En un término de 10 días, el Distrito deberá entregar al Concejo de Cartagena, un plan estratégico donde logre prever y definir la situación habitacional de la población afectada por la tragedia del barrio San Francisco y personas que viven en calidad de damnificados por fenómenos geológicos y ambientales en la ciudad.

 

Gracias a la Proposición número 004 presentada por el concejal, César Pión, se citó esta mañana a la jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Laura Mendoza; la secretaria de Hacienda, Sibila Carreño; la secretaria de Infraestructura, Clara Calderón; el jefe de la Oficina Jurídica, Milton Pereira; el secretario de Planeación, Irvin Pérez  y el gerente de Coorvivienda, William García, para resolver las inquietudes que se han suscitado debido a las múltiples denuncias verbales y escritas que han sido publicadas en algunos medios donde los damnificados exigen que se resuelva su situación.

 

La proposición consta de 18 puntos donde se cuestiona la cuantificación real de las familias  afectadas, cuánto le han desembolsado a cada uno, quiénes son los que tienen vivienda y cuántos de ellos fueron reubicados y por último cuál será la política pública para atender a todas estas personas.

 

De acuerdo con las respuestas de los funcionarios del Distrito, se coincidió en que la cifra total de atención a las familias va por más de 5 mil millones de pesos, en los cuales han atendidos a más de 1600 familias y más de 600 de ellas actualmente se benefician con subsidios de arrendamiento por valor de 1010 millones de pesos de manera trimestral. De igual forma, se han reubicado en zonas como Ciudad del Bicentenario, Sinaí, La Paz, entre otras zonas.

 

Al recinto también asistieron líderes comunales del barrio San Francisco, San Bernando y el Pozón, estos últimos afectados por la ola invernal  de 2004 y 2007, quienes le expresaron al Concejo su preocupación por el retraso en el pago del subsidio de vivienda, la pérdida de documentos en la dependencia de la Oficina de Riesgo a la hora de tramitar sus registros, la poca asignación de números de viviendas para damnificados en convocatorias para proyectos de vivienda.

 

Por su parte, el concejal César Pión, ponente de la proposición se refirió al debate de control político como una oportunidad que tienen los funcionarios para lavarse las manos. No sólo deben responder el cuestionario y listo sino que deben traer un plan que claramente muestre qué va pasar con estas familias.

 

“Se muestra la falta de planificación. Cada dependencia seleccionó las preguntas del cuestionario que le correspondía y las contestó. Debieron responder como una administración cohesionada que trabaja en equipo, porque la Alcaldía son todos, no dependencias sueltas”, expresó el cabildante, quien agregó además que “no puede seguir pasando que mandos medios en el Distrito sigan negociando con las necesidades del pueblo y que de una vez por todas, la oficina de Gestión del Riesgo del Distrito utilice los recursos para prever tragedias como esta y no para pagar subsidios de arriendo. Necesitamos una solución definitiva para estas familias que ya van a cumplir 10 años sumidos en esta difícil situación”.

 

 

 

 

 

 

 

El Concejal Rodrigo Reyes fue elegido Primer vicepresidente  del oncejo Distrital de Cartagena.

 

La elección y posesión del cargo, se realizó la mañana de este lunes en el seno de la corporación edilicia.

 

Cabe señalar que a raíz de la detención domiciliaria e intramural de al menos 10 concejales, el concejo quedó debilitado en la ciudad.

Ante las noticias publicadas por un medio de comunicación local debido a la decisión de terminar de forma bilateral las Unidades de Apoyo de los concejales que afrontan una medida de aseguramiento, Wilson Toncel Ochoa, presidente del Concejo de Cartagena, recalcó que la decisión se ajusta a la ley.

 

 “Desde que asumí esta Presidencia he venido diciendo que no me separaré ni un milímetro de la ley y que pese a los sentimientos de tristeza y preocupación que nos invaden por todo lo que viven nuestros compañeros y, hoy, sus colaboradores más cercanos, debo asumir posiciones ajustadas al derecho, que sé, no siempre serán acatadas y compartidas como hoy está sucediendo”, aseguró Toncel Ochoa.   

