socializaron presupuesto de 2019

 

En las últimas horas el turno en la sesión ampliada de la comisión de hacienda, presupuesto, cuentas y crédito público; fue para la secretaría de desarrollo regional y ordenamiento territorial, la oficina de gestión social y la empresa Aguas de Bolívar, quienes de acuerdo a lo solicitado por la comisión, presentaron los avances de sus despachos frente a la ejecución del plan de desarrollo, el presupuesto 2018 y la proyección presupuestal para el 2019.

 

El gerente de Aguas de Bolívar, Miguel Torres Scaff, informó a la comisión que en el 2018 se ha avanzado en cobertura con agua potable en los municipios de Santa Rosa sur, San Cristóbal, Arroyohondo y San Jacinto del Cauca, así como los corregimientos de Paiva, Chiricoco, Las piedras, Cascajal, Macayepo, Cañaveral, Ceibal, Doña Juana, Galerazamba, La raya, Hato Viejo y Tacamocho, logrando el 94% en las cabeceras y el 42% en la zona rural.

 

Asimismo, se logró la realización de los rellenos sanitarios regionales de San Cristóbal y del sur, el apoyo en 22 municipios del departamento para reducir el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano – IRCA y el aumento en la cobertura del servicio de aseo con un 54% de avance.

 

Por otra parte informó que el presupuesto definitivo para el 2018 fue de $54.880 millones, de los cuales han sido ejecutados $37.461 millones (68%), que han sido distribuidos en aseguramiento, la suma de $4.909 millones, infraestructura, $31.364 millones y gestión del riesgo de desastres, $1.180 millones.

 

Para la vigencia 2019 fue proyectado un presupuesto de $22.216 millones, los cuales se distribuirán en infraestructura $13.329 millones, aseguramiento $3.443 millones, gestión social $1.888 millones, ambiental $888 y gestión del riesgo de desastres $2.665 millones.

 

Por su parte la secretaria de desarrollo regional y ordenamiento territorial, Genoveva Mogollón manifestó que su despacho ha logrado el 100% en la  implementación del programa de educación ambiental en asocio con la Universidad de Cartagena, la implementación de un plan institucional y gestión ambiental en la sede administrativa y la planificación territorial en sus fases de alistamiento, diagnóstico y formulación.

 

De la misma forma la socialización del programa de planificación territorial avanza en 70%, han sido asistidos 22 municipios en ordenamiento territorial, se ha logrado el 65% de avance en el proyecto de construcción participativa de tecnologías sostenibles para la trasformación de sistemas agropecuarios de pequeños productores, con la entrega de 1200 bovinos, mejoramiento genérico, implementación del sistema silvo pastoril, ensilaje, construcción de reservorios de agua y asistencia técnica a 600 pequeños productores.

 

En el 2018 se tuvo un presupuesto definitivo de $16.186 millones, de los cuales han sido ejecutados $15.505 millones, en los proyectos: alistamiento, diagnostico, formulación y socialización del plan de ordenamiento territorial $1.953 millones, proyecto de repoblamiento bovino $12.651 millones y protección del áreas de importancia estratégica, Caño Constanza $900 millones.

 

Para el 2019 se proyecta un presupuesto de $2.564 millones, los cuales se distribuirán en sistema de áreas protegidas $1.525 millones, educación ambiental $300 millones, asistencia a municipios en ordenamiento territorial $160 millones, apoyo a los planes de desarrollo con enfoque territorial $300 millones, proyecto de pesca artesanal $170 millones, ajuste el esquema de ordenamiento territorial al corregimiento de Tacamocho $180 millones y cofinanciación construcción de infraestructura funcionamiento de San Estanislao $1.301 millones.

 

Finalmente la directora de la oficina de Gestión Social, Ana Milena Jiménez, ha alcanzado metas en su oficina como lo son el 100% en acompañamiento y asistencia a los hogares de la RED UNIDOS con la elaboración de proyectos productivos, implementación de la estrategia de Cero de Siempre en 25 Centros de Desarrollo Infantil, 93% en actividades contempladas en la Política pública de infancia, adolescencia y familia en el departamento, construcción y funcionamiento de ludotecas en 11 municipios.

 

Igualmente la implementación de los proyectos de prevención de embarazos, prevención del abuso y violencia sexual, prevención del trabajo infantil, los encuentros departamentales intergeneracionales, atención a centro de protección del adulto mayor, formación de mujeres en control político y mujeres constructoras de paz.

