Foto coetesía  El Espectador) tomada de la página de la Procuraduría de Colombia.

 

- Para el Ministerio Público el crimen de Luis Carlos Galán buscaba favorecer sus aspiraciones políticas y eliminar obstáculos para continuar con la actividad del narcotráfico.

- El órgano de control solicitó que el expediente sea enviado al Juzgado Dieciséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

 

La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazar la petición de acogimiento hecha por el exsenador y precandidato presidencial, Alberto Santofimio Botero, porque los hechos que rodearon el crimen del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento, por los que fue sentenciado a 24 años de cárcel, no tuvieron relación con el conflicto armado.

 

A través de un concepto enviado a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el Ministerio Público pidió que se decretara la falta de competencia de la JEP para conocer los delitos por los que fue condenado Santofimio Botero, y devolver el expediente al Juzgado Dieciséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para que continúe la vigilancia y el control del cumplimiento de la sentencia.

 

Precisó que la reconstrucción histórica y judicial del magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento confirmó que “se pretendía beneficiar las aspiraciones políticas personales del aquí compareciente y de otro lado, facilitar y eliminar obstáculos para continuar con la actividad del narcotráfico”, de su aliado, el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.

 

La Procuraduría señaló que pese a que las repercusiones históricas y políticas del crimen del candidato Luis Carlos Galán Sarmiento no fueron menores, se trató de un delito común sin relación con el conflicto armado, contrario a lo afirmado por el exsenador en su solicitud de acogimiento a la JEP.

 

“Se hace necesario dejar claro que el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento obedeció a un contexto de criminalidad relacionada con el narcotráfico, que además pretendía imponer en el país un ambiente de miedo e incertidumbre”.

 

El 31 de agosto 2011 la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el fallo que condenó a Santofimio Botero como coautor responsable de un concurso de tres homicidios con fines terroristas del líder del Nuevo Liberalismo Luis Carlos Galán Sarmiento, el detective Santiago Cuervo Jiménez y el concejal Julio César Peñalosa Sánchez.

 

Ante la solicitud del exsenador Santofimio Botero, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas asumió su estudio para verificar si se reunían los requisitos para entrar en la JEP, entre ellos que los hechos punibles cometidos tengan relación con el conflicto armado interno.

El gobierno nacional tendrá que buscar nuevas alternativas para buscar recursos, luego que la ley de Financiamiento se cayera el IVA a la canasta familiar.

 

Tal parece que los ponentes de esa iniciativa lograron un acuerdo con el Gobierno para no gravar ningún producto.

 

Desde ahora, el ministro de Hacienda tendrá que buscar un plan B, para recoger 14 billones de pesos, suma en el que se estima el faltante en el presupuesto general del 2019.

 

Aunque parezca un gesto de buena voluntad de parte del gobierno Nacional, no lo es tanto, debido a las constantes críticas de los colombianos por esta iniciativa, que hizo caer estrepitosamente la imagen del Presidente Iván Duque.

En Turbo, un municipio del Urabá antioqueño, los ánimos están caldeados, por un descubrimiento poco usual. La secretaría de Hacienda, plagió el proyecto de presupuesto de Cartagena de Indias.

 

Así como lo leen, lo plagiaron. Tomaron el proyecto de presupuesto del 2017 de Cartagena de Indias, copiaron y pegaron, sin percatarse que no solo los montos de dinero no coincidían, sino que se les olvidó quitar el Indias, por eso en algunos apartes aparece el nombre de Turbo de Indias.

 

Por su puesto desde el concejo municipal se está pidiendo la renuncia de la secretaria de hacienda, que ni corta ni perezosa, hizo el popular copie y pegue.

 

No solo en una universidad de Cartagena, copian y pegan documentos. También en Turbo, Antioquia.

“El reclutamiento de menores sigue siendo uno de los delitos más graves denunciados y condenados por la comunidad internacional, y el Eln sigue reclutando menores”, advirtió este lunes el Alto Comisionado para la Paz, la Legalidad y la Convivencia, Miguel Ceballos, en una declaración a medios de comunicación en la Casa de Nariño.

 

El funcionario explicó que el Eln no puede seguir cometiendo este grave delito del reclutamiento de menores, al que el Presidente de la República, Iván Duque, se refiere constantemente como uno de los actos criminales que debe cesar si se pretende avanzar en la posibilidad de una Mesa de Diálogo con ese grupo insurgente.

 

Otra de las acciones criminales que condena el Gobierno Nacional es la voladura frecuente del oleoducto Caño Limón-Coveñas.

 

“Este año van 82 voladuras y es muy importante que el país entienda que cada vez que se afecta la infraestructura petrolera hay menos recursos para la implementación de los acuerdos con las Farc”, explicó el Comisionado en alusión a los presupuestos previstos que dependen de las regalías.

 

“No es solamente la afectación al bolsillo de los colombianos por los menores recursos que ingresan a los fondos de pensiones y los mayores costos del combustible, sino también el gran daño ecológico que es inconmensurable”, recalcó Ceballos.

 

En relación con el número de ciudadanos secuestrados por ese grupo al margen de la ley el funcionario dio a conocer cifras recientes entregadas por las autoridades.

