Por: Fredy Machado

Abogado

 

La esencia de la doble moral que caracteriza a los colombianos se resume en una imagen: nos gustan las fábulas pero nos fastidia la moraleja. Eso explica nuestra creencia en una religión que se fundamenta en las sagradas escrituras y que considera válida aquella enseñanza de que los “”últimos serán los primeros” pero preferimos practicar la máxima popular de “Marica el último”.

 

Es una ética en la que se acepta que el político “robe” pero que “haga algo”, por eso ha hecho carrera en la conciencia popular que en los contratos públicos se diga que se puede pedir CVY pero sin exceder del 10%.

 

En ese entendido, sin mayor recato, reconocemos que los mejores alumnos de la universidad no son los mejores profesionales, porque les falta “relaciones públicas”, porque no están en la “rosca” o a lo mejor, en la “rosquita de la rosca”.

 

Y, mientras en los años 60 y 70 las escuelas y universidades públicas mantenían la hegemonía del saber y se jactaban de la “excelencia” de sus profesores, las élites del país en su afán por excluir a todo aquello con olor y sabor a vecindario o vereda sin servicios públicos esenciales, optaron por “refundar” un nuevo modelo de educación y es cuando aparecen los colegios con “acciones” a la manera de Club Social.

 

Sin duda, la consolidación de tal modelo, es un suicido de la sociedad y un triunfo del egoísmo. Es triste haber sido espectadores de esa imagen insensible de Ministros de Hacienda provenientes de universidades públicas, cerrando las residencias universitarias y los cafetines donde surgió, para que otros (mejores que él seguramente) no tengan la posibilidad de ser futuros Ministros.

 

Lo peor es que tal iniciativa ministerial se realiza a cambio de un cargo burocrático en una de esas entidades que regulan la economía mundial e invirtiendo la ecuación de que debe primar el bien general por encima del bien particular.

 

En la ley de la oferta y la demanda, se ha posicionado un nuevo modelo de educación “prepago”, en la que un padre procura lo mejor para su hijo unos 15 años antes, acudiendo a una empresa de seguros que garantiza una excelente universidad en el porvenir.

 

No contentos con frenar el ingreso de nuevos recursos para la educación pública, los malos gobernantes vinieron por el poco presupuesto que le quedaba. Entonces, al mejor estilo de Robin Hood, los enemigos de la educación pública diseñaron el programa de “Ser Pilo Paga” y esa genialidad, que debía reclutar a los bachilleres con mayor talento para llevarlos supuestamente a la universidad pública, los desviaron de destino.

 

Una vez más se volvió a invertir la ecuación, el nuevo programa sirvió para potenciar a la universidad privada, otorgándole mayores ingresos y fortaleciéndolas.

 

Lo único cierto es que la ecuación que permanece invariable es aquella que enseña que “todo lo del pobre es robado”

 

Y cuando se intenta hablar de volver a posicionar la educación pública, las élites de la sociedad colombiana no hacen sino mirar para otro lado, esconder la chequera y hacerse los desentendidos. Les costó mucho vincular a los mejores profesores y desprestigiar a la educación pública, para venir a hacer ahora concesiones.

 

En colombia la regla de experiencia nos enseña que es muy sospechoso cuando el Gobierno comienza a conjugar el verbo “desprestigiar” pues seguramente tiene por propósito, liquidar un instituto o una entidad. Ocurre que en nuestro país, cada vez que se quiere hacer una Reforma o hacernos creer que un instituto no hace bien las cosas, se inicia con una dura campaña de desprestigio...

 

Pero, volviendo con los costos de la educación, en ese contexto desesperanzador y en ese afán de dar lo mejor a nuestros hijos, hoy por hoy, un padre “empeña su alma” procurando educar a los suyos con calidad. El 60% de los ingresos de la familia del colombiano promedio se invierten en educación. Por eso entendemos que cuando un padre de familia dice que está “alcanzado” es porque paga un colegio bilingüe o una universidad privada.

