Se ocultaba en el barrio Siete de Agosto para evadir la acción de las autoridades.

 

En medio de labores de registro y allanamiento en una vivienda del barrio Siete de Agosto, en el nororiente de la ciudad, funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal e Interpol, capturan mediante orden judicial, al presunto responsable de atacar con arma cortopunzante y despojar de un celular de alta gama y documentos, a un ciudadano de nacionalidad rusa, hechos ocurridos el pasado 17 de marzo, en el barrio Canapote.

 

Las labores de recolección de evidencias, materiales probatorios y entrevistas a testigos realizadas por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal e Interpol, bajo el apoyo y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, permitieron identificar y judicializar a este presunto delincuente, obteniendo una orden de captura en su contra, por los delitos de homicidio en grado de tentativa y hurto calificado agravado.

 

El capturado conocido como ´El Dámaso´, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y al finalizar las audiencias preliminares fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, siendo trasladado a la cárcel de San Sebastián de Ternera.

 

“Se solicita a los ciudadanos que hayan sido afectados por las conductas delictivas por este individuo, se acerquen a las instalaciones de la Fiscalía Seccional, ubicadas en el barrio Crespo, o las oficinas de la Seccional de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Metropolitana de Cartagena, en el barrio El Espinal, antigua sede de Comidas Caribeñas, para ampliar las denuncias contra este sujeto, quien estaría implicado en otras acciones delincuenciales cometidas en inmediaciones de los barrios Canapote, Torices, Daniel Lemaitre y El Cabrero”, dijo la Policía Nacional.

 

La búsqueda y captura de otro de los delincuentes implicados en esta acción delictiva continúa por parte de funcionarios de la Policía Metropolitana de Cartagena.

 

 

La Contraloría Distrital entregó detalles sobre el presunto hallazgo fiscal por más de 4 mil millones de pesos en el Fondo de Pensiones de Cartagena.

 

“La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias culminó el 11 de abril de 2018, a través de la Dirección Técnica de Auditoría Fiscal, el primer ejercicio auditor del año 2018, en Modalidad Especial, que abarcó puntos específicos relacionados con el trámite de devoluciones y compensaciones por Estampilla Años Dorados y Sobretasa Deportiva, pago de sentencias judiciales con cargo a la nómina de pensionados por el Fondo Territorial de Pensiones de Cartagena-FONPECAR, traslado de recursos entre las Fiduciarias que administran rentas del Distrito, manejo de la Contraprestación Portuaria y seguridad de los datos registrados en los sistemas informáticos de Presupuesto y Contabilidad del Distrito”, señaló en un comunicado la Contraloría.

 

En el Informe Final comunicado a la Alcaldía Distrital, y por tal razón en firme, se determinó dos hallazgos disciplinarios y un hallazgo fiscal sobre la gestión de FONPECAR y la Tesorería Distrital, un hallazgo penal sobre la gestión de FONPECAR. Puntualmente, los hechos que detectó la Contraloría distrital con base en la información que recaudó de la Alcaldía Distrital son los siguientes:

 

“HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON ALCANCE DISCIPLINARIO No. 2, al no dar respuesta de Fondo a las solicitudes de devolución con respecto al presunto pago o retención indebida de la estampilla años dorados y sobretasa deportiva, a varias empresas, pues se la Tesorería Distrital ha excedido los términos legales establecidos  en el Estatuto Tributario Local y el Estatuto Tributario Nacional, además de no haberse hecho presuntamente la debida entrega del cargo entre Tesoreros salientes y entrantes, efecto de incumplimiento de disposiciones generales, inefectividad en el trabajo y control inadecuado de actividades”.

