Opinión

Por: Javier Lastra Fuscaldo

Agente Interventor Electricaribe

 

El 28 de noviembre desde las siete de la mañana, 24.930 habitantes de la ciudad de Santa Marta se quedaron sin luz. La causa de la interrupción fue un mantenimiento programado de la empresa de  transmisión eléctrica, lo que impedía a Electricaribe distribuir la energía en un amplio sector de la capital del departamento del Magdalena. Si bien este mantenimiento se comunicó previamente por la empresa responsable en los diarios locales, el número de llamadas al call center de Electricaribe aumentaron en un 87%, y en las redes sociales las quejas y mensajes de molestia contra la empresa fueron tendencia.

 

Cinco meses atrás, exactamente el 12 de junio de 2017, un tractor conducido por un trabajador de una finca en zona rural del municipio de Chimichagua en una maniobra derribó las torres de conducción de la línea 752  afectando a 38.323 clientes de más de diez poblaciones de los departamentos del Cesar, Magdalena y Bolívar. Electricaribe activó la operativa conformada por 76 técnicos para superar la emergencia eléctrica que por su complejidad tardó 4 días en solucionarse. Al igual que en el caso anterior, las quejas, ofensas, malestar de los usuarios y autoridades locales contra Electricaribe, desbordaron la capacidad de respuesta del personal de “atención al cliente”, quienes a pesar de explicar el motivo de la interrupción del servicio y los esfuerzos de los técnicos en reparar el daño, no lograron apaciguar a los enardecidos habitantes.

 

Sin olvidar que Electricaribe genera circunstancias que dan lugar a la insatisfacción de los usuarios, de hecho se encuentra intervenida por la Superservicios por problemas financieros y de calidad, es sano que el cliente tenga claro que no todas las fallas en el servicio de energía se le deben atribuir a la empresa, puesto que hay diversas razones externas que también las provocan. Tal es el caso del alumbrado público, es decir, el que reciben los habitantes en las calles y espacios públicos, donde hay fallas en el servicio y las soluciones deben recaer en los concesionarios contratados por los alcaldes municipales.

 

Son muy comunes los daños al interior de las viviendas, conjuntos residenciales que claramente no son atribuibles a Electricaribe, es más, se presentan fallas internas en empresas de servicios públicos como acueductos, quienes comunican a sus clientes que por fallas eléctricas han suspendido el servicio sin aclarar que el daño es por una causa interna y no de la empresa de energía. Esta desinformación crea inconformidad y el disparo de llamadas de los usuarios a las líneas de atención de Electricaribe. Casos más delicados como el daño en las redes hechizas o transformadores recargados de los barrios eléctricamente subnormales, en los que las comunidades le exigen la reparación a Electricaribe y no a los alcaldes, muchas veces bloqueando las vías y generando alteraciones al orden público.

 

Se podría relacionar más casos, pero lo que se quiere resaltar es solo un llamado a la reflexión para que en materia de responsabilidad y justicia hagamos reminiscencia al antiguo precepto Romano “dar a cada uno lo suyo” y esto aplica para derechos, culpas  y absoluciones. Electricaribe intervenida, por su parte, ha estado respondiendo por lo que le corresponde.

Opinión

Por: Fredy Machado

 

“Luces, cámara y acción... “

 

Si hay algo que caracteriza al colombiano en su vida práctica es su infinita creatividad. Sin embargo, esa visión no coincide en materia de obras y de políticas públicas pues en vez de “pensar en grande”, siempre nos quedamos cortos.

 

La dimensión austera de la escultura de nuestro Libertador en la Plaza de Bolívar en Bogotá, lo dice todo. En vez de un Bolívar monumental preferimos un Bolívar humilde, quizás por su origen Caribe.

 

Y pensar que la construcción de carreteras de doble calzada es una ocurrencia de estos días y que por culpa de un político “visionario” no hemos dado el paso del “Metro”, por seguir promoviendo un sistema de buses articulados que en materia de capacidad de respuesta a la demanda del servicio, no va para ninguna parte.

 

En el tema de Justicia, las películas americanas, desde siempre, nos vendieron la idea de que el mejor sistema era el anglosajón y un día cualquiera adoptamos la oralidad, como una estrategia efectiva, para combatir la congestión judicial y modernizar nuestro sistema.

 

La oralidad se nos presentó como la panacea.

 

Entonces, en teoría, ocurrió el cambio: un día nos acostamos como jueces de un sistema escritural y nos levantamos como jueces americanos...

 

De entrada una cosa no cuadraba. Era difícil entender por qué en las películas gringas cada juez tiene una sala de audiencias amplia y un despacho adjunto, para reunirse con los abogados cuando se requiere amonestarlos o darles instrucciones en privado, infraestructura que no se replicó en Colombia.

 

Entonces el Juzgado dejó de ser el juzgado para dar paso a unas secretarías comunes o centros de servicios que hacen inaccesible a los usuarios, cualquier contacto con el Juez. Pero lo más complicado, el centro de servicios asume la administración de un número limitado de salas de audiencias pues en la Justicia oral a la colombiana “no hay cama para tanta gente”.

 

Mejor: las salas de audiencia no son suficientes.

 

Bueno, aceptemos que se imponen razones de manejo racional de los recursos. Pero ese manejo racional, como ocurre con la movilidad en las vías de todo el país, nos ha llevado a la institucionalización del “pico y placa” en la asignación de salas de audiencias.

 

No hay nada más triste y desesperanzador en la práctica judicial que presenciar el nefasto espectáculo de un juez en el pasillo a la espera que se desocupe una sala de audiencias confundido entre las partes, los testigos, el público, un periodista y un vendedor de tintos.

 

Esa imagen gris es de nuestra cosecha pues eso no abunda en las películas de Hollywood.

 

No podemos seguir pensando de esa manera como sociedad. La Justicia requiere recursos para no mostrar tanta pobreza y para materializar en favor de los usuarios, el postulado constitucional de una justicia pronta y cumplida. Lo peor es que el diseño de las Salas de Audiencias no es pomposo sino tan escuálido que los juicios ya no son públicos sino privados pues en ocasiones sólo se asignan seis sillas para los asistentes y dos de ellas las ocupan los guardianes del Inpec.

 

Se nos ocurre decir, exagerando, que un juez sin sala de audiencias es como una tienda de Juan Valdez sin café o como un sacerdote sin Iglesia. La idea no es copiar los sistemas por el simple capricho de “copiarlos” pues eso genera excesivas expectativas, consolida la improvisación generalizada y nos conduce a perder una nueva oportunidad de transformación para posicionarnos como sociedad.

 

En Cartagena estamos cansados de reclamar de la gerencia de la Justicia -nivel central-, la construcción de un Palacio de Justicia digno. Desde luego que debemos pensar en grande y lo más importante, reclamar unas salas de audiencias que se aproximen a las que desde que tengo memoria nos muestran los gringos en sus películas.

 

            

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

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