 

Incluso, un sindicalista me lo dijo el otro día con una contundencia infinita: “El obrero que no haya comprado una casa antes que un hijo entre a la universidad, ya no la compra”. Es un ejercicio en el que “la caja no cuadra” porque no se termina de completar la matrícula del primer semestre cuando no tienes idea de dónde saldrá la plata del segundo.

 

Los costos de la educación que nos ha impuesto este perverso modelo que intenta asfixiar y desprestigiar a la educación pública, son directamente proporcionales a la baja calidad de vida del colombiano.

 

En Europa, ricos y pobres van a la misma escuela pública pero nuestros gobernantes que copian todos los modelos del viejo continente, se resisten a copiar o volver a los años 60 y 70 en materia de inversión en educación, por temor a perder su zona de confort social y la de sus hijos.

 

Esa mala práctica política de bajar el presupuesto a la educación, es un modelo maquiavélico que se repite en materia de Salud y de Justicia. Por eso, saludo con alegría los anuncios de una movilización universitaria que por estos días reacciona contra la falta de presupuesto en las universidades públicas pues soy orgullosamente egresado de un colegio y una universidad pública.

 

Es evidente que están cambiando los tiempos y que los gobernantes están obligados a hacer una lectura correcta del momento social que se vive pues no hay que ser tan bien “educado” para saber que es una urgencia adaptarse a los cambios en términos de resiliencia sino se quiere ser superado por una voluntad popular interesada en un país más equitativo e incluyente

Por Fredy Machado

Abogado, escritor

 

Ser un abogado crítico es bueno, lo malo es ser un abogado criticón.

 

Un abogado crítico es aquel que tiene la suficiencia y la entereza de no impugnar un fallo judicial por el simple prurito de hacerlo, porque sí, por complacer al cliente.

 

Un abogado criticón, en cambio, en las mismas circunstancias, en vez de impugnar,  acude a los pasillos y nos asalta para hablar mal del funcionario que osó no concederle la razón o que tiene un punto de vista diferente al suyo.

 

Un abogado criticón es aquel que para crear divisiones o “ganar espacio” viene a hablarnos mal de nuestros compañeros de trabajo hoy, con la misma contundencia con la que mañana hablará mal de nosotros. NO LO ESCUCHES: es la única manera de desarmarlo.

 

Un abogado criticón es aquel que tiene un punto de vista muy elemental y cerrado del derecho. Dice despreciar los recursos y se considera amigo de las denuncias. Es más: no cree en las especializaciones.

 

Un abogado criticón llega a los procesos buscando un pretexto para dar rienda suelta a su morbo, a su voraz apetito de desayunar, almorzar o cenarse al funcionario judicial de turno.

 

Un abogado crítico, en cambio, da gusto leerlo, atender la profundidad de sus planteamientos y la excelente manera de ordenar sus ideas. Su estilo, técnica y sindéresis son de elogiar y en especial su tolerancia cuando las decisiones le son adversas.

 

En definitiva, es tanto mi admiración y respeto por los abogados litigantes críticos de los que me honra hablarles, que se me ocurre -y así lo he considerado- que el día, próximo o lejano, en que deje de ser funcionario judicial, en lo posible, trataré de parecerme a ellos pues la idea triste de verme convertido en un abogado criticón, me repugna y me hace infeliz.

Opinión

César Pión

Concejal de Cartagena

 

En buena hora se designó a un alcalde que, emergido de los sectores populares y militante de los partidos con tradición, ha sido en nuestra ciudad un ejemplo como persona y como administrador público; nunca ha estado envuelto en actos de corrupción ni escándalos personales, razón que triplica el compromiso de un sector donde por pecadores pagan justos y en donde los que pecan conservan la fragancia de los inducentes inversionistas y grupos económicos. “Ilustres personajes” de colores y niveles variados que bajo su interés disfrazan el desarrollo y se potencializan para delinquir.

