Después de debatir nuevamente sobre la situación de los salvavidas y de otros temas como las construcciones que afectan el patrimonio, los concejales de la ciudad exigen a la Alcaldía cumplir con los Acuerdos Distritales, y piden a los organismos de control hacer más presencia en cada debate.

 

Los cabildantes aseguran que en múltiples ocasiones el Concejo ha dado sugerencias y recomendaciones a los funcionarios Distritales, y éstos han hecho caso omiso de las mismas.

 

Se declaró sesión informal permitiendo la participación de Laura Cantillo, directora de la Veeduría Nacional Afrocolombiana, quien aseguró que Distriseguridad ya firmó un contrato con la Defensa Civil para la prestación del servicio de salvamento en las playas. A su vez, argumentó que ese contrato va en contra de la Ley 1575, que dice que las acciones de rescate deben estar a cargo del Cuerpo de Bomberos.

 

Así mismo, Alexander Rosales, salvavidas de la ciudad, pidió a la plenaria les ayuden a resolver la situación que presentan, pues muchos de sus compañeros están pasando por dificultades económicas.

 

“También quiero decir que Gaspar Cabeza, quien asistió el viernes al debate sobre los salvavidas no es representante nuestro, sino el abogado de Corpresermar, la corporación que nos contrataba, y que presentaba irregularidades en cuanto a los pagos y a las afiliaciones nuestras a la seguridad social”, añadió.

 

A partir de las declaraciones de estas personas, el concejal Javier Curi Osorio expresó que éste y otros problemas de ciudad son causados por la crisis administrativa pública. De igual manera, comentó: “Nos hemos dado cuenta de que las decisiones del Concejo no son tenidas en cuenta por la administración Distrital, pues vemos que los Acuerdos Distritales no son cumplidos, a lo cual hay que prestarle mucha atención. En este sentido, considero que ya es hora de hacer uso de la herramientas legales como las mociones de observación”.

 

El concejal Erich Piña Feliz nuevamente lanzó la alerta de lo que les podría suceder a los bañistas por la ausencia de salvavidas, resaltando que se le ha solicitado el cierre de las playas al Alcalde (e) mientras se contrate al personal que prestará el servicio, y éste no ha atendido a la petición hecha por el Concejo.

 

“Los contratos por OPS no son los adecuados para este tipo de servicio. Por eso es necesario crearles el cargo, y que cuenten con todas las condiciones adecuadas para laborar. Hoy hago un nuevo llamado a la Alcaldía para que cumpla el Acuerdo 020 de 2016, que reglamenta y ofrece todo el término legal para la contratación de los salvavidas”, dijo Piña Feliz.

 

Edgar Mendoza Saleme, por su parte, elevó a una proposición la solicitud de los siguientes documentos a Distriseguridad para analizar a profundidad el contrato con la Defensa Civil: copia del contrato, disponibilidad presupuestal, estudios previos, certificación de personal idóneo de la Defensa Civil para el desarrollo de esa labor, ente otros.

 

Entre tanto, César Pión González, hizo un análisis del tema desde tres ópticas: la del usuario, quien disfruta de las playas y necesita protección; la del protector, que es el Estado que garantiza el salvamento a través de la contratación de personal idóneo; y la de los prestadores del servicio, quienes deben tener las condiciones físicas, emocionales y mentales para el desarrollo del trabajo.

 

Pión González también propuso la creación de una mesa de trabajo organizada por el concejo: “El Concejo debe organizar una mesa de trabajo en la que participen la mesa directiva, los concejales citantes de la proposición, el Alcalde, Distriseguridad, el Cuerpo de Bomberos, la representante de la Veeduría, y los representantes de los salvavidas para que se busque una solución para esta situación con base en el Acuerdo 020 de 2016”.

 

Rafael Meza Pérez apoyó a su colega y agregó a la proposición, que dentro de la mesa de trabajo también deben participar el Secretario Jurídico de la Alcaldía, el Cuerpo de Bomberos, Corpoturismo, Centro Regulador de Urgencias, Secretaría del Interior, y la Policía Metropolitana de Cartagena.

 

La Alcaldía no atiende las sugerencias del Concejo

 

El cabildante, David Caballero Rodríguez, pidió al Alcalde (e) se tomen decisiones de fondo sin desconocer la labor de control político del Concejo y las sugerencias que a diario se hacen desde la Corporación para el mejoramiento de las problemáticas de la ciudad.

 

Rodrigo Reyes Pereira, concejal del Partido Conservador, apoyó a sus colegas manifestando su preocupación porque la Alcaldía con sus directores y secretarios no atienden a los que el Concejo les dice. “Que quede constancia ante los entes de control de lo que venimos diciendo, y el Alcalde no cumple. Además, debemos tomar decisiones porque la Alcaldía no hace presencia en el Concejo, no hay un enlace, no nos escuchan. Solicitamos también que la procuraduría tome atenta nota de lo que está sucediendo”, complementó.

 

Los concejales David Dáger Lequerica, y Lewis Montero Polo, aseguraron que en la Corporación se han hecho debates de control para evitar que los constructores avancen en sus proyectos que afectan el patrimonio histórico y cultural, pero que no ha pasado nada.