 

Frente al presupuesto de la actual vigencia, se informó que fueron apropiados $2.702 millones, de los cuales han sido ejecutados $2.692 millones, en los programas de pobreza $412 millones, mujeres $154 millones, niños, niñas, adolescentes y familia $1.872 millones y adultos $251 millones.

 

En la vigencia 2019 se proyecta un presupuesto de $1.845 millones, que se distribuirá en los programas de acompañamiento y asistencia a hogares RED UNIDOS, mujeres productivas, mujeres libre de violencia, apoyo a municipios con enfoque de género, implementación de la estrategia de cero a siempre en los centros de desarrollo infantil, implementación y actualización de la política pública de infancia, adolescencia y familia, prevención del trabajo infantil, encuentros departamentales intergeneracionales.

 

REACCIONES DE LOS DIPUTADOS

Tras las socializaciones, el diputado Jorge Redondo quiso conocer las razones del incremento en el presupuesto apropiado para la empresa Aguas de Bolívar, ya que en la ordenanza aprobada en el 2017, esta tenía una asignación menor. Manifestó nuevamente la falta de coherencia entre el presupuesto presentado por la empresa y lo establecido en el proyecto de ordenanza.

 

Frente a lo presentado por la secretaria de desarrollo regional y ordenamiento territorial, se mostró preocupado al evidenciar ejecución de presupuesto por parte de esta, ya que en la ordenanza de presupuesto para 2018 no se había destinado recursos, puesto que ante el plan de desarrollo no existía y era necesario hacer los ajustes para poder asignar metas.

 

Igualmente recomendó enfocar su asignación en los dos proyectos más importantes para la secretaría como lo son el plan de desarrollo departamental y los planes de desarrollo con enfoque territorial – PDET, ya que son los más avanzados en el país, en lugar de proyectos de pesca artesanal y repoblamiento bovino que son propios de la secretaría de agricultura.

 

De acuerdo a lo socializado por la oficina de gestión social, quiso conocer el impacto en la meta de atención a las familias de la RED UNIDOS y en la reducción de la tasa de embarazo en adolescentes, ya que no se evidencia el número de beneficiarios. Por otra parte, consideró que los trabajos adelantados para la formulación de la política pública de infancia, adolescencia y familia no se constituye como cumplimiento en la meta resultado.

 

Asimismo el diputado Víctor Mendoza indagó sobre el cumplimiento de la meta de fortalecimiento a las comisarías de familias con capacitaciones, si esta no tuvo ningún tipo de inversión y sobre el incremento del presupuesto definitivo.

 

Por su parte el diputado José Hilario Bossio se refirió a los acueductos de Mampujan y otros corregimientos de los Montes de María que a la fecha no han sido ejecutados, pese a tener una sentencia colectiva de obligatorio cumplimiento, así como la falta de inversión para el acueducto y alcantarillado del municipio de Arjona.

 

A su vez, el diputado Elkin Benavides solicitó a la secretaria de desarrollo regional y ordenamiento territorial ampliar la información sobre el proyecto de educación ambiental, en qué consistió y cuál fue su última fase.

 

El concejo de Cartagena de Indias llamó a control político a la Unidad de Gestión de Riesgo del Distrito, a la Secretaría del Interior, Secretaría de Planeación, DIMAR y las capitanías de puertos, encargadas de dar cumplimiento a la legislación relacionada con las actividades marítimas y fluviales,  para que respondan por el incidente de la lancha que se quemó en la marina del Club Náutico de Cartagena, ubicado en el exclusivo sector de Manga, y le digan a la ciudad cuáles son las normas de seguridad  y requisitos   para expedir licencias de concesión, teniendo en cuenta que Cartagena tiene un régimen portuario de acuerdo a la ley de Distritos.

 

Los cabildantes coinciden en afirmar que gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero que los asaltan una serie de dudas frente al tema, teniendo en cuenta que quedó en evidencia las fallas y debilidades que tienen las marinas para afrontar cualquier tipo de emergencia de mayor calado.