 

Alcalde Pedrito Pereira, le corresponde a usted dirigir y presentar el presupuesto para el 2019, le corresponde sacrificar la imagen vitrinera y hacer las veces de Jaime Castro en Bogotá, estamos seguros que se desposeerá de cualquier protagonismo para ordenar la estructura administrativa de la ciudad.

 

Hoy la administración no está para el figureo y el día a día, tiene usted la responsabilidad de revisar y proponer lo debido en la infraestructura educativa, puestos de salud sin terminar, calles inconclusas, restringir el uso de los escenarios deportivos con las festividades que los deterioran.

 

Así mismo es necesario controlar los mandos medios que revisan los actos sancionatorios en medio ambiente, actividades de la construcción, sobretasa de la gasolina, sobretasa bomberil; detener, sancionar y organizar traslados que congelen la ocupación e invasión de la zona norte, cerro de la Popa y de los humedales.

 

Qué importe sería solucionar conflictos en la ciudad como el de la Urbanización La Sevillana, propender por un verdadero plan de movilidad que no existe, Bazurto y Santa Rita, regular las tarifas de los parqueaderos que cobran lo que les da la gana, revisar la ocupación de los cuerpos de agua, entre ellos la Isla de los Pájaros, que funciona sin que se tenga una legalidad y deteriora cada día más la flora y fauna de la isla, por citar sólo algunas acciones.

 

Proponemos respetuosamente por intermedio de valorización la acción definitiva para las mareas de Castillo, Bocagrande y Manga, que deterioran el sistema vehicular con grandes pérdidas en mantenimiento, dificultan el transitar turístico y afectan la calidad de vida. Atreverse a entregar a los holandeses el caño de Juan Angola, pues no existe recurso distrital y cuando se quiera reaccionar, ya no existe en la marcha de invasión y construcción a su alrededor, tomar la decisión de generar sitios exclusivos para dejar y tomar pasajeros y acabar con la incultura de parar en todos los sitios, contribuyendo al desorden y caos vehicular. Alcalde, hay que hacer la revolución de las pequeñas cosas, las megaobras son bienvenidas pero este puñadito de solicitudes requieren solo voluntad política y decisión.

 

Alcalde usted está llamado a redimir a la clase política, una rayita más no soportamos.

 

“Alcalde, hay que hacer la revolución de las pequeñas cosas, las megaobras son bienvenidas pero este puñadito de solicitudes requieren solo voluntad política y decisión”.

Editorial

Por: Juan Carlos Cerón M.

 

Mucho se ha hablado sobre el tema de la prostitución en Cartagena y sobre todo, como utilizan a menores, para ese diabólico propósito. Cada año surge un escándalo nuevo.

 

El más reciente, se destapó en España, “la madre patria”. Se conocieron grabaciones en donde descaradamente prestigiosos personajes de la vida pública, hablaban como jueces y fiscales de ese país (incluso uno muy conocido y con contratos en Colombia) en un viaje hace años a Cartagena, disfrutaron de los placeres sexuales de menores de edad.

 

En la grabación se escucha en medio de risas, la narración sobre como conseguían a las muchachas para sus placeres sexuales.

 

Pese a la gravedad de los hechos, no he visto, hasta el momento, una acción contundente de la Fiscalía General de la Nación, sobre este particular como tampoco, el trámite de pedido de extradición (si se tiene con España) de los prestigiosos juristas involucrados.

 

Se pregunta uno ¿en dónde quedan los convenios de información judicial y policial con España? ¿Será que para prestigiosos jueces y fiscales no aplica?

 

Solo hizo un pronunciamiento serio y rechazando estas acciones, el alcalde de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, quien dijo que le pedirá al fiscal que llegue al fondo de este asunto.

