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Minutos antes de la audiencia de adjudicación, la Alcaldía de Cartagena declaró como “No Hábiles” a 2 oferentes que inicialmente cumplían los requisitos.

Funcicar hace un llamado a la Alcaldía en aras de lograr procesos de selección incluyentes.

 

Las jornadas académicas de los colegios públicos de Cartagena fueron suspendidas durante cuatro días por la falta de personal de aseo. Al menos 125 mil estudiantes distribuidos en 104 instituciones educativas oficiales no recibieron sus jornadas escolares completas.

 

Las directivas docentes señalaron que por la acumulación de basuras en los baños y en salones de clases “no había condiciones pedagógicas” para desarrollar las clases y cuestionaron los trámites del distrito para contratar al nuevo operador.

 

Funcicar hizo un seguimiento al proceso de contratación de aseo para verificar las condiciones en las que se realizó.

 

El trámite para dar inicio a este contrato tardó 7 días a partir de la fecha de su adjudicación. El 11 de abril de 2018 la alcaldía adjudicó mediante licitación pública, el contrato LP-UAC-003-2018 cuyo objeto es la “prestación integral del servicio de aseo para las sedes educativas del distrito y para las áreas administrativas de la Alcaldía de Cartagena de Indias” por un valor de $4.453.710.006, que incluye un total de 704 aseadores: 144 para sedes administrativas y 560 para IEO, y una duración de 4 meses para las IEO y 6 meses para sedes administrativas.

 

Cuestionamientos de los proponentes

La empresa Mayordomía y Servicios S.A. fue la ganadora del proceso.

 

En esta licitación pública, cuatro empresas presentaron sus propuestas económicas. Sin embargo 52 minutos antes de la audiencia de adjudicación, la alcaldía de Cartagena declaró como “No Hábiles” a los oferentes Centro de Aseo Mantenimiento Profesional S.A.S y Asear ESP, los cuales de manera inicial habían cumplido con todos los requisitos.

 

De igual forma el distrito rechazó la propuesta de All Cleaning S.A.S por no aportar todos los ítems de la propuesta económica.

 

Esta declaratoria de inhabilidad conllevó a que solo el contratista Mayordomía y Servicios S.A. pudiera participar con garantías de elegibilidad en el proceso de licitación, situación cuestionada por los demás oferentes, quienes aludieron falta de garantías para defender con suficiente tiempo sus propuestas.

 

Funcicar hace un llamado a la alcaldía, para que, en aras de lograr procesos de selección incluyentes, hagan público en SECOP de manera oportuna las falencias encontradas en las propuestas, a fin de requerir los documentos necesarios para subsanarlas. Esto, con el propósito de garantizar el mayor número de ofertas hábiles para participar.

 

“Hacemos un llamado para que se cumpla la ley 1882 de 2018, la cual establece que se deben solicitar los documentos de carácter subsanable para garantizar la mayor participación posible de oferentes. Vemos que en este caso no fue cumplida esta obligación, lo que dio como resultado la exclusión a última hora de tres empresas; situación que afecta la democratización de la contratación”, señala el informe de seguimiento al contrato.

Con la presencia de la directora del DADIS, Adriana Meza Yepes, el Concejo de Cartagena abordó el tema de la salud en especial, lo que corresponde a las enfermedades producidas por contagio animal como la leptospiroris. En la discusión surgieron varias iniciativas.

 

El debate de control político citado mediante proposición N° 020, sirvió de escenario para escuchar a la familia de los jóvenes fallecidos en el barrio El Pesebre, Romario y María Camila Guerrero, quienes perdieron la vida por sufrir esta patología. Según los intervinientes, no se tomaron las medidas necesarias de forma oportuna para evitar las dos pérdidas humanas. No obstante, Meza Yepes expresó en su presentación que sí se ha realizado acompañamiento a la novedad y que no hubo en principio, un reporte de los centros asistenciales para activar los protocolos establecidos en casos de leptospiroris.

