El concejal por el partido Conservador, Oscar Marín Villalba, adelanta una proposición encaminada a fortalecer y motivar el talento musical de los jóvenes cartageneros,  y es la de incluir como requisito para otorgar los permisos de los grandes espectáculos, que un artista cartagenero esté presente en la agenda de los conciertos, entendiendo que la champeta  fue declarada  Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito de Cartagena.

 

“Debemos ser garantes,  potenciar, fortalecer y visibilizar la manifestación cultural que expresan miles de jóvenes cartageneros a través de la práctica y musicalización de un género que se niega a desaparecer y que como concejales de la ciudad debemos impulsar, con el propósito de generar progreso  y desarrollo  en las comunidades vulnerables de la ciudad”, indicó.

 

“De esta manera también hacemos un reconocimiento local a los cantantes de la música champeta y aquellos jóvenes que interpretan otro tipo de género musical, y que estos eventos donde se presenten aristas internacionales y nacionales sirvan de plataforma o trampolín para el artista local”, dijo Marín.

 

El concejal agregó, que la Monumental Plaza de Toros debe ser habilitada por el Distrito para los grandes eventos musicales, con el propósito que no se sigan utilizando los escenarios deportivos de la ciudad, “hoy se ha demostrado que la Plaza de Toros  tiene capacidad para albergar a 5 mil personas, y la idea es que sea el escenario perfecto para todo tipo de baile, siempre y cuando los empresarios cumplan con  los requisitos exigidos”, puntualizó.

A estudio de la Comisión Tercera en el Concejo de esta capital pasará el proyecto de acuerdo que busca facultar al Alcalde Mayor, Pedrito Pereira Caballero, para adoptar un Plan Maestro que atienda específicamente las necesidades de quienes usan la bicicleta como medio de transporte, trabajo o recreación.

 

El proyecto autoría de César Pión González, cabildante de la U, propone que el mandatario luego de recibir aval de su órgano coadministrador, inicie las acciones y convoque a los diferentes actores que permitan tener más garantías en la población ciclística; según el proyecto la intención es trabajar en una mejor infraestructura vial, seguridad y fomento de la actividad física a través de este tradicional medio.

 

La iniciativa también establece que mientras se convoca, elabora y se aprueba el Plan Maestro para el uso de la bicicleta en el Distrito de Cartagena, el Alcalde quedaría facultado para solicitar y trasladar rubros no utilizados o rendimientos financieros  a los rubros de la  Secretaría de Infraestructura, DATT y Secretaría de Interior, y que se apliquen en reparcheo de pequeños huecos, demarcación,  señalización para la protección del ciclista al igual que convenios a la Policía Nacional con el propósito de incrementar patrullajes.

 

"Los países desarrollados han utilizado masivamente la bicicleta por el ahorro económico, conservación del medio ambiente, aporte a la movilidad y promoción de una vida saludable, sin embargo Cartagena siendo Distrito Turístico y Cultural tiene problemas desde la integridad física de los ciclistas hasta la delincuencia que amenaza esta práctica. Aclaramos que el plan maestro no lo haremos nosotros como concejo, lo que entregaremos son facultades para que el Alcalde llame al diálogo y entre todos definamos lo mejor para la ciudad y el uso de la bicicleta", declaró Pión González.

 

La decisión sobre esta iniciativa será estudiada por una comisión de ponentes que coordinará el Concejal Lewis Montero Polo.

 

De acuerdo a la proposición 107 aprobada por la Plenaria, se llevó a cabo el debate de control político al Fondo de pensiones del Distrito, el cual según denuncias de algunos medios de comunicación locales  se presentaron supuestos pagos anómalos  por más de 4 mil millones de pesos a personas que hace más de 10 años aparecen como fallecidas.

 

Al debate asistieron el Contralor Distrital, Freddy Quintero, el jefe de la oficina  jurídica, Jorge Camilo Carrillo, el Tesorero Distrital, Luis Cano Sedán, el director del Fondo  Territorial de Pensiones, Edwin del Portillo y el Director (e) de la oficina de Control Interno del Distrito, Jhonny Rodríguez.

 

El contralor Freddy Quintero se pronunció y dijo que la investigación inició a partir de varios hallazgos encontrados en una auditoría especial. “En la auditoria a Secretaría de Hacienda encontramos un pago por 4 mil millones y se solicitaron los respectivos soportes, de tesorería se remiten al fondo de pensiones  quienes señalan que este pago se debe al cumplimiento de una orden judicial, sin embargo, el Juzgado determinó que no es una sentencia sino un proceso ejecutivo.

 

Dentro del expediente a través de la comisión auditora se aclara que el Distrito había realizado el pago de manera efectiva y cuyo registro reposa en actas, es por esto, que no entendemos las razones por las cuales desde el fondo se emite una orden para que se realice nuevamente un pago, pero con el visto bueno de la oficina de control interno, razón suficiente para que la contraloría investigue qué está pasando y sí se habría incurrido o no en un doble pago.” Precisó el funcionario.

 

El contralor Quintero dijo además que en los expedientes que se encontraron en el Juzgado, algunos de ellos pertenecen a personas fallecidas con fecha de nacimiento de 1910 y no existen pruebas  que se haya presentado alguna sustitución.