 

“Hubo 44 secuestros entre el 2017 y 2018. Este año ya van 24 secuestros. El último de ellos, y hago un llamado de nuevo al Eln para que libere inmediatamente a la señora Diana María Toro, que fue secuestrada en Amagá y hoy está en poder de ese grupo en el Chocó”, indicó.

 

El Alto Comisionado de Paz resaltó que varios países han expresado con claridad su exigencia al Eln para que cese definitivamente el secuestro, entre ellos Francia, Alemania, Italia, Suecia y recientemente Holanda.

 

“El Eln debe entender que no es posible sentarse en una mesa si sigue secuestrando y cometiendo estos actos atroces como el reclutamiento de menores y la afectación diaria al medio ambiente de este país”, concluyó el funcionario.

*Aparte de adelantar vigilancia rigurosa a la ejecución del Presupuesto General de la Nación de 2019, la CGR enfrenta el desafío de mirar con lupa las inversiones del posconflicto y la nueva fase de proyectos de infraestructura 4-G, dice el Contralor Carlos Felipe Córdoba.

*Avanza análisis de la CGR a proyecto de Ley de Financiamiento.

 

El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, anunció aquí que el organismo a su cargo realizará el próximo año una vigilancia activa y cuidadosa a la nueva fase de proyectos de infraestructura 4-G,  en los que los montos contractuales ya están por los $25 billones de pesos, lo mismo a que las millonarias inversiones destinadas al posconflicto y a la misma ejecución del Presupuesto General de la Nación que se aprobó para la vigencia 2019.

 

Dijo que, el país afronta una gran problemática en el tema de infraestructura y muchas obras de cuarta generación están paralizadas, lo que requiere una urgente solución.

 

Igualmente, en este mismo tema de las vías 4-G, manifestó su preocupación por las cifras cuantiosas que se están dando en recursos gastados por tribunales de arbitramento, tema sobre lo cual la Contraloría ha realizado unas evaluaciones que revelará en los próximos días.

 

El Contralor tocó el tema en la apertura del II Foro “Compliance & Transparencia”, en Cartagena, donde planteó las bases del proyecto de Acto

 

Legislativo que está proponiendo al Congreso para reformar el Control Fiscal.

Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, el Contralor Córdoba Larrarte, insistió en su preocupación por la situación de los gastos administrativos que demandan al estado los Tribunales de Arbitramento y dijo también que, a propósito de lo que se viene presentando con el puente Hisgaura, la Contraloría le ha puesto la lupa a todas las obras que maneja actualmente el Fondo Adaptación.

 

Anunció también que, con el apoyo de la Academia de Ciencias Económicas y su presidente, el reconocido economista y académico Beethoven Herrera, y el equipo de la Contraloría Delegada de Economía y Finanzas Públicas, la Contraloría General está realizando un estudio técnico sobre el proyecto de Ley de Financiamiento y el documento, que se hará público próximamente, ha evidenciado una serie de problemas estructurales en la economía nacional.

 

Los nuevos desafíos del control fiscal

El Contralor Córdoba Larrarte dijo que uno de los retos de la CGR para el próximo año es la misión de custodiar los $259 billones de pesos que están incluidos en el Presupuesto General de la Nación de 2019.

 

Habló luego del nuevo modelo de control fiscal que está proponiendo a través de un proyecto de Acto Legislativo que recién acaba de llevar al Congreso y el cual tiene como base que la CGR ejerza control preventivo, concomitante y posterior y, además, tenga funciones de intervención frente a las contralorías territoriales, cuando se advierta en ellas incapacidad técnica o falta de objetividad e imparcialidad.

 

Explicó que esta función de intervención podría aplicarse, por ejemplo, a las contralorías que no tengan la suficiente capacidad funcional o donde se evidencien problemas de corrupción o ineficiencia.

 

El proyecto, además, dota con facultades jurisdiccionales a las Contralorías para el trámite y decisión del proceso de responsabilidad fiscal.

 

Para el Contralor, uno de los más importantes desafíos que enfrenta el Gobierno actual tiene que ver con la financiación del posconflicto que, de acuerdo con las previsiones del Marco Fiscal de Mediano Plazo, costará $129, 5 billones durante los próximos quince años, y es fruto de un acuerdo que tiene que cumplirse.

 

 “No puede haber complacencias con la corrupción"

En el marco de su intervención, el Contralor hizo un llamado tanto al sector público como al sector privado, para que cambien su percepción sobre lo que debe ser la lucha contra la corrupción y no haya complacencias con este flagelo.

 

Según Córdoba Larrarte, “Los colombianos no podemos ser complacientes con ninguna forma de corrupción. La gran corrupción empieza con esos pequeños comportamientos indebidos que se miran con pasividad por lo minúsculos que son, como saltarse una fila, sin entender que la suma de esos comportamientos empieza a perfilar la indiferencia con la que se miran los grandes hechos de malos manejos y apropiación de dineros públicos”.

 

 

 

 

 

            

 

                          

 

 

 

Portal: El Grifo Noticias - Director: Juan Carlos Ceron
Cartagena de Indias - Colombia