El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, honra los compromisos con el departamento de Bolívar, así se ha constatado en el proyecto de presupuesto para el año 2019, el cual fue recientemente radicado en el Congreso de la República para su estudio y debate.

 

Temas de gran relevancia para Bolívar como los juegos nacionales, la protección costera de Cartagena y el puente Yati-Bodega, están incluidos en el Presupuesto General de la Nación-PGN 2019 que se discutirá en las comisiones económicas conjuntas la semana entrante.

 

"El papel de la bancada costeña del Centro Democrático fue determinante para lograr mejor inversión para el Caribe y en especial para el departamento de Bolívar, aunado al interés del presidente Duque de cumplirle a la región", dijo el senador Fernando Araújo,  miembro de la Comisión Tercera de Senado.

 

En total son $1.9 billones de pesos en inversiones a cargo de la Nación y  $2.1 billones de pesos en transferencias, lo que representa alrededor de $4 billones de pesos, que serán invertidos para el desarrollo de Bolívar en el 2019.

La propuesta costaría $45.000 millones anuales, dineros que serían aportados por el ente investigador.

 

“Estamos preparados científicamente para que a través de la tecnología demos un salto cualitativo y cuantitativo en la lucha contra la criminalidad”, así lo manifestó el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, al proponerle a la Ministra de Justicia, Gloria Borrero, la creación de un banco genético para mejorar los estándares en la investigación criminal en Colombia.

 

Tal propuesta la hizo en el marco del panel Independencia judicial frente a los desafíos en los tiempos de cambio, desarrollado en el XXI Encuentro de la justicia ordinaria que se lleva a cabo en Cali (Valle del Cauca).

 

El fiscal Martínez Neira aseguró que con un sistema de ADN como mecanismo de investigación criminal se mejorarían en un 80% los estándares de investigación en el país; además la Fiscalía cuenta con los recursos para adquirir dicho banco, cuyo costo sería de 45.000 millones de pesos al año, aproximadamente.

 

Se pretende incorporar este sistema al Plan Nacional de Desarrollo.

 

Las bases de datos recopiladas a través del tiempo servirán para cotejarlas con los residuos biológicos recaudados en las escenas de los hechos.

 

El jefe del ente acusador precisó que cada análisis de ADN cuesta cerca de $200.000, lo que significaría alrededor de $45.000 millones al año. “Los dineros los pondría la Fiscalía,  ministra, tomados de los bienes incautados que según la Ley de extinción de dominio, el 25% le correspondería a la Fiscalía General de la Nación', dijo el Fiscal.

 

La propuesta fue aceptada por la Ministra de Justicia para incluirla dentro de la política criminal de este gobierno.

 

*Más aportes de la Fiscalía*

 

En el mismo panel, el Fiscal General presentó dos aportes más de la institución en ese proceso de cambio que se busca para mejorar los sistemas de investigación criminal, como son el sistema de denuncia virtual ADenunciar y el sistema Link Watson para la asociación de casos, los cuales se están implementando en el país.

Los abogados de la empresaria Enilse López Romero y de sus hijos Héctor Julio y Jorge Luis Alfonso López denunciaron en Cartagena las arbitrariedades cometidas durante años por la Corte Suprema de Justicia, y advirtieron que por esa razón confían en la Justicia Especial Para La Paz (JEP).

 

Alfredo Montenegro, abogado defensor de la familia Alfonso López, indicó que se presentó una queja ante el Parlamento Europeo, donde se da cuenta de todas las irregularidades y persecución judicial, de que ha sido objeto la familia de la empresaria Enilse López. “Se alga solicitado el acompañamiento y la veeduría, no sólo del Parlamento Europeo, sino además de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales, quienes ejercerán vigilancia en estos asuntos”, dijo Montenegro.

 

Adicionalmente, afirmó el abogado que tanto él como toda la familia Alfonso López confían en la JEP y se someterán a ella para cumplir con los cometidos de verdad, justicia, reparación y compromiso de no repetición, que son los que inspiran esta justicia especial.