 

“Eso demuestra  que no existe coherencia, ni planificación, ni existe una ética  por parte de los funcionarios que otorgan los permisos y las habilitaciones. Un muelle sin hidrantes, sin extinguidores de uso industrial, sin personal calificado, sin entrenamiento para evacuar, con maniobras de peligro cuando acercan el yate al muelle y, una ciudad que no cuenta con zonas de bomberos distribuidas geográficamente, que carece de máquinas para trabajar en alturas, con fortalezas turísticas, con islas y muelles,  nos recuerda que no tenemos un cuerpo de bomberos náuticos en el corralito de piedra”, aseveró, César Augusto Pión González, concejal por el partido de la U. 

 

Por su parte, Óscar Marín Villalba, concejal por el partido Conservador, indicó que es inaudito que este tipo de situaciones se vivan en la ciudad, “vamos a revisar por qué la DIMAR entrega unas concesiones de ampliaciones o de uso particular sin ningún tipo de planes de contingencia, por eso en la sesión de hoy estamos solicitando a la Dimar para que nos explique cuáles son los planes de riesgos y las medidas de seguridad mínimas para garantizar este tipo de operaciones que  salvaguarden  la integridad física de los moradores del sector”, indicó el cabildante.

 

Marín Villalba fue enfático en afirmar que, “no entendemos por qué el Club Náutico no tiene extintores y mucho menos mangueras contra incendios para poder sofocar y  atender  este tipo de situaciones, por eso citamos a  la DIMAR y para que nos expliquen cuáles son los procedimientos para otorgar este tipo de permisos en la ciudad”, concluyó.

 

El concejal por el partido Liberal,  Javier Curi Osorio, dijo que el alcalde debe entender que es una autoridad portuaria, de acuerdo a lo establecido en la ley 1617 y, que en ese nivel de autoridad existen unas competencias que tienen que ver con todos los planes de expansión portuaria, que a juicio del cabildante, las administraciones no lo han querido entender, “de ahí que observemos a cada rato una serie de choques y diferencias entre los diferentes niveles de autoridades para los temas marítimos y portuarios, y si aquí no se tiene en cuenta esa potestad que tenemos, muy seguramente seguiremos haciendo debates y preguntándonos sobre las situaciones particulares de los muelles”, aseveró el cabildante.

 

“Lo que pasó  ayer en Cartagena es una advertencia, uno observa que el parque naviero ha aumentado vertiginosamente y eso nos obliga a tener todas las condiciones de seguridad y salvamento marítimo  adecuados, con el firme propósito de brindar seguridad”, enfatizó Curi Osorio.

 

Por último, el presidente de la corporación edilicia, Wilson Toncel Ochoa, indicó  que es potestad del Distrito autorizar o no las nuevas concesiones marítimas en Cartagena  y que la Dimar tiene autonomía en otorgar  permisos de ampliación en aquellas marítimas cuyas concesiones ya fueron otorgadas por la administración, “yo conozco que en el año 2016 se presentaron varias propuestas para hacer unas marinas  nuevas en la  ciudad de Cartagena y que en su momento el alcalde Manolo Duque negó la posibilidad de crearlas, de ahí la responsabilidad de la Dimar para otorgar los permisos de ampliación”, detalló.   

Para darle continuidad al estudio del proyecto de presupuesto para la vigencia 2019, la comisión de hacienda, presupuesto, cuentas y crédito público, escuchó esta mañana a la secretaría general, liderada por la Dra. Diana Ariza, quien al igual que las demás secretarías presentó la ejecución del plan de acción, del presupuesto 2018 y la proyección planteada para el 2019.

 

En su informe la secretaria general informó a la duma que actualmente las metas de implementación de las funciones del SIGOB, implementación de talleres de atención al público, implementación de un taller de coaching, capacitaciones en fortalecimiento de las competencia labores, modernización de la estructura organizacional, cumplimiento de la Ley de transparencia frente a las publicaciones, avanzan en un 100%.

 

Asimismo la implementación de un plan de comunicación que permita la participación ciudadana avanza en 80%, implementación del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 75%, aplicación de instrumentos para medir el nivel de satisfacción del clima laboral 80%, gestión documental en 99%, inventario físico de bienes devolutivos y de consumo  en 92%.

 

Por otra parte, para la vigencia 2018 fue apropiado un presupuesto de $96.799 millones, de los cuales han sido ejecutados $77.103 millones equivalentes al 79,6%; recursos que fueron distribuidos en función pública $43.308 millones, apoyo logístico $25.820 millones e inversión $7.773 millones.