 

“HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 4 CON PRESUNTO ALCANCE  FISCAL, DISCIPLINARIO Y PENAL, por presuntos  prevaricatos por omisión y acción, fraude procesal y falsedad documental, y presunto incumplimiento a los deberes funcionales, pues se realizaron nuevamente pagos a nombre del Distrito de Cartagena por intermedio de las nóminas de pensionados del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena-FONPECAR, correspondientes a los descuentos efectuados en el lapso en que fueron compartidas las pensiones convencional (EPM) y legal (ISS) de diecisiete extrabajadores de las antigüas Empresas Públicas Municipales de Cartagena (luego EPD en liquidación), que son objeto de proceso judicial en trámite, en cuantía de $4.087.720.593 (cuatro mil ochenta y siete millones, setecientos veinte mil, quinientos noventa y tres pesos), según las Resoluciones FONPECAR 8922 de 4 de diciembre de 2017 y 9015 de 6 de diciembre de 2017, expedidas sin competencia, con indebida motivación, contrariando disposiciones de superiores jerárquicos, con cargo a rubros y anualidades diferentes a los establecidos legalmente, pagándose intereses moratorios no contemplados en la sentencia ordinaria ni en liquidación posterior a sentencia alguna, además de causar incertidumbre en las personas receptoras de los pagos habida cuenta del fallecimiento anterior de al menos ocho de los presuntos beneficiarios, teniendo como efecto daño patrimonial al erario del Distrito de Cartagena uso ineficiente de recursos, incremento de costos, incumplimiento de disposiciones generales y gastos indebidos”.

 

“HALLAZGO ADMINISTRATIVO SIN ALCANCE No. 1 (a denuncia  01-2018 del señor Jorge Quintana Sosa contra la Tesorería Distrital, referida a la falta de respuesta oportuna a sus solicitudes de devolución de tributos a favor de una empresa a la que representa), donde se constató la legalidad del trámite efectuado por la Tesorería Distrital de una devolución anterior de $46.538.910 (cuarenta y seis millones, quinientos treinta y ocho mil, una petición similar presentada posteriormente, pero también la existencia de una deuda de $2.480.145.142 (dos mil cuatrocientos ochenta millones, ciento cuarenta y cinco mil, ciento cuarenta y dos pesos) de dicha empresa a Corvivienda por incumplimiento contractual, que se remitió a cobro judicial, situaciones que se apreciarán en detalle en el proceso auditor regular ante dicha entidad de vivienda que se adelanta en el año 2018”.

 

La Contraloría Distrital de Cartagena hizo traslado de los anteriores hallazgos a su Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación,  además solicitó a las entidades involucradas la suscripción y presentación de acciones de mejoras en el Plan de Mejoramiento."

El Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Décimo Administrativo de Cartagena que suspendió la construcción del proyecto urbanístico Aquarela.

 

 

La providencia también dejó en firme la suspensión temporal de los efectos de las decisiones administrativas que permitieron el inicio de las obras, entre ellas las resoluciones de la Curaduría Urbana No 1 de Cartagena que concedieron las licencias de construcción de las diferentes etapas del proyecto urbanístico a la Promotora Calle  47 SAS.

 

Para el tribunal Administrativo de Bolívar el Curador Urbano No 1 de Cartagena no cumplió con su deber legal y constitucional de constatar la ubicación exacta del barrio sobre el que se construye el proyecto, así como el uso y tratamiento exacto que tiene el predio dentro del POT de la ciudad, ya que en algunos documentos consignó que es de conservación urbanística y luego sin motivación jurídica, razonable y técnica, cambió su concepto para indicar que su uso es de renovación urbana.

 

En concepto de los magistrados del Tribunal, la decisión de la primera instancia resulta acertada porque el Curador Urbano No 1 de Cartagena debía ser muy cuidadoso al momento de expedir las licencias urbanísticas que aprobaron la construcción de un proyecto de la magnitud de Aquarela, porque a su alrededor se encuentra ubicado un bien declarado patrimonio histórico de la humanidad como el Castillo de San Felipe, que debe ser salvaguardado y protegido por todas las autoridades y las personas en general.

 

Por esa razón el Tribunal confirmó las medidas cautelares adoptadas el 6 de diciembre pasado por el juez de primera instancia, al estar amenazados los derechos colectivos al patrimonio cultural de la Nación, la moralidad administrativa, el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada. 

 

En su momento, al coadyuvar la solicitud del Ministerio de Cultura de medidas cautelares sobre la construcción, la Procuraduría General de la Nación pidió la suspensión de las obras por la afectación al patrimonio cultural de la Nación, y para “evitar un grave perjuicio a las familias que puedan adquirir de buena fe los apartamentos, ya que de prosperar las pretensiones que se invocan en el presente proceso podrían verse afectados sus derechos, incluso fundamentales, con lo cual se crearía un escenario más difícil y complejo de resolver”.

