El gerente de la empresa Aseo Urbano de la Costa Pedro Gutiérrez Bahoque, asistió a la sesión del Concejo Distrital, cumpliendo con la citación de este organismo de control con el fin de presentar informe sobre la prestación del servicio de aseo en Cartagena, específicamente en su Área de Prestación de Servicios (APS).

 

Cabe resaltar que los parámetros o condiciones para la prestación del servicio de aseo por parte de la empresa en sus componentes de recolección, limpieza de vías y áreas públicas y transporte al sitio de disposición final y demás actividades complementarias del servicio de aseo, están contenidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos, - PGIRS adoptado por el Distrito de Cartagena de Indias para el período 2016- 2027; al cual se ha sujetado el Plan Operativo desarrollado por la empresa en su área de prestación de servicio en relación a zonas atendidas en barrido, recolección y transporte, así como las frecuencia y horarios que se ejecutan o aplican según las necesidades de los usuarios en el marco de la ley 142 de 1994 y el Decreto 1077 de 2015.

 

Además de Cartagena, actualmente Aseo Urbano de la Costa presta también el servicio de aseo en la zona insular de la ciudad en los componentes de barrido, limpieza y despapel de playas, caminos, senderos y áreas públicas, así como la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final en el Parque Ambiental Caribe Verde Loma de los Cocos.

 

Dicha zona insular está por Archipiélago San Bernardo, Archipiélago del Rosario, Isla Fuerte, Playa Blanca, Isla de Barú (Corregimiento de Barú, Corregimiento de Santa Ana y Ararca, veredas de Leticia y Recreo), Bocachica, Caño de Oro, Punta Arena y Tierra Bomba. 

 

Durante su intervención, Gutiérrez Bahoque explicó que la empresa recogió en los años 2016 y 2017, 189.543 y 193.618 toneladas respectivamente; indicando que no es posible para la empresa señalar cuántos de estos residuos han sido aprovechados o transformados, dado que no viene desarrollando la actividad de aprovechamiento. Por lo cual los residuos recogidos son transportados al sitio de disposición final por la autoridad ambiental para tal fin.

 

En relación con la gestión que se está llevando a cabo en los puntos críticos de la ciudad, Aseo Urbano enfatizó que laboró el listado actualizado de puntos críticos georreferenciados en su APS y que adelanta con su área de gestión social, acciones con las comunidades en pro de su recuperación con zonas verdes y finalmente poderlos erradicar en este año 2018, con la estrategia denominada “Cero Puntos Críticos”.

 

Es menester señalar que, por tratarse de un problema de cultura ciudadana, la empresa de aseo constituye un eslabón en la cadena para el logro efectivo de este cometido en el que tienen injerencia todos los cartageneros, siendo corresponsables del manejo adecuado de los residuos, en especial su presentación y disposición conforme lo dispone la regulación en materia de servicios públicos domiciliarios.

 

Aseo Urbano de la Costa, es consciente de la responsabilidad ambiental con Cartagena y su Zona Insular, por ello trabaja cada día por su limpieza y sostenibilidad ambiental garantizado los esfuerzos operativos necesarios  en la prestación del servicio, sumando acciones sociales en pro del cuidado del ambiente y la cultura ciudadana que a futuro permitan lograr una ciudad responsable del manejo adecuado de sus residuos.

Ante fiscalía general y la defensoría del pueblo fue denunciada la situación de 114 familias que habitan en la urbanización La Sevillana, quienes hoy no tienen claridad jurídica de sus predios tras un proceso judicial iniciado por la Fundación Santodomingo, reclamante del lote donde años atrás fue construido el barrio.

 

Apartes de la misiva señalan que el pasado 16 de febrero del 2016, la corporación Concejo Distrital de Cartagena efectuó un debate de control político donde  Cristóbal Cuello, abogado de la comunidad de La Sevillana, hacía una explicación con pruebas documentales donde manifestaba un posible fraude procesal del accionante en los planos originales del terreno.

 

Sin embargo según el cabildante César Pión, los órganos de control no realizaron las investigaciones de oficio por eso es necesario que el ente acusador revise el tema para tranquilidad de más de 100 familias que hoy no tienen legalizados ni siquiera la prestación de servicios públicos.