 

Para el 2019 la secretaría general proyecta un presupuesto de $109.007 millones, los cuales serán destinados para función pública $64.833 millones, apoyo logístico $34.774 millones y para inversión $9.400 millones para desarrollar los proyectos de inventario físico de bienes devolutivos y de consumo, gestión documental, gobierno en línea, aplicación de las TIC, entre otros.

 

Ante lo expuesto el diputado Manuel Berrio quiso saber porque se continua realizando inversión en un programa de gestión documental que ha recibido más de $1.500 millones en los últimos años, cuando se tiene el personal capacitado para realizar las tareas; además solicitó a la secretaría enviar copia del convenio y la justificación de los gastos en el año 2018 y lo que se pretende invertir para el 2019.

 

Por su parte el diputado Jorge Redondo manifestó sus dudas frente a la ejecución y al avance del plan de desarrollo, donde las cifras presentadas no coinciden con las presentadas por la secretaría de planeación y hacienda, con lo cual ha sido reiterativo con las demás secretarías, en la necesidad de coordinar los informes presentados para tener seguridad de los mismos.

 

Quiso saber además cuál es la correlación planeación frente a presupuesto, ya que tras los ajustes realizados a las metas del plan de desarrollo, hoy las metas que presentan bajo porcentaje avance, no tienen mayor presupuesto para ejecutarlas.

 

Finalmente, consideró necesaria la presencia del secretario de hacienda como único interlocutor entre la corporación y el gobernación departamental para el estudio del presupuesto en todas las sesiones donde se discuta el tema, ya que son muchas las dudas que presentan los diputados y ponentes, que no pueden ser resueltas por otros funcionarios de la secretaría de hacienda, lo que impiden el avance del estudio del proyecto.

 

 

Mucha preocupación generó en la plenaria del concejo el último incidente registrado en la Bahía de Cartagena, donde un yate se incineró en cercanías al barrio Manga.

 

El cuerpo edilicio de esta capital llamó la atención sobre el manejo del siniestro y la poca infraestructura para sofocar el fuego que amenazó con extenderse a otras embarcaciones.

 

Para César Pión, cabildante de la U, el hecho reflejó escasas herramientas bomberiles  al servicio de este tipo de emergencias, y demuestra que no existe coherencia ni planificación por parte de los funcionarios que otorgan los permisos y las habilitaciones para los embacaderos. "Vemos un muelle sin hidrantes, sin extintores de uso industrial, sin personal capacitado. Aparte de eso la ciudad carece de zonas de bomberos distribuidas geográficamente, máquinas de altura y siendo Distrito Turístico no tenemos bomberos náuticos", manifestó el concejal.

 

Al término de la sesión fueron invitados los titulares del Cuerpo de Bomberos y la oficina de Gestión del Riesgo en Cartagena, para revisar planes de contingencia y mirar de qué forma se fortalece presupuestalmente el servicio institucional ante eventualidades como la del yate en Manga.

 

Visiblemente contrariado   se mostró el concejal por el partido Conservador, Oscar Marín  Villalba, de ver como el Distrito no ha presentado a la fecha el detalle cuadro comparativo de ejecuciones de las vigencias fiscales  2016, 2017 y lo que va del 2018, al considerar que es imposible iniciar un estudio juicioso del presupuesto, sino se tienen los avances de los proyectos aprobados en el Plan de Desarrollo Primero la Gente 2016-2019.

 

 “Por enésima vez he solicitado de manera detallada  la ejecución del presupuesto por parte del Distrito, es imposible llegar a sesión y sentarse con los funcionarios de despacho a escucharlos, cuando nosotros no tenemos los cuadros comparativos de inversiones de las vigencias anteriores , para saber a ciencia cierta qué es lo que vamos a trabajar para el 2019, por eso el llamado de forma enérgica a la Secretaría de Hacienda  para que nos entreguen la información y a la Secretaría de Planeación para que nos hagan llegar las certificaciones de los proyectos ejecutados a la fecha”, subrayó.

 

“La idea es saber cuáles son los Secretarios que están haciendo la tarea, de tal manera que podamos seguir entregándole los recursos y cumplan con lo misional de su despacho, pero que aquellos que no han cumplido con la tarea, para que entregarles recursos si sabemos que les ha quedado grande el cargo y los retos de sacar adelante a Cartagena”, detalló.

 

 

 

 

 

            

 

          

 

 

 

Portal: El Grifo Noticias - Director: Juan Carlos Ceron
Cartagena de Indias - Colombia