 

“Lo del edificio del Paseo de Bolívar se tocó el año pasado, cuando aún no habían comenzado a construir. En ese momento hicimos algunas sugerencias como la suspensión del avance de la obra, pero no pasó nada. Y ahora, que ya hay una torre construida, entonces están encendidas todas las alarmas. Por tal motivo, solicito al Secretario del Concejo entregue copia de todas esas actas al Alcalde y a los medios de comunicación para que se conozca lo que en su momento sugerimos, y que no pasó nada”.

 

Por su parte, Duvinia Torres Cohen, exigió el cumplimiento de los Acuerdos Distritales para el correcto funcionamiento de las dinámicas de la ciudad. “Nosotros le hemos cumplido a la ciudad porque aprobamos el acuerdo 020, ahora lo que hay que hacer es cumplirlo. Solicito que cuando se aprueben acuerdos en esta Corporación, se envíe copia a los organismos de control para que hagan un seguimiento del cumplimiento de los mismos”. De igual forma, pidió se coloquen tablillas para el delegado de la Procuraduría y el enlace de la Alcaldía en las curules dispuestas para los citados,  quienes deberían estar a diario en las sesiones, al igual que la Personería y la Contraloría.

 

La concejal Judith Díaz Agámez manifestó: “Es necesario que se cumplan los acuerdos Distritales, pero también las sugerencias que damos en las sesiones y debates a los funcionarios.  Sería bueno que se resuman las sugerencias y compromisos, y se les entregue copia a cada funcionario”.

 

Nuevamente, el presidente del Concejo declaró sesión informal para otorgarle la palabra a Rita López, delegada de la Personería, quien expresó su apoyo a las iniciativas de los concejales de pedir el acompañamiento de los organismos de control en cada sesión, e indicó que hará un llamado al Personero Distrital para que envíe un representante a diario a la Corporación.

 

Revisión de la destinación de la estampilla Años Dorados

 

Se declaró sesión informal para permitir que Teobaldo Cavadía, presidente de Capimayor, expresara algunas inquietudes y peticiones para los honorables concejales con relación a la revisión de la destinación de los recursos de la estampilla Años Dorados en las últimas cuatro vigencias fiscales.

 

“Queremos que se esclarezca el saqueo que se ha tenido con el dinero de la Estampilla Años Dorados, pues es un recurso destinado para el fortalecimiento de los programas del adulto mayor, y lo que vemos en realidad es que los centros de vida están en muy malas condiciones, y el desarrollo de los programas no se ha dado de acuerdo a la política pública del adulto mayor”, expresó Cavadía.

 

César Pión González, segundo vicepresidente del Concejo, solicitó se le dé traslado a la denuncia de Teobaldo Cavadía sobre los “saqueos” de la estampilla Años Dorados a los organismos de control.

 

Finalmente Javier Curi Osorio instó a Duvinia Torres Cohen, a Judith Díaz Agámez, y a Américo Mendoza Quessep, concejales que junto a él hacen parte de la comisión mixta sobre el adulto mayor, a realizar una reunión con los representantes de Capimayor para hacer el seguimiento a los programas de este grupo poblacional.

 

Además, hizo referencia a una noticia donde el Alcalde (e) anuncia que en 15 días se tendría licencia para la protección costera, y que le solicitó a la Secretaría de Hacienda que presente un proyecto de Acuerdo en el Concejo y uno de ordenanza para el Gobernador Dumek Turbay para que la mega obra no tenga los costos de impuestos y así ahorrar una parte del presupuesto.

 

“Recibimos con beneplácito todas las mega obras pero que no podemos en consecuencia sacrificar ni reducir nuestro presupuesto que tiene destinación específica para el gasto social, y en particular  para lo que tiene que ver con la política de envejecimiento y vejez de nuestra población principalmente de estrato 1 y 2”, advirtió Curi Osorio.

Con un llamado a los órganos de control para iniciar las investigaciones correspondientes sobre contratos efectuados por Transcaribe, concluyó el debate que pretendía analizar la situación administrativa y el impacto en el servicio del Sistema Integrado de Transporte Masivo cartagenero.

 

El debate inició con la intervención de Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, quien reveló varios detalles concernientes a la operación y recaudo de la empresa. Por ejemplo dijo que actualmente no se tiene un 100% de operatividad porque faltan 108 vehículos que entrarían a cubrir 7 rutas previstas para un aproximado de mes y medio.

 

Así mismo se refirió al polémico proceso de chatarrización precisando que a corte 4 de octubre de 2017, se desintegraron un total de 503 buses de transporte colectivo, a falta de 1089 más que valdrían a los operadores $160 mil millones (cifra sujeta a cambio por la inflación).

 

Sobre el conflicto de Smarmatic y Dataprom, (COLCARD), encargado del recaudo y tecnología en el sistema, continuaron los señalamientos entre representantes legales. La disputa interna por el negocio entre las dos firmas se evidenció una vez más en el auditorio de sesiones.

 

Para el concejal de la U y citante del debate, César Pión, es necesario que el distrito evalúe la caducidad del contrato con COLCARD para que Cartagena pueda tener tranquilidad y no poner en peligro algo tan importante como los pagos por el servicio.

 

"Es urgente que haya un pronunciamiento de los órganos de control sobre el tema Transcaribe, la ciudad se preocupa por las fallas en el sistema y nosotros también por la importante cuota de recursos que hemos entregado; no aprobaremos más dinero mientras no haya una claridad de cómo se han invertido los aportes del erario", manifestó el cabildante.

 

Antes de concluir el debate, la mesa directiva se comprometió a hacer seguimiento y solicitar resultados de las investigaciones.

              

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

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