Con la convicción que los artesanos son generadores de cambio y promotores de la cultura, el cabildante Óscar Marín Villalba, propuso en la sesión de este sábado a la oficina de Espacio Público, que revise  la forma de cómo se puede organizar en varios sectores del centro histórico de la ciudad, la instalación de casetas para que los artesanos tengan la posibilidad de promocionar de una manera digna sus productos y los miles de visitantes que llegan constantemente a la capital de Bolívar, aprecien de manera organizada las manualidades de decenas de  hombres y mujeres que derivan su sustento diario de esta actividad económica.

 

“La idea es que el Distrito  oriente  el desarrollo de procesos creativos, diseños y producción de artesanías, mediante la enseñanza de técnicas y la innovación de modelos y prototipos, organizados en casetas que adornen aún más el entorno arquitectónico y cultural de nuestro centro histórico, y que de manera permanente puedan desarrollar su economía, con el propósito de generar y promover  los componentes del bienestar”, dijo.

 

Marín Villalba agregó, que los artesanos deben ser vistos con otros ojos “la idea es que el  Distrito los vea como personas y adelante un proyecto similar al que hicieron con los cocteleros y vendedores de tinto, para que la actividad no sea solo en unas horas de la noche, sino que de manera permanente podamos verlos  en puntos estratégicos de la ciudad”.

 

“Voy a revisar el proyecto de implementación de las casetas de los cocteleros, para no incurrir en los mismos errores del pasado, muchos argumentan que recibieron unas puestos incompletos, sin ningún tipo de menester y mucho menos adaptadas al clima que vivimos a diario  en la ciudad”, puntualizó.

 

 

El Concejo Distrital mostró su preocupación por algunas observaciones, en temas de presupuesto, que se encuentran en los 15 proyectos de acuerdo que la Administración expuso en este periodo de sesiones extraordinarias.

 

Los cabildantes enfatizaron en la falta de claridad en los recursos y los malos manejos de las entidades descentralizadas del Distrito,  las cuales le pedirán un informe especifico de todos los movimientos financieros y las acciones presupuestales de los últimos años.

 

El concejal Javier Curi Osorio afirmó que en Cartagena no se cumple con los principios presupuestales de anualidades.

 “Por eso este es un Distrito que manda tres o cuatro incorporaciones porque en todas las veces que se ejecuta el presupuesto termina habiendo un superávit, que no es otra cosa que el resultado de no ser eficaces en el manejo que recibimos en cada vigencia fiscal”, puntualizó Curi Osorio.

 

Por su parte, el concejal César Pión González recalcó el hecho de que los institutos descentralizados no pueden estar en nombre de sectores que quieren manejarlos como islas, pero para las inversiones sociales y conceptos de ciudad no deciden sobre el accionar de estas instituciones.

 

Además, en el acuerdo que presenta Transcaribe, el cabildante del partido de la U referenció el artículo tercero, donde piden una autorización para contratar un asesor externo que realice varias actividades con relación a la operación de crédito publico.

 

“Nosotros tenemos un jefe de presupuesto, tenemos profesionales vinculados por orden de prestación de servicio que manejan bien la hacienda pública. Esto tampoco es que sean unos conceptos inalcanzables, para que tengamos que solicitar una contratación para acceder a un crédito publico, este articulo debe ser aclarado o excluido”, dijo Pión González.

La Plenaria se declaró en sesión informal para escuchar a los transportadores informales propietarios de jeep colectivos que circulan en los barrios de Daniel Lemaitre, San Francisco, Canapote entre otros quienes expresaron sus inquietudes ante los anuncios de Transcaribe de ampliar sus rutas hacia estos sectores.

 

José Ulises Pájaro, propietario de uno de los vehículos mostró a través de una serie de pancartas que los transportadores no son delincuentes y que trabajan para brindarle un servicio a la comunidad que tanto padece de la prestación de este servicio. Además, manifestó que las familias de los conductores dependen 100% de esta actividad económica.