 

El director del Fondo de Pensiones, Edwin del Portillo se refirió al tema y dijo que inició en el cargo en el mes de Agosto y que efectivamente existen una serie de irregularidades en la entidad. “En el mes de diciembre se efectuaron unos pagos a través de unas sentencias judiciales  y esta información ya está en conocimiento de los entes de control y a los cuales se les está brindando la información requerida para esta investigación.”

 

Por su parte, el tesorero del Distrito, Luis Cano Sedán, expresó que desde su posesión en el mes de Mayo no encontró ningún documento, ni informe de la anterior funcionaria acerca de lo que cuestiona la proposición 107.

 

De acuerdo a Jhonny Rodríguez, director (e) de la oficina de Control Interno expresó que se hicieron 13 observaciones y que en la auditoria especial se encontró lo mismo que dijo Contraloría y que el informe se envió a los entes de control.

 

El concejal citante, César Pión hizo un llamado  a los funcionarios para que estén al tanto de lo que sucede en las entidades que lideran.” Queda claro que la Administración es una sola y no satisface que los funcionarios sólo se refieran a su periodo. Sugerimos más organización en lo que tiene que ver al Fondo y sus pagos.

 

Como conclusión, el departamento jurídico debe explicar lo que se pagó en 2017 y debe continuar la labor de los entes de control frente a este tema.”

El concejal César Pión González afirmó ante la plenaria que el Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio de murallas, el cual fue aprobado, no fue socializado ante la corporación edilicia y mucho menos ante la ciudadanía.

 

El concejal del partido de la U alzó su voz de protesta e instó a que en la ciudad existen personas capacitadas para el desarrollo de este PEMP y que el gobierno nacional no tuvo en cuenta para la elaboración de este. “esto tiene que ver con nuestro medio ambiental, nuestra economía y nivel social. No se socializó de manera integral y tenemos quejas de algunos sectores como el caso de Manga en el cual no existe una lógica de prohibición y hay algunas confusiones respecto a los íconos visuales. Por lo anterior, convocamos a miembros del gobierno nacional y actores locales para hacer una revisión y analizar la legalidad de este plan", dijo el concejal Pión.

 

Por su parte, el concejal David Caballero puso en tela de juicio la legalidad del plan, considerando la falta de socialización y la poca información que tiene la ciudadanía al respecto. Por lo anterior, aprovechó la oportunidad para hacer un llamado al Distrito para que revise el proceso de elaboración del PEMP de Murallas.

 

El Jefe Jurídico del Distrito, Jorge Carrillo Padrón aseguró que las inconformidades de los cabildantes serán analizadas y el marco legal de la resolución del Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio de murallas será revisado de la mano de la corporación.

 

Marinas

 

En otro tema, el concejal Rafael Meza Pérez presentó una proposición que busca citar a la Dimar, a la Capitanía de puerto y a Planeación con el fin de aclarar la legalidad de las licencias y permisos de los rellenos que vienen realizando en la Base Naval. “queremos que no pase lo mismo que está pasando en las marinas de Bocagrande, donde algunas son legales y otras no, no sabemos cómo la Dimar permite que estos muelles sean ampliados sin permisos, sin tener en cuenta muchas variables y sin sancionar a los culpables”.

 

Del mismo modo, el concejal Javier Curi Osorio aseguró que el problema debe ser estudiado de manera integral, y recalcó que en la isla de Manga se viene dando una permanente depredación de los cuerpos de agua. “en el callejón Dandy se viene dando una tala indiscriminada de manglar. Asomanga le explicó a la corporación las soluciones que ellos han intentado sin éxito, pero son muchos los problemas que tiene Manga.

 

De igual forma, el presidente de la corporación, Wilson Toncel Ochoa, dijo que algunas marinas son legales y que la Dimar es la que tiene la competencia para otorgar esas concesiones y la aprobación de las ampliaciones. “este es un negocio que ha venido creciendo y le queda a la persona o empresa que tiene las licencias vigentes. Lo que pedimos es que la Dimar nos dé la lista de las marinas que tienen permisos y nos explique por qué algunas funcionan bajo la ilegalidad.

 

 

 

 

Los senadores del Centro Democrático, Fernando Araújo y Álvaro Uribe radicaron una proposición que adiciona un artículo al presupuesto bianual del sistema general de regalías, para que se destine una partida significativa que permita actualizar la infraestructura de la Universidad Pública.

 

El legislador Araújo aseguró que: “el presupuesto de educación que propone el Gobierno Duque para el 2019 es el más alto que ha tenido Colombia en la historia, $7 billones más que el de defensa y 10% más alto que el del 2018 aprobado hace un año”.

 

En ese mismo sentido, precisó que en el presupuesto para la educación se han hecho esfuerzos para fortalecer el ICETEX y que más colombianos vulnerables puedan acceder a la educación superior. En cuanto al SENA, dijo que se mantiene en $3.5 billones: “esta institución es fundamental para que los colombianos que más lo necesitan puedan buscar buenas fuentes de ingreso”.

 

El artículo nuevo dice: “Cuando se trate de proyectos destinados a la infraestructura de las instituciones de educación superior de carácter público para ser financiados con recursos de Regalías que presenten las entidades territoriales, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión aprobarán el proyecto de manera prioritaria y podrán autorizar vigencias futuras y operaciones de crédito publico con cargo a las asignaciones directas para la inversión de dicho proyecto”.

 

 

 

 

 

            

 

          

 

 

 

Portal: El Grifo Noticias - Director: Juan Carlos Ceron
Cartagena de Indias - Colombia