 

Explicó que el fundamento legal que regula la creación de las Unidades de Apoyo Normativo, se encuentra previsto en el artículo 78 de la Ley 617 de 2000 y en el caso puntual del Concejo de Cartagena de Indias, las mismas no hacen parte de la planta de personal o estructura orgánica de la corporación. “Estas unidades se contratan a través de Contratos de Prestación de Servicios y para este año 2018, la contratación se realizó por el término de diez (10) meses”, indicó.

 

“Si revisamos, nos encontramos con conceptos emitidos por entidades como Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital de Bogotá que al absolver una consulta frente al tema relacionada a la permanencia de las Unidades de Apoyo en el Concejo de Bogotá, ha manifestado que:

 

“Así las cosas, se considera que las Unidades de Apoyo Normativo existen mientras el Concejal que tiene derecho a la Unidad de Apoyo, esté ejerciendo el periodo constitucional para el cual fue elegido.

 

Es importante precisar que la citada Ley 617, que contempla la posibilidad de la existencia de las Unidades de Apoyo Normativo, dispone que estén sujetas al periodo de los concejales, apoyándolos en el ejercicio de sus funciones”.

 

Continuó advirtiendo el cabildante que de la lectura de las minutas de los contratos suscritos con cada una de las Unidades de Apoyo del Concejo de Cartagena se entiende que sus obligaciones específicas son:

 

-          Apoyar al honorable concejal en el proceso de organización, manejo y archivo de las comunicaciones internas y externas que debe emitir, en especial la atención a las peticiones formuladas por la comunidad y los entes de control y el desarrollo de las actividades inherentes al cargo.

-          Revisar, estudiar y diagnosticar el estado en el que se encuentran los proyectos de acuerdo que le sean asignados.

-          Apoyar al honorable concejal  en cada una de las gestiones técnicas asignadas.

-          Prestar el apoyo necesario para la actividad normativa, investigativa y de control político de la corporación.

-          Cumplir lo pactado en este contrato con suma diligencia y cuidado, ejecutando de manera oportuna e idónea su objeto dentro de los plazos estipulados y las demás que sean asignadas por el supervisor.

-          El contratista se obliga a presentar los resultados de su gestión mediante certificación de cumplimiento del objeto contractual que deberá ser evaluado por el honorable concejal.

 

 

Resalta el Presidente de la Corporación, que el objeto del contrato reza de manera textual: “Prestación de Servicios Profesionales en la Unidad de Apoyo del Honorable Concejal”.

 

“Razón por la cual, si hoy en día los concejales enfrentan y cumplen una medida de aseguramiento que no les permite ejercer como tal, consecuencialmente tampoco es posible que las unidades de apoyo de cada uno de ellos preste sus servicios al Concejo de Cartagena, más, cuando es el mismo concejal quien ejerce la supervisión de los contratos y es quien certifica el cumplimiento de las obligaciones contraídas”, subrayó.

 

“Siendo consciente de lo dicho y cumplidor del deber que me asiste como Presidente los he invitado a suscribir un acta de terminación bilateral del contrato, puesto que es evidente que nos encontramos ante una causal de terminación anticipada del contrato o como lo ha dicho la jurisprudencia; ante un modo anormal de terminación de contratos de la administración, la cual es la imposibilidad de ejecución del objeto contratado”, recalcó.

 

Toncel Ochoa citó la sentencia 20968 de 2012 del honorable Consejo de Estado  donde manifestó:

 

“Modos anormales de terminación de contratos de la administración. «(…) a).- desaparición sobreviniente del objeto o imposibilidad de ejecución del objeto contratado; b).- terminación unilateral propiamente dicha; c).- declaratoria de caducidad administrativa del contrato; d).-terminación unilateral del contrato por violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades; e).- desistimiento -o renuncia-, del contratista por la modificación unilateral del contrato en cuantía que afecte más del 20% del valor original del mismo; f).- declaratoria judicial de terminación del contrato; y h).- declaratoria judicial de nulidad del contrato. (…)»”

 

“Haciendo este recuento normativo y jurisprudencial, quiero dar claridad que no estoy presionando y mucho menos acosando a los miembros de las Unidades de Apoyo, quienes comprendo hoy se preocupan por el sustento de sus familias. Simplemente, en aras de no utilizar una medida tan drástica de terminar unilateralmente el contrato, los he invitado a suscribir un acta de terminación, que conlleva su liquidación, para determinar el valor pendiente por pago”, advirtió.

