró que a los gremios culturales no se les está teniendo en cuenta para los programas de la ciudad. Y cuestionó el por qué hay presupuestos para algunos grupos y para los culturales no.

 

“El Fondo Mixto parece que no existe para las administraciones, algunos grupos que no son representativos del gremio cultural si cuentan con presupuesto. Es cierto que hay discriminación”, concluyó el cabildante del Partido Liberal.

 

Proyecto de Acuerdo No 098 por el cual se establece un Proceso Urbano de Paz y se define la figura del Coordinador Urbano de Paz en Cartagena

 

A raíz de la falta de participantes, muy a pesar de la convocatoria realizada por la Corporación, el Concejal César Pión, ponente de la misma, solicitó reprogramar la audiencia, lo cual fue aceptado por la mesa directiva.

 

Proyecto de Acuerdo No 100 mediante la cual se regula unas tarifas y se verifican los estados de los parqueaderos del Distrito de Cartagena

 

El concejal César Pión hizo un llamado a la administración para que tenga en cuenta el proyecto de los parqueaderos y termine con el abuso que le están generando a la ciudadanía por las tarifas y la mala calidad en la que algunos se encuentran.

 

“Es una obligación nuestra en el control político, en la ciudad que cualquiera hace un parqueadero, sin cámaras sin pólizas con precios distintos a los que corresponden, son unos monopolios”, dijo Pión González. 

 

 

 

Portal: El Grifo Noticias - Director: Juan Carlos Ceron
Cartagena de Indias - Colombia