 

El gerente de la Cooperativa multiactiva de Transporte Colectivo, Oswaldo Pérez precisó que hace más de 25 años ejerce como conductor de esta ruta “El Distrito abandonó esta ruta y nosotros suplimos esa necesidad, ahora nosotros transportamos a los estudiantes, a los trabajadores de la salud, a los comerciantes del mercado. Lo único que estamos buscando es alternativas para poder seguir trabajando. Lo que hemos recibido de parte de Transcaribe, Alcaldía y el DATT es echarnos al ESMAD para sacarnos a patadas del sector. Tenemos pruebas que hemos buscado el dialogo y el acercamiento con la Administración pero no ha pasado nada” dijo.

 

Otro de los propietarios de “Jeep Colectivo” Enrique Rojas  recordó que en un principio habían sido tenidos en cuenta por el proyecto de Transcaribe pero poco a poco los fueron excluyendo. “Yo soy  un transportador de esta ruta desde el año 80, antes que comenzara Transcaribe, siempre  nos dijeron que nos iban a incluir en el proyecto e iban a darnos unos carros con créditos blandos y nada de eso sucedió. Nosotros nos oponíamos al transporte informal y eso es lo que ahora nos da de comer. Como el Distrito ha hecho caso omiso no tuvimos más remedio que  tener colectivo. No nos oponemos al desarrollo de Cartagena, pero si queremos que nos tengan en cuenta.”

 

Por su parte, Wilson Henríquez quien acompañaba jurídicamente a los transportadores aseguró que existe preocupación en el gremio y que ellos han hecho lo pertinente para no ser desplazados. “Hoy la administración los está atacando fuertemente. Hemos hecho múltiples reuniones y nadie nos escucha.  Hay un fallo que por supuesto no obliga a Transcaribe, pero está dando indicaciones de qué hacer con ellos,”

 

Habla los concejales y la Administración

 

Por su parte, el concejal César Pión presentó una serie de soportes en los que prueba que las organizaciones de transporte informal han solicitado en varias oportunidades hablar con la Administración sobre el tema. “Tengo actas del DATT, registro de cámara de comercio donde consta su constitución y además, un estudio económico realizado por el Colegio Mayor de Bolívar donde identifica que un 20% de la población cartagenera se beneficia con este servicio.

 

En promedio, un conductor de jeep colectivo se está ganando diariamente 88 mil pesos, al mes serían casi 2 millones de pesos; si este servicio desapareciera tendríamos centenares de familias que engrosarían las filas de pobreza que tiene Cartagena. El Concejo está agotado que el Distrito tome decisiones de espalda a esta Corporación y estos temas hacen parte de todo nuestro interés, de derechos humanos y sociales que la Administración no puede omitir. De la noche a la mañana Transcaribe habla de ampliar rutas sin tener en cuenta estas problemáticas.” Dijo.

 

El director del DATT, Edilberto Mendoza reconoció que los transportadores han mitigado las falencias que han tenido las empresas de transportes en proveer ese servicio a la comunidad. “No es mi estilo, utilizar al ESMAD para echarlos a ningún lado, no podría pasar por encima de motivos sociales y jurídicos para perjudicarlos. Al DATT le corresponde mostrar acciones ante al transporte informal y tenemos debilidades en materia logística y recursos humanos en la entidad. Con Oswaldo Pérez, nos hemos reunido de manera constante, porque soy consciente que la población necesita de este sistema de transporte, pero también es cierto que existen algunos compromisos que de parte del gremio no se han dado.” Manifestó.

 

El Jefe de la oficina jurídica, Jorge Camilo Carrillo se comprometió a realizar las acciones pertinentes para avanzar de buena forma en el tema “estamos prestos y dispuestos a hacer las mesas de trabajo, los estudios y todas las actividades que ustedes como Corporación requieran y de igual forma la ciudadanía para que analicemos con qué contamos y de qué manera podemos proceder.” Puntualizó.