 

"Hemos trasladado esta petición para que en el marco de la ley se analice todo lo relacionado con la posesión, entrega, y venta de este territorio donde se dice, ya han ocurrido muertes. Lo que buscamos es tener claridad para las partes", agregó Pión.

 

Culminada la sesión se envió la carta a los destinatarios por intermedio de secretaría general.

En un término de 10 días, el Distrito deberá entregar al Concejo de Cartagena, un plan estratégico donde logre prever y definir la situación habitacional de la población afectada por la tragedia del barrio San Francisco y personas que viven en calidad de damnificados por fenómenos geológicos y ambientales en la ciudad.

 

Gracias a la Proposición número 004 presentada por el concejal, César Pión, se citó esta mañana a la jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Laura Mendoza; la secretaria de Hacienda, Sibila Carreño; la secretaria de Infraestructura, Clara Calderón; el jefe de la Oficina Jurídica, Milton Pereira; el secretario de Planeación, Irvin Pérez  y el gerente de Coorvivienda, William García, para resolver las inquietudes que se han suscitado debido a las múltiples denuncias verbales y escritas que han sido publicadas en algunos medios donde los damnificados exigen que se resuelva su situación.

 

La proposición consta de 18 puntos donde se cuestiona la cuantificación real de las familias  afectadas, cuánto le han desembolsado a cada uno, quiénes son los que tienen vivienda y cuántos de ellos fueron reubicados y por último cuál será la política pública para atender a todas estas personas.

 

De acuerdo con las respuestas de los funcionarios del Distrito, se coincidió en que la cifra total de atención a las familias va por más de 5 mil millones de pesos, en los cuales han atendidos a más de 1600 familias y más de 600 de ellas actualmente se benefician con subsidios de arrendamiento por valor de 1010 millones de pesos de manera trimestral. De igual forma, se han reubicado en zonas como Ciudad del Bicentenario, Sinaí, La Paz, entre otras zonas.

 

Al recinto también asistieron líderes comunales del barrio San Francisco, San Bernando y el Pozón, estos últimos afectados por la ola invernal  de 2004 y 2007, quienes le expresaron al Concejo su preocupación por el retraso en el pago del subsidio de vivienda, la pérdida de documentos en la dependencia de la Oficina de Riesgo a la hora de tramitar sus registros, la poca asignación de números de viviendas para damnificados en convocatorias para proyectos de vivienda.

 

Por su parte, el concejal César Pión, ponente de la proposición se refirió al debate de control político como una oportunidad que tienen los funcionarios para lavarse las manos. No sólo deben responder el cuestionario y listo sino que deben traer un plan que claramente muestre qué va pasar con estas familias.

 

“Se muestra la falta de planificación. Cada dependencia seleccionó las preguntas del cuestionario que le correspondía y las contestó. Debieron responder como una administración cohesionada que trabaja en equipo, porque la Alcaldía son todos, no dependencias sueltas”, expresó el cabildante, quien agregó además que “no puede seguir pasando que mandos medios en el Distrito sigan negociando con las necesidades del pueblo y que de una vez por todas, la oficina de Gestión del Riesgo del Distrito utilice los recursos para prever tragedias como esta y no para pagar subsidios de arriendo. Necesitamos una solución definitiva para estas familias que ya van a cumplir 10 años sumidos en esta difícil situación”.

 

 

 

 

 

 

 

El Concejal Rodrigo Reyes fue elegido Primer vicepresidente  del oncejo Distrital de Cartagena.

 

La elección y posesión del cargo, se realizó la mañana de este lunes en el seno de la corporación edilicia.

 

Cabe señalar que a raíz de la detención domiciliaria e intramural de al menos 10 concejales, el concejo quedó debilitado en la ciudad.

Ante las noticias publicadas por un medio de comunicación local debido a la decisión de terminar de forma bilateral las Unidades de Apoyo de los concejales que afrontan una medida de aseguramiento, Wilson Toncel Ochoa, presidente del Concejo de Cartagena, recalcó que la decisión se ajusta a la ley.