 

 *Descentralizar la salud*

 

Como un mecanismo que permita mejorar el servicio de salud en Cartagena, César Pión, cabildante de la U, pidió trabajar en el proceso de descentralización para darle más herramientas jurídicas y presupuestales al organismo de salud.

 

"Ni el país y ni Cartagena han podido encontrar el modelo idóneo que salve vidas y logre estabilidad. Hoy proponemos entregar el manejo de la promoción y prevención a las universidades que tengan facultades de medicina y requerir a la ESE un monitoreo público mensual. Son propuestas sanas con el único propósito de beneficiar a la ciudadanía", declaró Pión.

Luego del debate realizado para conocer la situación real de los damnificados de los edificios construidos por el clan Quiroz, y el estado del proceso de entrega de subsidios de arriendo, el concejal Rafael Meza Pérez, pidió formalmente a la Defensoría del Pueblo y  a la Personería resguardar los derechos de las familias afectadas.

 

Meza Pérez, concejal citante, aseguró que lo importante en medio de esta situación es buscar soluciones claras para las personas afectadas, y que tanto el Distrito como las entidades de defensa de los derechos de los ciudadanos deben unirse para continuar salvaguardando las vidas y los derechos de estas personas.

 

“Queremos que el Defensor del Pueblo y el Personero se comprometan a resguardar los derechos de las víctimas, de los inquilinos, y que estos no sean violentados en su derecho. Instó al Distrito a comprometerse a conseguir los recursos porque estamos hablando desde hace casi seis meses que se le van a dar unos subsidios mensuales, y hoy me preocupa que no sabemos si realmente están ahí”, indicó Meza Pérez.

 

A su vez, el cabildante César Pión González manifestó su preocupación porque el plan de acción frente a la calamidad pública y el contrato con la Universidad Nacional para un nuevo estudio del estado de los edificios al parecer aún no están definidos, lo que atrasa el  cumplimiento de la orden judicial emitida el 30 de enero de 2018.

 

Finalmente, Pión González presentó una proposición por medio de la cual solicita a la oficina de Control Interno, a la Personería, a la Contraloría, y a la Defensoría, evaluar el plan de acción que se realice y desarrolle en beneficio de lo damnificaos.

 

Exposición de los funcionarios

Algunos funcionarios del Distrito tuvieron la oportunidad de explicar todo el proceso que se ha vivido en Cartagena desde el 27 de abril de 2017 cuando se desplomó el edificio Portales de Bas de Lezo 2.

 

Irving Pérez, secretario de Planeación, fue el encargado de hacer un recuento cronológico de las acciones de la administración frente a la declaratoria de calamidad pública. Afirmó, entre otras cosas: “Para el Distrito no ha sido una situación fácil. Entendemos que el nivel de afectación ha sido alto, pero hemos trabajado para garantizar la vida y la integridad de las personas”.

 

Por su parte, Laura Mendoza, directora de la oficina de Gestión del Riesgo, informó que de las 216 familias afectadas, hasta el momento 71 han recibido contratos de arriendo y se han realizado un total de 9 pagos de subsidios.

 

Así mismo, aseguró que la Lonja de Propiedad y Raíz, encargada de estipular los valores de los subsidios para cada familia, el 23 de febrero determinó que por estar ubicados en estratos 3 y 4, los subsidios van de 900 mil a un millón 500 mil pesos.

 

Roberto Vélez, Defensor del Pueblo, dijo: “Hemos venido garantizando los derechos humanos, y hemos hecho un acompañamiento desde el principio. El 2 de febrero del presente año el Defensor Nacional se reunió con los propietarios, y más adelante envió funcionarios para hacer un acompañamiento psico social a las familias. También nos hemos acercado a los bancos para manifestar las inquietudes de los propietarios”.

 

Quejas de propietarios de los apartamentos

Los propietarios de los apartamentos afectados, y sus abogados representantes también fueron invitados a la plenaria de hoy. Muchos de ellos mostraron sus sentimientos de preocupación, tristeza, y confusión a raíz de lo sucedido.