 

Falsos testigos

 

Por otro lado, Montenegro denunció la existencia de falsos testigos.

 

“Guillermo de Hoyos uno de los testigos falsos ya tiene 3 sentencias condenatorias, y tiene que ser apartado del proceso como testigo pues la Corte Suprema de Justicia le compulsó copias para que se condenará por falso testimonio. Es por eso la Corte no puede decir ahora que no tiene conocimiento sobre ello”, dijo el jurista.

 

Así mismo, dijo que Nevis Consuelo Caballero fue otra testigo falsa que se decía pertenecía a las Autodefensas de Magangué. “Ella empezó a testificar en contra de la familia Alfonso López patrocinada por un coronel en Magangué”, sostuvo.

 

Recalcó que luego de estos testimonios la justicia absuelve a Jorge Luis Alfonso López, pues se establece que nunca tuvo relaciones con la menor, “por lo tanto fue un falso testimonio el cual es tipificado por la ley, pero la Corte insiste en darle crédito a este falso testigo a pesar de ello”, dijo.

 

Señaló que la Corte le permitió leer a un testigo lo que lleva escrito, lo cual es una clara irregularidad pues el Código Procesal Penal señala que de esta manera no se puede tener certeza si el mismo fue testigo del hecho pues al leer no hay una declaración expresa. “Y, a pesar de ello, fue otro de los testigos tenidos en cuenta en contra de Héctor Julio Alfonso López, por lo tanto la Corte Suprema de Justicia está cometiendo errores que no siquiera un juez promiscuo municipal comete”, indicó.

 

Agregó que, adicionalmente, uno de los testigos sufrió una descarga eléctrica y está en estado de demencia certificada por un psiquiatra de la ciudad de Cartagena.

 

Agregó que el cuarto testigo es un presunto perseguido por los paramilitares que nunca acreditó esa condición.

 

“Por lo anterior, aseveramos decir que la Corte se ha valido de testigos falsos y, por consiguiente, prevaricando y por ello acudimos a otros entes y personas como el veedor Pablo Bustos, quien es totalmente imparcial en el caso”, dijo Montenegro.

 

Agregó que Enilse López dice que ha gastado más de $20.000 millones en abogados y que ha rechazado ofertas de funcionarios judiciales por mantener su buen nombre y así lo dicen sentencias como la de la masacre de El Salado donde salió absuelta.

 

Aseguró que Enilse López va a encarar la JEP con entereza, con garantías de no repetición  y sobretodo compromiso de decir la verdad.

 

“Está dispuesta a indemnizar las víctimas y garantía de ello es la disposición de los bienes que tiene incautados avaluados en más de un billón y medio de pesos”, sostuvo.

 

“Queremos que todo sea transparente porque Enilse López ha decidido darle la cara al país”.

 

Pastillas para la corrupción

Por su parte, Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, recalcó que anda en una gira por la Costa Caribe repartiendo Lomotil, una pastilla para evitar la diarrea. “Este es un ejercicio de lucha contra la corrupción y la impunidad, es un ejercicio donde hemos luchado y varios veedores han sido asesinados y personalmente tuve que salir del país por 7 años”, dijo.

 

“En Bolívar hay temas que deben ser revisados como el “cartel de la hemofilia” donde los medios de control aun guardan silencio. Muchos políticos siguen detrás del telón, escondidos y manchados de corrupción, ensuciando nombres como el de Enilse López para desviar a la justicia”.

El Tour del Lomotil, llegó a Cartagena.

 

En una rueda de prensa el abogado Alfredo Montenegro, apoderado de la ex empresaria del chance en Bolívar, Enilse López, aseguró que su clienta tiene el dinero suficiente para reparar a sus víctimas, una vez sea aceptada en la JEP.