Justo cuando un ciclista se encontraba descansando en vía pública del barrio de Bocagrande, es abordado por un sujeto quien se hace pasar por un experto en bicicletas y le pide al deportista que se le preste la bicicleta para analizarla y hacerle recomendaciones. En un momento de descuido de la víctima, el presunto delincuente emprende la huida.

 

El ciclista pide ayuda a los transeúntes quienes llaman a la patrulla del cuadrante dando las características del malhechor y tras una rápida reacción de las unidades policiales fue capturado alias, “El Cachaco”, de 28 años de edad, oriundo de la ciudad de Bogotá.

 

El capturado es dejado a disposición de la fiscalía por el delito de hurto, a la espera de las audiencias preliminares para definir su situación judicial.

 

La bicicleta fue devuelta al deportista quien se mostró agradecido por la rápida reacción de Policía y la colaboración de la ciudadanía.

 

 

 

CONTINÚA APLICACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA CIUDADANA,

 

LOS COMPORTAMIENTOS QUE MAS SE HAN SANCIONADO SE RELACIONAN CON PERSONAS QUE PROTAGONIZAN RIÑAS EN VÍA PÚBLICA, ESCANDALOS, IRRESPETO A LA AUTORIDAD, EL PORTAR ARMAS CORTOPUNZANTES EN LUGARES ABIERTOS AL PÚBLICO, MAL MANEJO DE LAS BASURAS Y REALIZAR NECESIDADES FISIOLÓGICAS EN VÍA PÚBLICA.

 

Hace más de un año, desde la desde entrada en vigencia de la ley 1801 de 2016, nuevo Código Nacional de Policía y convivencia ciudadana, los miembros de la Policía Nacional que hacen parte del departamento de Bolívar continúan desplegando estrategias pedagógicas en cada una de estas poblaciones, tendientes a motivar a los ciudadanos para que conozcan plenamente el contenido de la normatividad vigente a través de reuniones comunitarias, puerta a puerta, foros y espacios de participación ciudadana.

 

Esto con la finalidad que los ciudadano también se conviertan en multiplicadores donde integren a sus núcleos familiares, vecinos y amigos en el compartimiento de ideas y conceptos claros que les permitan interiorizar plenamente los apartes del Código, para que de esta manera no infrinjan la norma.

 

En el primer trimestre del año 2018 se han impuesto un total de 700 comparendos sancionatorios, correspondiente a las amonestaciones o multas representados en salarios mínimos legales vigentes tipificados en las diferentes conductas establecidas en el Código Nacional de Policía; entre las más reiterativas se destacan: el irrespeto a la autoridad, las riñas en vía pública, los vecinos ruidosos, el comercio ilegal de fauna y flora, el mal manejo de las basuras y realizar necesidades fisiológicas en vía pública; los municipios donde más se registra la aplicación del Código Nacional de Policía son: Arjona, Magangué, Mompox, San Juan de Nepomuceno y Villanueva, pero también existen excepciones en poblaciones como: Pinillos, San Jacinto del Cauca, Montecristo, Río viejo, barranco de Loba, Tiquisio y Regidor donde aún no se han impuesto comparendos, debido a que desde la entrada en vigencia del Código, aún las autoridades administrativas no han suministrado la logística correspondiente a la entrega de comprenderás a los Comandantes de esas Estaciones de Policía. 

 

El Coronel Mauricio Báez Gómez, Comandante del Departamento de Policía Bolívar manifestó que aunque ha transcurrido más de un año de la puesta en marcha del Código Nacional de Policía, aún falta más conciencia en los ciudadanos para no infringir en comportamientos contrarios a la convivencia, pero a pasar de esto se obtuvieron resultados importantes en la reducción de delitos de mayor impacto social como son los homicidios los cuales descendieron a -14% y de la misma manera los hurtos a personas registraron una disminución del -11% con relación al año 2017; con referencia a este dato el oficial afirmó que en el 2018 se continuarán desarrollando las acciones correspondientes a la aplicación de la ley 1801 con la finalidad de mantener las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en todas las poblaciones bolivarenses.

 

 

 

Portal: El Grifo Noticias - Director: Juan Carlos Ceron
Cartagena de Indias - Colombia