 

Javier Doria, Jose Ramírez, y Yoneida Viloria, abogados de las víctimas, enfocaron su participación en el incumplimiento del Distrito en los tiempos estipulados en la orden judicial, y la inexistencia del plan de acción y el contrato con la Universidad Nacional.

 

 

También hablaron durante la sesión algunos propietarios de los inmuebles, como Marilyn Espinosa, y Humberto Jiménez, quienes demostraron su indignación por la situación que están viviendo. Además, comentaron que el Distrito se ha demorado en el pago de los subsidios por errores cometidos por ellos mismos, y que desean que los funcionarios públicos actúen según sus roles, pero también bajo los principios de solidaridad.

 

 

 

Para el 21 de abril está programado el debate que realizará el Concejo de Cartagena  sobre el tema de la seguridad en la ciudad, tras conocerse en las últimas horas el atentado contra una niña de 8 años y su madre en el barrio San Fernando.

 

La plenaria manifestó su preocupación por el hecho y citará al Distrito y a las autoridades correspondientes para que presente un informe sobre lo ocurrido durante el primer trimestre del año.

 

El concejal, César Pión,  abrió la sesión diciendo que lo sucedido en San Fernando es un detonante de la grave crisis social y económica que vive la ciudad.

 

“Para nadie es un secreto que las agresiones personales de barrio y las riñas generan más muertes que el mismo sicariato. El tema de seguridad tienen un trasfondo social muy importante y no solo la Policía debe generar resultados en el control de micro tráfico de drogas, la prevención del delito y el desmantelamiento de bandas. Este debate pretende exigirle al Distrito que nos haga un autodiagnóstico de cómo está nuestra niñez y juventud en temas tales como: utilización del tiempo libre, ocupación laboral, organizaciones barriales, escuelas de arte y oficios entre otros. Pero podemos hacer la reuniones que quieran pero una ciudad con hambre, desempleo, falta de educación y maltrato, la conducta siempre será delictiva. Este autodiagnóstico no nos cuesta, es sólo voluntad política”, expresó Pión.

 

Por su parte, el concejal Rafael Meza exigió al comandante de la Policía de Cartagena, Luis Humberto Poveda, que se generen resultados y capturas de los responsables por el siniestro ocurrido el fin de semana, “Espero que la muerte en Cartagena no tenga estratos, porque cuando los delitos se cometen en estratos altos, en cuestión de horas se detienen a los responsables. Espero que suceda lo mismo para que se haga justicia con esta pequeña de 8 años.

 

Así mismo, el concejal Javier Curi se sumó al clamor de la Corporación y recordó que este debate siempre se realiza en las primeras sesiones ordinarias del año. “Hay que detenernos a mirar los graves problemas de convivencia que existen en Cartagena, a veces son más que incluso los de seguridad”, dijo.

 

El presidente de la Corporación, Wilson Toncel, confirmó que este sábado 21 de abril se realizará el debate en el que no sólo se pretende recibir respuestas, datos y cifras,  sino también compromisos reales de parte de la Administración, debido a la falta de planeación en las políticas públicas para generar oportunidades en la niñez y juventud de la ciudad.

 

Así mismo, El concejal de La U, César Pión, se refirió al debate de seguridad, manifestando que “nosotros como Corporación no podemos actuar por reacción cada vez que sucede algo en la ciudad, sino que debemos ser vigilantes de la planificación. La seguridad está amarrada al desarrollo y al empleo, si no se piensan las acciones para ello, tendremos detonantes tan lamentables como este. Es una muestra de la sociedad tan frágil que tenemos y la débil estructuración del ser habitante de la ciudad”.

 

Pión pidió a la mesa directiva del Concejo que la Corporación entre en un rediseño administrativo que permita conformar equipos de investigación multidisciplinario para que nutra los temas que se convierten en debate.