 

Recuerdo que con el caso de la Madame, el fiscal Néstor Humberto Martínez, dijo que no permitiría más abusos de menores en Colombia. Y que le caería todo el peso de la ley al que estuviera involucrado en estos temas.

 

Ya es hora, señor fiscal Martínez, que haga cumplir su palabra. Abra una investigación seria para que paguen con cárcel los jueces y fiscales que se divirtieron con menores de edad en la ciudad.

 

Ya está bueno de escándalos mediáticos en Cartagena. Ahhh y le comento, doctor Martínez, por si no lo ha visto en video, que la Madame, sigue bailando en la cárcel de San Diego.

 

¿Se trata de un verdadero pacto del silencio sobre la prostitución?

 

Recuerdo que la Madame, dijo que tenía nombres de prestigiosos personajes que acudían a sus fiestas y que estaría dispuesta a revelarlos. ¿Dónde están esos nombres?

 

País de mojigatos con alma de lobos. Cuando se destapan nombres de impolutos colombianos o prestantes extranjeros inmersos en los escándalos de prostitución en Cartagena, el tema entra en un letargo total.

 

No quiero pensar, que en Colombia, la justicia es como el suero fisiológico, solo se le aplica a los más débiles.

 

Mañana seguramente habrá otro escándalo y pasado mañana otro. Seguramente iniciarán investigaciones. Y los peces gordos, todavía abusando de menores en lujosos yates en la bahía de Cartagena.

 

 

 

Opinión

Por: Fredy Machado

 

Han sido tantos los intentos fallidos por querer Reforma a la Justicia, incluso con nombres tan grandilocuentes y rimbombantes como “equilibrio de poderes”, que hoy no puede pasar desapercibido el proyecto de Reforma del Presidente Duque.

 

Evidentemente, y debo aceptar esa verdad, es innegable que la Justicia está en crisis, urge y se hace necesaria una Reforma y existe tanta expectativa en los ciudadanos y en los servidores judiciales de Colombia en que, por fin, se materialice un nuevo orden.

 

Desde luego que a pesar de ese contexto desesperanzador en que está sumida la Justicia, una propuesta de Reforma no puede tener origen únicamente en el liderazgo del Gobernante pues para su legitimidad requiere de un consenso general.

 

En todo caso, es importante declarar que, cualquier intento por promocionar un nuevo modelo de Justicia, deberá tener como columna vertebral “un mayor presupuesto”, autónomo y con rango constitucional.

 

En efecto, si un proyecto de esa connotación no tiene esa condición bien definida, no es una Reforma, a lo suma será un “maquillaje”.

 

Es que de los tres poderes que estructuran el Estado, dos de ellos -Ejecutivo y Legislativo-, siempre han mantenido cierta desconfianza en dar paso a la posibilidad de una Justicia fuerte, consolidada y capaz de autogobernarse.

 

Y es que, hoy por hoy, el Gobierno aprueba y gira recursos limitados a la Justicia y en el transcurso del año, tiene la desfachatez de no hacer los traslados oportunos que son los que generan la no ejecución del presupuesto.

 

Luego, los economistas de Hacienda, van orondos a los debates de la Reforma a la Justicia en el Congreso, a cuestionar abiertamente la displicencia en el manejo de los recursos del sector.

 

Es una entrega de recursos a cuentagotas, parsimoniosa y ese ejercicio permite manipular y poner condiciones a la Justicia y termina impactando en la prestación del servicio.

 

Eso lo sabe la actual Ministra de Justicia.

 

La doctora Borrero Restrepo estuvo por muchos años al frente de la Corporación Excelencia en la Justicia pero ahora desde el Gobierno, por conveniencias, le hace una concesión a Duque cuando anuncia que los tiempos son supremamente difíciles como para imaginar cualquier incremento en el presupuesto de la Justicia.

 

Pero, volvemos al postulado inicial, una reforma a la Justicia que no autorice una mayor planta de personal, una infraestructura moderna y el uso de las tecnologías, no es una Reforma, a lo sumo es un “retoque” a la Justicia.