 

El concejal Javier Curi, trajo a la Plenaria un video donde existen alternativas de transporte público solar en otras partes del mundo y que en Cartagena perfectamente pueden replicarse. “El día que se traiga una tecnología de este tipo seguro funcionarán 3 mil vehículos en la ciudad y pondrán el grito en el cielo los dueños de las bombas de gasolina y negocios afines a otro tipo de energía. Pero este discurso no ha transcendido, porque no encuentro apoyo de la Administración para desarrollar esta idea.”

El Concejal por el partido conservador, Oscar Marín Villalba, hizo una serie de reparos frente al proyecto de acuerdo presentado por el Distrito que busca otorgar facultades  al Alcalde Mayor,  para celebrar operaciones de crédito público y asimilado hasta por 20 mil millones de pesos,  como fuente de financiación del Sistema Masivo de Transporte Transcaribe de Cartagena.

 

“Si le preguntamos al gerente de Transcaribe como está el sistema, él en todos los escenarios asegura que está bien, hecho que genera un mar de dudas frente a las facultades que pide la alcaldesa para buscar en la banca privada 20 mil millones de pesos para garantizar su operación, es inaudito que se  necesiten  recursos  para mejorar, cuando vemos a diario los buses y busetones atiborrados de gente y con asignación de nuevas rutas en la ciudad”, dijo.

 

“La gente ha respondido de la mejor manera, no entendemos para que  endeudar aún más a la ciudad, yo pienso que las inversiones deben proyectarse a la construcción y mejoramiento de vías en los barrios,  que no se encuentran preparados para que circulen los buses, pero que en definitiva es un tema que le compete a la Secretaría de Infraestructura,  para que de manera planeada mejore la malla vial de la ciudad”, aseguró.

 

“Vemos que no existe planeación, mejoraron la avenida del Bosque y en muchos sectores no se puede acceder al sistema por falta de paraderos seguros y en muchos sectores no hay andenes, en ese sentido hay que mejorar y para eso debemos trabajar”, precisó

 

“El proyecto no es claro en cuento a la inversión de los 20 mil millones, no lo han socializado, sería bueno conocer el cómo, el porqué, el para qué y los tiempos de inversión”, agregó.  

 

El cabildante aseguró, que otro de los problemas que se debe priorizar es el proceso de chatarrización, que hoy y a su juicio no es claro para la ciudad, “es un problema que aún no se ha definido, se habla de un cartel y de unas  denuncias que se encuentran radicadas en la Fiscalía, pero no sabemos a ciencia cierta que sucede con ese tema”, indicó.

Concejales de Cartagena presentaron su voz de protesta al conocer los alcances de los dos nuevos proyectos de acuerdos  presentados por la administración distrital y que persiguen exonerar de impuesto de Industria y Comercio, para nuevas empresas que se constituyan, instalen o relocalicen en Cartagena y otorgar facultades al Alcalde Mayor para celebrar operaciones de crédito público y asimiladas hasta por 20 mil millones de pesos como fuente de financiación del Sistema Masivo de Transporte Transcaribe.

 

En  tal sentido, el concejal César Augusto Pión González, se refirió específicamente al poco tiempo  que existe para analizar y verificar las iniciativas y presentó una serie de aportes a tener en cuenta a la hora de revisar la propuesta en torno a los impuestos de Delineación Urbana, especificando que hasta el 31 de octubre de 2017 se habían recaudado por este concepto 5.572 millones de pesos y la meta de recaudo proyectada era de 9.555 millones de pesos y que haciendo un comparativo con Barranquilla, la construcción en Cartagena es mucho más amplia y que el producto interno es superior al de la capital del Atlántico.

 

“La gran sorpresa y la pregunta que nos asalta es por qué no tenemos el mismo rendimiento financiero que Barranquilla, y nos encontramos que las Curadurías venían liquidando impuestos que no son de su competencia hasta el mes de diciembre de 2017, evidenciando anomalías, encontrando algo para investigar y re liquidar aquellos conceptos que no caduquen en los últimos 5 años, para demostrar que no hubo evasión”, indicó Pión González.