 

 “Desde que asumí esta Presidencia he venido diciendo que no me separaré ni un milímetro de la ley y que pese a los sentimientos de tristeza y preocupación que nos invaden por todo lo que viven nuestros compañeros y, hoy, sus colaboradores más cercanos, debo asumir posiciones ajustadas al derecho, que sé, no siempre serán acatadas y compartidas como hoy está sucediendo”, aseguró Toncel Ochoa.   

 

Explicó que el fundamento legal que regula la creación de las Unidades de Apoyo Normativo, se encuentra previsto en el artículo 78 de la Ley 617 de 2000 y en el caso puntual del Concejo de Cartagena de Indias, las mismas no hacen parte de la planta de personal o estructura orgánica de la corporación. “Estas unidades se contratan a través de Contratos de Prestación de Servicios y para este año 2018, la contratación se realizó por el término de diez (10) meses”, indicó.

 

“Si revisamos, nos encontramos con conceptos emitidos por entidades como Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital de Bogotá que al absolver una consulta frente al tema relacionada a la permanencia de las Unidades de Apoyo en el Concejo de Bogotá, ha manifestado que:

 

“Así las cosas, se considera que las Unidades de Apoyo Normativo existen mientras el Concejal que tiene derecho a la Unidad de Apoyo, esté ejerciendo el periodo constitucional para el cual fue elegido.

 

Es importante precisar que la citada Ley 617, que contempla la posibilidad de la existencia de las Unidades de Apoyo Normativo, dispone que estén sujetas al periodo de los concejales, apoyándolos en el ejercicio de sus funciones”.

 

Continuó advirtiendo el cabildante que de la lectura de las minutas de los contratos suscritos con cada una de las Unidades de Apoyo del Concejo de Cartagena se entiende que sus obligaciones específicas son:

 

-          Apoyar al honorable concejal en el proceso de organización, manejo y archivo de las comunicaciones internas y externas que debe emitir, en especial la atención a las peticiones formuladas por la comunidad y los entes de control y el desarrollo de las actividades inherentes al cargo.

-          Revisar, estudiar y diagnosticar el estado en el que se encuentran los proyectos de acuerdo que le sean asignados.

-          Apoyar al honorable concejal  en cada una de las gestiones técnicas asignadas.

-          Prestar el apoyo necesario para la actividad normativa, investigativa y de control político de la corporación.

-          Cumplir lo pactado en este contrato con suma diligencia y cuidado, ejecutando de manera oportuna e idónea su objeto dentro de los plazos estipulados y las demás que sean asignadas por el supervisor.

-          El contratista se obliga a presentar los resultados de su gestión mediante certificación de cumplimiento del objeto contractual que deberá ser evaluado por el honorable concejal.

 

 

Resalta el Presidente de la Corporación, que el objeto del contrato reza de manera textual: “Prestación de Servicios Profesionales en la Unidad de Apoyo del Honorable Concejal”.

 

“Razón por la cual, si hoy en día los concejales enfrentan y cumplen una medida de aseguramiento que no les permite ejercer como tal, consecuencialmente tampoco es posible que las unidades de apoyo de cada uno de ellos preste sus servicios al Concejo de Cartagena, más, cuando es el mismo concejal quien ejerce la supervisión de los contratos y es quien certifica el cumplimiento de las obligaciones contraídas”, subrayó.

 

“Siendo consciente de lo dicho y cumplidor del deber que me asiste como Presidente los he invitado a suscribir un acta de terminación bilateral del contrato, puesto que es evidente que nos encontramos ante una causal de terminación anticipada del contrato o como lo ha dicho la jurisprudencia; ante un modo anormal de terminación de contratos de la administración, la cual es la imposibilidad de ejecución del objeto contratado”, recalcó.