 

“Ahora bien, en los pasillos del Concejo se corría la teoría de poder suspender los contratos por un tiempo determinado, dado que la medida que hoy tienen los concejales es provisional. Sin embargo, luego de realizar las respectivas consultas jurídicas, nos llevaban todas a concluir que lo propio era la terminación del contrato por la imposibilidad de ejecutar su objeto y concluyéndose que la suspensión del contrato no era viable, pues la misma no se puede hacer en forma indefinida y sería indefinida, puesto que no tenemos la certeza de un tiempo en días o meses, en el que se dará el reintegro de los compañeros a la corporación”, dijo.

 

“La pregunta que nos surgía era ¿Qué debe hacer el Concejo Distrital de Cartagena de Indias  cuando hay imposibilidad de ejecutar el contrato estatal? Y la respuesta no las dio la misma jurisprudencia (Sentencia del Consejo de  Estado del 31 de agosto del 2015, magistrado ponente Hernán Andrade Rincón) que de manera reiterada ha dicho:

 

 “Ante la imposibilidad material de continuar con su ejecución, el paso a seguir indefectiblemente debía encaminarse a que las partes efectuaran las gestiones pertinentes para proceder a su liquidación dentro del plazo concedido por la ley.

 

De cara a la imposibilidad de culminar el objeto del contrato en el término señalado por la circunstancia advertida, las partes han debido, de un lado, efectuar oficialmente una suspensión del contrato -siempre que aún se encontrara vigente- precisando el término de la misma y la fecha prevista para su reanudación -lo cual en el caso no ocurrió- o, ante el impedimento de determinar con exactitud el período que habría de demorar la ejecución de la obras requeridas (que en el caso fue de 4 años), han debido realizar las gestiones pertinentes para liquidarlo ya fuera bilateral o unilateralmente en el estado en que se encontrara, sin que, se reitera, fuera posible jurídicamente dejar su ejecución en el limbo”.

 

Toncel Ochoa explicó que al no existir una fecha, un término exacto para reanudar con exactitud el contrato, la presidencia, con todos los conceptos jurídicos y estudios realizados, decidió darlos por terminados y en el mismo documento determinar la respectiva liquidación y determinación de saldos a favor del contratista.

 

“Si bien es cierto, que la ley estipula un plazo de hasta 4 meses para su liquidación, ello, sucede cuando nos encontramos ante la terminación normal de los contratos. Siendo conocedor de la ley sé que este tipo de contratos no requieren liquidación, pero por encontrarnos frente a una terminación anticipada, se aprovechó para dejar constancia de los valores ejecutados y pagados”, sostuvo.

 

“Por último, aclaro que a través de correo electrónico invité, convoqué a los contratistas a hacer la terminación de común acuerdo ya que no es oportuno dejar en suspenso estos contratos y se estableció el termino de 2 días para que se acercarán a la corporación. Si en dado caso no logramos firmar bilateralmente, nos tocará hacerlo de manera unilateral, pues hoy en día nos encontramos ante la imposibilidad de ejecución del objeto contratado. Aclaro, no estoy acosando, estoy cumpliendo con lo que me toca, amparado en la ley y buscando actuar de manera transparente, en pro de la corporación”, puntualizó.

Con el objetivo de analizar la posible evasión del pago del impuesto para avisos y tableros, y el crecimiento descomunal de vallas y avisos de publicidad que incumplen las normas establecidas, el concejal César Pión González presentó una proposición con el fin de solicitar informaciones pertinentes a los Alcaldes Menores, la Secretaría de Hacienda, la Gerencia de Espacio Público, la Secretaría de Planeación, y al Establecimiento Público Ambiental (EPA).

 

La proposición está enfocada en recopilar información con relación de los pagos de impuestos de avisos y tableros de 2017 y 2018 de establecimientos de comercio, industriales, de servicio, y dotacionales; la relación de las vallas y tableros electrónicos ubicados en cada localidad y cuál es la empresa o persona que usufructúa la valla o tablero; la relación de los paneles publicitarios que sean parte integral del mobiliario urbano, entre otros aspectos.