 

“Necesitamos información, cifras, estadísticas, estudios que nos muestren la realidad de la ciudad para ser efectivo el control político; para ello se deben hacer en el segundo semestre varios ajustes administrativos en la Corporación con el objetivo de contar con unidades investigativas”.

 

 

 

El Concejo de Cartagena en sesión del día de hoy manifestó su preocupación por el fallo del Tribunal Administrativo de Bolívar que obliga a Edurbe a devolver los recursos destinados para el Plan de Drenajes Pluviales. 

 

Los cabildantes fueron enfáticos en afirmar que este macroproyecto es uno de los de mayor importancia para la ciudad, y encierra los sueños y anhelos de la mayoría de los cartageneros que sufren por las inundaciones en temporadas de lluvias.

 

El concejal, Javier Curi, aseguró que en Colombia son muchos los acuerdos que son declarados inexequibles, pero esas fallas pueden ser corregidas. “Tenemos que hacer un análisis y control del alcance que ha tenido el acuerdo hasta la fecha, qué transferencias se han hecho, cómo va el proceso de ejecución, lo cual es responsabilidad del Distrito. Además,  se deben conocer qué estrategias jurídicas van a tomar al respecto. No podemos permitir que este acuerdo se pierda, sobre todo para definir el alcantarillado pluvial de Cartagena”, dijo Curi Osorio.

 

Del mismo modo, el concejal, Vicente Blel, afirmó que este fue el proyecto que más participación tuvo en la audiencia pública realizada en el barrio Las Palmeras, reflejando lo importante que es este macroproyecto para la ciudad”. Según la estadísticas,la primera fase del Plan de Drenajes Pluviales  beneficiaría a más de 300 mil personas que hoy viven cerca a los canales pluviales de nuestra ciudad, con afectaciones de salud y con la problemática de los riesgos padecen cada vez que llueve. Hoy el sueño de ellos quedó a la deriva, tenemos que priorizar este tema”, puntualizó Blel Scaff.

 

Por su parte, el presidente de la corporación, Wilson Toncel Ochoa, manifestó que los más afectados con el estancamiento de este macroproyecto serán los habientes de las zonas desafortunadas de Cartagena.

 

Toncel Ochoa se refirió a las medidas que en algunos barrios se han venido desarrollando para contrarrestar las inundaciones, pero con la salvedad de que no todos los cartageneros cuentan con los recursos para realizar dichas obras.

 

El concejal, David Caballero Rodríguez, indicó que en su momento todos los cabildantes disfrutaron de la aprobación del Plan de Drenajes Pluviales y ve con infortunio como el Distrito no pudo defender de la mejor manera el sostenimiento del proyecto. Además, hizo un llamado para que cuando los proyectos estén en el Tribunal Administrativo de Bolívar, el Concejo Distrital sea informado de esta situación.

 

Plan Maestro de Educación

 

Por otro lado, el concejal César Pión solicitó la elaboración de un cuestionario específico para cada rector de las Instituciones Educativas de Cartagena, donde los cabildantes puedan tener de primera mano, las necesidades reales de cada plantel educativo y poder tener prioridades para anexarlos al Plan Maestro y este pueda seguir su curso.

 

Para el cabildante del Partido de La U durante el recorrido a las instituciones educativas intervenidas por Edurbe, evidenció las desproporciones en las necesidades con las que cuentan los planteles, sin desmeritar ninguna de ellas. 

 

“La necesidades deben ser claras, si hay alguna institución que no tiene canchas, si alguna no tiene biblioteca, si no tienen las condiciones inmobiliarias, eso es prioritario, con esto vendríamos confeccionando el ejercicio del Plan Maestro DE Educación en uno de sus articulados, para que lo presentado por los rectores sea vinculado para aplicarlo”, concluyó Pión González.

 

 

 

Portal: El Grifo Noticias - Director: Juan Carlos Ceron
Cartagena de Indias - Colombia