 

Toncel Ochoa citó la sentencia 20968 de 2012 del honorable Consejo de Estado  donde manifestó:

 

“Modos anormales de terminación de contratos de la administración. «(…) a).- desaparición sobreviniente del objeto o imposibilidad de ejecución del objeto contratado; b).- terminación unilateral propiamente dicha; c).- declaratoria de caducidad administrativa del contrato; d).-terminación unilateral del contrato por violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades; e).- desistimiento -o renuncia-, del contratista por la modificación unilateral del contrato en cuantía que afecte más del 20% del valor original del mismo; f).- declaratoria judicial de terminación del contrato; y h).- declaratoria judicial de nulidad del contrato. (…)»”

 

“Haciendo este recuento normativo y jurisprudencial, quiero dar claridad que no estoy presionando y mucho menos acosando a los miembros de las Unidades de Apoyo, quienes comprendo hoy se preocupan por el sustento de sus familias. Simplemente, en aras de no utilizar una medida tan drástica de terminar unilateralmente el contrato, los he invitado a suscribir un acta de terminación, que conlleva su liquidación, para determinar el valor pendiente por pago”, advirtió.

 

“Ahora bien, en los pasillos del Concejo se corría la teoría de poder suspender los contratos por un tiempo determinado, dado que la medida que hoy tienen los concejales es provisional. Sin embargo, luego de realizar las respectivas consultas jurídicas, nos llevaban todas a concluir que lo propio era la terminación del contrato por la imposibilidad de ejecutar su objeto y concluyéndose que la suspensión del contrato no era viable, pues la misma no se puede hacer en forma indefinida y sería indefinida, puesto que no tenemos la certeza de un tiempo en días o meses, en el que se dará el reintegro de los compañeros a la corporación”, dijo.

 

“La pregunta que nos surgía era ¿Qué debe hacer el Concejo Distrital de Cartagena de Indias  cuando hay imposibilidad de ejecutar el contrato estatal? Y la respuesta no las dio la misma jurisprudencia (Sentencia del Consejo de  Estado del 31 de agosto del 2015, magistrado ponente Hernán Andrade Rincón) que de manera reiterada ha dicho:

 

 “Ante la imposibilidad material de continuar con su ejecución, el paso a seguir indefectiblemente debía encaminarse a que las partes efectuaran las gestiones pertinentes para proceder a su liquidación dentro del plazo concedido por la ley.

 

De cara a la imposibilidad de culminar el objeto del contrato en el término señalado por la circunstancia advertida, las partes han debido, de un lado, efectuar oficialmente una suspensión del contrato -siempre que aún se encontrara vigente- precisando el término de la misma y la fecha prevista para su reanudación -lo cual en el caso no ocurrió- o, ante el impedimento de determinar con exactitud el período que habría de demorar la ejecución de la obras requeridas (que en el caso fue de 4 años), han debido realizar las gestiones pertinentes para liquidarlo ya fuera bilateral o unilateralmente en el estado en que se encontrara, sin que, se reitera, fuera posible jurídicamente dejar su ejecución en el limbo”.

 

Toncel Ochoa explicó que al no existir una fecha, un término exacto para reanudar con exactitud el contrato, la presidencia, con todos los conceptos jurídicos y estudios realizados, decidió darlos por terminados y en el mismo documento determinar la respectiva liquidación y determinación de saldos a favor del contratista.

 

“Si bien es cierto, que la ley estipula un plazo de hasta 4 meses para su liquidación, ello, sucede cuando nos encontramos ante la terminación normal de los contratos. Siendo conocedor de la ley sé que este tipo de contratos no requieren liquidación, pero por encontrarnos frente a una terminación anticipada, se aprovechó para dejar constancia de los valores ejecutados y pagados”, sostuvo.

 

“Por último, aclaro que a través de correo electrónico invité, convoqué a los contratistas a hacer la terminación de común acuerdo ya que no es oportuno dejar en suspenso estos contratos y se estableció el termino de 2 días para que se acercarán a la corporación. Si en dado caso no logramos firmar bilateralmente, nos tocará hacerlo de manera unilateral, pues hoy en día nos encontramos ante la imposibilidad de ejecución del objeto contratado. Aclaro, no estoy acosando, estoy cumpliendo con lo que me toca, amparado en la ley y buscando actuar de manera transparente, en pro de la corporación”, puntualizó.

 

 

 

Portal: El Grifo Noticias - Director: Juan Carlos Ceron
Cartagena de Indias - Colombia