 

Desde luego, esa situación no es la más alarmante para los dolientes del tema que aquí se analiza porque nos asombra que cuando se habla de Reformar a la Justicia, automática y audazmente, se nos endosa la posibilidad de entrar a modificar a la Tutela.

 

Me pregunto: quién dijo que la Tutela debe reformarse si es la “Joya de la Corona” del servicio que presta la Judicatura.

 

En este caso, no se advierte la voluntad del Gobierno en la búsqueda de remedios o soluciones a lo que tiene que ver con la causa o el origen de la congestión en materia de tutelas. Es lógico que si esa preocupación primara, la Reforma se encargaría de mejorar los controles en los Ministerios y Superintendencias para que las autoridades responsables de la vigilancia del actuar de las entidades públicas y de las empresas prestadoras de servicios, cumplieran con sus deber y, al tiempo, se les sancionara como se hace con frecuencia en sede de Tutela (incidente de desacato) a los que burlan los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos

 

Es una forma de liberar al Juez para que no ocupe su tiempo en discusiones que competen a otras entidades administrativas y puedan entonces dedicarse a los procesos de su competencia, solucionando los conflictos pendientes.

 

Un ciudadano convencido del potencial de la acción de tutela siempre encontrará eco en su Juez Constitucional en todos aquellos casos que ameritan su intervención ya que la misión de los togados consiste en garantizar los Derechos Fundamentales y reafirmar el Estado Social de Derecho como una realidad y no como un formalismo o ciencia ficción.

 

Es pertinente cerrar esta reflexión volviendo la mirada a la arquitectura del Gobierno Judicial... La realidad nos ha demostrado que el Consejo Superior de la Judicatura ha fracasado en la gerencia de la Justicia. Pero su fracaso no es consecuencia directa de su estructura sino de las personas que lo representan pues sus “Acuerdos” terminan generando “desacuerdos” por tantas improvisaciones y equívocos.

 

No es exageración: Jueces sin sala de audiencias; servidores sin equipos ni elementos de oficina; incapacidad para resolver situaciones extraordinarias como la tragedia del ascensor de Cali; cultura del arriendo para favorecer a propietarios de edificaciones; el desmejoramiento del Juzgado como célula básica de la administración de justicia para dar prioridad a grandes y hacinados centros de servicios; dar la espalda a la promoción y ascenso de los empleados con más habilidades y competencias priorizando los nombramiento a dedo; tomar la descongestión como una bolsa de empleos y no como una herramienta útil para crear una cultura de la eficiencia; grandes costos en la adquisición de equipos de oficinas, entre otras políticas equivocadas.

 

Lo que se anhela es que el origen de la propuesta nazca verdaderamente desde la misma Justicia (servidores, litigantes y usuarios) y una vez concluida esta primera etapa, debe enviarse a los representantes del Gobierno y a los académicos, para que con ese valioso insumo entonces sí se salga a decir a la opinion pública que la Reforma es fruto del consenso.

 

Es cierto, no es una construcción de un día, pero esa Reforma caminaría segura, con paso fuerte, en la dirección correcta y no se corre el riesgo de volver a defraudar al país judicial y a la opinion pública, por correr a impulsar una carreta vacía y con mucho ruido.

Insistimos en que la apuesta debe ser la construcción colectiva.

 

Por último: es bueno que alguien le diga a la Ministra que no puede seguir insistiendo en que va a Reformar a la Justicia a punta de austeridad (sin un peso) y menos este año en que la DIAN nos ha metido la mano en los bolsillos a todos los servidores judiciales sin excepción, hasta el punto que no se salvó ni el Notificador.

 

 

 

 

            

 

                          

                         

 

 

 

Portal: El Grifo Noticias - Director: Juan Carlos Ceron
Cartagena de Indias - Colombia