 

El profesional del derecho insistió en que solicitaron su ingreso a la Justicia Especial para la Paz debido a la falta de garantías judiciales.

 

Dijo que la señora, Enilse López Romero, lleva varios años perseguida por la justicia al punto que hasta sus hijos han sido involucrados a procesos judiciales.

 

Montenegro insistió en que con el ingreso de su clienta a la JEP, daría paso a revelar nombres de importantes personalidades de la Costa, que han tenido vínculos con ella y que pese a que todo el mundo lo sabe, nadie lo ha dicho oficialmente.

 

Por su parte, Pablo Bustos, presidente de la red de veedurías de Colombia, aseguró que de ser aceptada, Enilse López a la JEP, se acabaría el Lomotil, debido a la cantidad de personas que han tenido relación con la ex empresaria del chance y que han estado prácticamente en “la clandestinidad”.

 

“El Tour del Lomotil empezó en Barranquilla, llegó a Cartagena y luego pasará por el departamento de Sucre”, dijo el presidente de la red de Veedurías de Colombia.

 

Al recinto de la rueda de prensa en el hotel Hilton, llegaron representantes de los más de 600 trabajadores de la empresa Unicat, quienes señalaron que también son víctimas y que esperan ser indemnizados.

Organizaciones de 9 municipios de Colombia: Cartagena, Santander de Quilichao, Guapi, Timbiquí, Bojayá, Bagadó, Soacha, San Juan del Cesar y Riohacha podrán presentar propuestas de hasta 40 millones de pesos para el desarrollo de iniciativas que permitan la consolidación de los liderazgos que reivindiquen los derechos humanos de las mujeres y o personas con orientación sexual e identidades de género diversas, lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), afrocolombianas e indígenas, incluido el derecho a una vida libre de violencias de género y a la paz.

 

Además, se apoyarán iniciativas para la recuperación y promoción del patrimonio cultural de comunidades étnicas relacionadas con el impulso de actividades productivas y de acceso a oportunidades económicas.

 

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Organización Internacional para la Migraciones, OIM, a través del Programa Inclusión para la Paz apoyarán proyectos de organizaciones de mujeres y población LGBTI, Afrocolombianas e Indígenas de 9 municipios de Colombia.

 

Podrán participar organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones de la sociedad civil (OSC) conformadas principal y mayoritariamente por mujeres y/o personas con orientación sexual e identidades de género diversas, lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), de poblaciones afrocolombianas y/o indígenas, quienes deben demostrar por lo menos 6 meses de antigüedad desde su creación y ser de la zona donde se propone ejecutar el proyecto.

 

La convocatoria estará abierta hasta febrero de 2019, sin embargo y debido a que los recursos son limitados, se irán adjudicando a medida que se vayan aprobado hasta cuando se agoten; si es antes del cierre, la convocatoria se cerrará anticipadamente.

 

Los municipios seleccionados para esta convocatoria hacen parte de la zona de cobertura del Programa Inclusión para la Paz. Estas zonas se han priorizado, como resultado de un análisis sobre los municipios que han tenido una menor intervención por parte del Programa en términos de recursos y proyectos.

 

Cómo tener más información de la convocatoria

 

En cada región se realizará un taller informativo en donde se dará todos los detalles de cómo aplicar a la convocatoria.

 

En Bojayá se realizó el 10 de septiembre 2:00 p.m. en la Biblioteca Municipal y en Bagadó el miércoles 12 de septiembre a las 2:00 p.m. en el Recinto Consejo Municipal.

 

En Cartagena se realizará el 18 de septiembre a las 9:00 a.m. en las Escuelas Profesionales Salesianas, Calle de las Bóvedas No. 39-60 Barrio San Diego-Cartagena, Salón de Audiovisuales, Primer piso.

 

 

 

 

 

            

 

                          

 

 

 

Portal: El Grifo Noticias - Director: Juan Carlos Ceron
Cartagena de Indias - Colombia