 

“Cualquiera genera un aviso de publicidad y usufructúa los recursos. Uno ve que cada día va creciendo la publicidad en construcciones, en sitios cerrados, y en cualquier parte y no sabemos cuál es su destino. Contrario a eso, este mismo Concejo reglamentó el uso de la publicidad, en postes, en paredes, propaganda política; y cuando esto crece y se genera, lógicamente nosotros afrontamos y aceptamos las críticas que se hacen para el desalojo de esta publicidad, que independiente que sea política o no, es una contaminación visual al medio ambiente”, argumentó Pión González.

 

Así mismo, el concejal del Partido de la U, anunció que presentará un proyecto de acuerdo por medio del cual se implementa la presentación del informe de gestión de las oficinas de control interno del orden centralizado y descentralizado ante el Honorable Concejo Distrital.

 

Según Pión, el propósito de este proyecto es “visualizar los alcances logrados y las recomendaciones presentadas por la oficina de Control Interno con el Distrito a fin de realizar un proceso de retroalimentación para el ejercicio de control político y fortalecer los procesos de prevención de la corrupción por parte de todos los funcionarios públicos de la administración Distrital”.

 

Revisión de trámites para subsidios de vivienda

 

Por otra parte, el concejal Rafael Meza Pérez, basado en un comunicado de prensa de un medio local, en el que se anuncia la inconformidad de los residentes de los edificios construidos por los Quiroz con relación a los trámites para entrega de subsidios, anunció que presentará una proposición con el fin de citar al secretario Jurídico del Distrito, a la directora de la Oficina de Gestión del Riesgo, al Defensor del Pueblo, al Personero Distrital, y a los inquilinos de los apartamentos.

 

“Sería bueno saber por parte del Personero Distrital o del Defensor del Pueblo, el estado en el que va el proceso judicial que se encuentra, si no estoy mal, en el juzgado tercero civil municipal. Algo también preocupante es que a estas familias también les prometieron un acompañamiento psicosocial y tengo entendido que hay un contrato de 300 millones de pesos para contratar estos profesionales pero a los inquilinos y propietarios no se les ha prestado este acompañamiento psicosocial”, indicó Meza Pérez.

 

De igual forma, el concejal, Javier Curi Osorio apoyó la iniciativa y manifestó la importancia de conocer el estado de las familias afectadas con el desplome del edificio de Blas de Lezo.

 

El cabildante, por su parte, Vicente Blel Scaff, aseguró que la bancada de Cambio Radical también ha trabajado con base en el tema, y se suma a la proposición de Meza Pérez con la propuesta de incluir la solicitud del informe realizado por la Universidad de Cartagena para conocer el estado de los edificios construidos por los Quiroz.

 

“También sería bueno saber en qué estado se encuentra el nuevo estudio que están haciendo para ver si efectivamente este tipo de edificaciones son habitables o no”, afirmó Blel Scaff.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A estudio de la comisión tercera en el órgano coadministrador, pasará un proyecto de acuerdo mediante el cual se regulan tarifas y se verifica el estado de los parqueaderos en el distrito de Cartagena. La iniciativa radicada ante secretaría general del concejo por el cabildante, César Pión, está acompañada de una carta para el alcalde mayor, Sergio Londoño Zurek, donde lo conmina a revisar el proyecto para su posterior aval.

 

Según el proponente, lo que se busca es implementar la obligatoriedad de adquirir la licencia otorgada por espacio público, al igual que la inscripción en la Cámara de Comercio del lugar en el que cumple su objeto comercial. La idea es regular las tarifas teniendo en cuenta la ubicación, la capacidad operativa y las disponibilidades técnicas y de dotación de los establecimientos que prestan el servicio de estacionamiento. Así mismo se fijarían políticas de seguridad y determinaría la obligatoriedad de pólizas  para cubrir daños.

 

"Los cartageneros tienen que saber que hay una corporación pendiente a sus intereses, por eso el cobro de los parqueos tiene que ser por minuto para proteger la canasta familiar. No podemos mal interpretar la libertad de empresa como un derecho pleno, ya que esta debe ser encaminada al bien común y a la prestación de un servicio eficiente y seguro. En el tema que nos ocupa, los parqueaderos públicos no pueden imponer su autonomía, extralimitándose en el precio de tarifas que no concuerdan con el tiempo y el servicio prestado", señaló el concejal Pión.

 

 

 

Portal: El Grifo Noticias - Director: Juan Carlos Ceron
Cartagena de Indias - Colombia