Editorial

Por: JUAN CARLOS CERON

 

No tiene nada de raro, que honorables senadores, que brillaron por su silencio en el Congreso de la República, a puertas de unas elecciones, traten de “Pegar” sus nombres, utilizando algunos medios de comunicación.

 

Es el caso, por ejemplo, del senador, Antonio Correa, quien el pasado lunes festivo, hizo un llamado al Presidente, Juan Manuel Santos, para que no dilate las elecciones atípicas en la ciudad de Cartagena.

 

Caramba, de cuando acá, a este ilustre senador, le preocupa la ciudad de Cartagena. La verdad es que muy poco, se le ha escuchado, abogando por el Corralito de Piedra en el Senado.

 

Es más, muy poco o casi nada, se le ha escuchado su voz, abogando por el departamento de Bolívar, como lo han hecho permanentemente, otros senadores de esta sección del país.

 

Varios medios nacionales, han denunciado, los presuntos vínculos del senador, Antonio Correa, con una casa política, muy cuestionada en Magangué.

 

Por este motivo, a muchos lectores que nos han escrito, a www.elgrifonoticias.com les ha llamado la atención, su preocupación por Cartagena, a puertas de unas elecciones atípicas, por la renuncia del alcalde electo, Manuel Vicente Duque.

 

¿Estará apoyando a algún candidato a la Alcaldía?

 

Pues estaremos muy pendientes para contarles a nuestros miles de lectores. Como dice la canción: “Mama qué será lo que quiere el negro…”.

Opinión

Por: Fredy Machado

 

"Les voy a meter un tutelazo..."

Un usuario expresando su inconformidad ante una EPS en Cartagena

 

Si existe una institución jurídica amada por los colombianos y que goza de buen prestigio, es la acción de Tutela. La acción constitucional representa por su reconocimiento social y por su valor, algo así como la Joya de La Corona del gran reino de los Juzgados y Tribunales.

 

Ese tesoro es producto de la Constitución Política de 1991, Carta Magna que impulsó la construcción colectiva de un nuevo pacto social, imprescindible para una nación ansiosa por modernizar sus instituciones y consolidar nuestra pluralidad cultural.

 

Cuando la fé en los procesos se había perdido por causa de una congestión judicial insoportable, propiciada por los distintos Gobiernos convencidos que los servidores judiciales tienen el deber de asumir la creciente carga laboral con la misma planta de personal de finales de siglo pasado sin importar que la población colombiana se ha incrementado notablemente... En ese momento, por arte de la democracia, aparece la acción de tutela.

 

También la tutela es fruto de horas de sacrificios de Jueces y sustanciadores abnegados que en el día a día se empeñan en materializar y hacer efectiva la agilidad de sus términos (10 días para la primera instancia y 20 días para la segunda instancia).

 

La dinámica de la tutela ya la quisieran los sufridos procesos ordinarias.

 

Los colombianos son felices cuando acuden al mecanismo de la tutela y encuentran respuestas óptimas en eventos en los que una oficina pública desatiende un Derecho de Petición; lo mismo cuando una entidad de salud se hace la sorda, ciega y muda ante la urgencia de una hospitalización o la mora  en la entrega de una medicina a un afiliado; es muy útil en casos de servicios públicos inoperantes y concursos de méritos burlados, entre otros.

 

La clase política siempre ha mostrado cierta resistencia ante el auge generalizado de la tutela pues se les resta protagonismos a los barones de la clientela. Mediante acciones de tutelas se ha mejorado la movilidad; se han cerrado y reubicado factorías que contaminan el medio ambiente; se ha reconocido la confianza legítima de vendedores ambulantes y en especial, se han restablecido derechos a personas discriminadas.

 

La tutela salva vidas, mejora nuestro recursos naturales, frena los abusos, endereza procesos en los que se ha incurrido en irregularidades y hasta autoriza una muerte digna.

 

Por ello, cuando por estos días se nos notifica de que desde la Presidencia de la Republica se promueve una Reforma al instituto juridico más caro para los colombianos, a manera de "reglas de reparto", nos vemos obligados a encender las alarmas dado que la Tutela es un patrimonio de ricos, pobres y de una clase media en crisis constante.

 

Es impresentable entonces cualquier modificación del instituto de la Tutela por el prurito de "hacer algo para mejorar la congestión judicial en las altas Cortes".  La legitimidad de cualquier intento por trasladar competencias en materia de Tutelas exige un consenso nacional y lo más significativo, no se puede implementar de espaldas al país judicial pues cualquier proyecto de esa magnitud, no es más que persistir con la improvisación legislativa en materia de justicia.

 

El incremento de la demanda de justicia en más de un 300% deja en evidencia que la solución no está en descargar a los magistrados de las altas cortes para "tirarle la pelota" y asfixiar de trabajo a los jueces municipales y del circuito. En la Rama Judicial urge una ampliación de la planta de personal en todas sus instancias para equilibrar las cargas y propiciar una mejor prestación del servicio.

 

Sencillamente, con el instituto jurídico de la Tutela se confirma la validez del mandato constitucional de una "justicia pronta y cumplida" pero esa dinámica debe extenderse también a los procesos ordinarios y para ello se requiere más planta de personal en Juzgados, Tribunales y altas Cortes.

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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