 

“Son recursos del Estado que no podían ser manejados por las curadurías y solicitaremos a través de nuestra mesa directiva a Hacienda Pública para que autorice a quien corresponda re liquidar los impuestos de Delineación Urbana de los últimos tiempos, que entre otras cosas  quisieron tildarle a las construcciones ilegales, cuando sabemos que hay muchas construcciones legitimas en la ciudad”, precisó el cabildante Pión.

 

Por su parte, Oscar Marín Villalba, indicó que es importante conocer el listado de los inmuebles a los cuales las curadurías habrían expedido este tipo de liquidaciones, “la idea es saber cuánto dejaría de recibir la ciudad por este concepto y cuanto se podría recuperar  para mayor inversión social en la ciudad”, dijo.

 

Javier Curi, aseguró frente al tema, que la ciudad se encuentra en mora frente a un nuevo concurso de méritos para elegir Curadores en la ciudad, “la procuraduría sabe que hay un retraso para cumplir con la normatividad para elegir a los responsables del control urbano en  Cartagena, entendiendo que la potestad es del Distrito y que no se le puede entregar la liquidación de un tributo terceros o privados”, precisó durante su intervención.

 

“Somos una ciudad con mayor crecimiento inmobiliario en todos los estratos, pero no entendemos por qué no se pueden cobrar las plusvalías, hoy nos presentan proyectos para modificar el estatuto tributario a retazos, yo he venido insistiendo en medio de esta crisis institucional que es una obligación del Distrito y la Corporación insistir en una nueva estructura tributaria para Cartagena, porque está claro que la que  existe presenta problemas de inestabilidad tarifaria,  y de impuestos regresivos que impiden atender las acumulaciones de necesidades que tiene la ciudad”, agregó Curi.

 

Transcaribe sigue improvisando

 

David Caballero, concejal del partido Conservador,  asegura que el Distrito pretende pignorar el impuesto de Industria y Comercio a cinco años para cancelar cerca de 20 mil millones de pesos a la banca privada para garantizar su operación, “pido  estudios necesarios y que los concejales nos pongamos la mano en el corazón para saber a ciencia cierta qué es lo queremos con Transcaribe,  la empresa nació mal desde que inició su operación, solo recibimos el 4% de la tarifa, es decir 60 centavos por cada persona que utiliza el servicio y en una avenida Pedro de Heredia que le costó a los cartageneros 100 mil millones de pesos”, subrayó.

 

En tal sentido, el Concejal  Dagoberto Macías, dijo que luego de revisar entre hojas el proyecto de acuerdo presentado,  aparece nuevamente la imagen de la improvisación, “no sé si Transcaribe considera o  piensa que pueden  circular,  moverse o crecer  en la ciudad sin articulación, cuando hablamos de chatarrización y solicitan dinero para seguir con el proceso, significa qué rutas existentes saldrán de funcionamiento, pero veo que en el proyecto de acuerdo  no hay ninguna consideración del tránsito, ni mucho menos de espacio público, ni de las alcaldías locales y mucho menos de ninguna instancia del distrito que regulan el tema”, dijo.

 

“Transcaribe funciona porque la avenida Pedro de Heredia se le preparó, de ahí los tiempos para que la gente llegue a sus destinos, pero el resto de la ciudad no está preparada, además de los problemas culturales en los diferentes barrios de la ciudad, entonces no entendemos porque Transcaribe insiste en adentrarse a los barrios cuando tenemos muchos problemas que debemos resolver”, indicó.

 

La mesa directiva citó para sesionar el martes 21 de agosto de 2018, a partir de las 8:30 am.

 

 

 

 

 

 

 

 

Portal: El Grifo Noticias - Director: Juan Carlos Ceron
Cartagena de Indias - Colombia