El riesgo esta vez no es solo de perder la tierra, es también de perder la existencia misma como indígenas.

 

Más de 500 personas, entre las cuales hay más de un centenar de niños y niñas y 20 adultos mayores de una de las etnias indígenas más importantes del país, tendrán una nueva diligencia de desalojo.

 

Parece mentira, pero esta comunidad lleva 16 años desplazada en la ciudad de Cartagena, donde se ha hecho hasta lo imposible, no por restituirles sus derechos como víctimas, sino todo lo contrario; cada vez más se les amenaza y se les vulnera.

 

Recuento

 

A pesar de llegar a la ciudad en el 2002, al corregimiento de Membrillal, desplazados por la amenaza paramilitar que se cernía sobre sus territorios ancestrales en Sucre, solo hasta el 2012, 10 años después, bajo el apoyo de FEM, fueron reconocidos como indígenas las entonces 182 familias del Cabildo Menor de Membrillal, por parte de la ciudad de Cartagena. Incluso a pesar de que existe un Auto de la Corte Constitucional que exige especial protección a los indígenas víctimas del conflicto armado, la institucionalidad Cartagenera y Bolivarense no han hecho sino promesas.  Solo prestaron su ayuda los dueños del predio privado Finca San Isidro, quienes les alquilaron el inmueble (ubicado en la zona rural de Membrillal) a un muy bajo costo en el 2008 y en el que hoy se encuentran ilegalmente, ya que se les solicitó la devolución del predio desde el año 2016.

 

La quinta orden de desalojo

 

A finales del 2016, el Capitán del Cabildo, Leovigildo Castillo, un indígena mayor, respetado y valorado por su comunidad, casi fallece de un infarto y estuvo hospitalizado varios días, cuando llegó la primera orden de desalojo. Con el ESMAD, y ante el silencio cómplice de los actores institucionales, desde el 2016 han sido ya cuatro (en agosto 2017, diciembre de 2017, marzo de 2018 y julio 2018) los intentos de recuperación del predio en San Isidro. No solo han sido víctimas del conflicto los Zenú de Cartagena: es amplia su historia de impune revictimización institucional.

 

Solo la visibilidad generada por organizaciones como Roztro, la Universidad de Cartagena y FEM, ha redundado en que el tema se trate como lo que es: una emergencia humanitaria de una minoría demasiado pequeña como para ser estratégica en la agenda pública-- más allá de los intereses de los dueños del predio-- quienes han sido los únicos aliados efectivos de las necesidades reales de los indígenas.

 

Si los desalojan, no solo se quedan sin tierra sino sin reconocimiento

 

Por un tecnicismo de la ley, el reconocimiento de un grupo étnico fuera de su territorio ancestral depende de que el ente territorial donde se encuentra el grupo étnico sea el que solicite su reconocimiento. Si los indígenas son reubicados hoy en Turbana, perderán la calidad de indígenas que les tomó 14 años lograr.

 

La comunidad Zenú de Cartagena tiene más de 2500 miembros flotantes a quienes los Cartageneros llaman “tuchines” por su venta de tinto en las calles de la ciudad. Estas 150 familias permanentes han intentado por todos los medios proponer salidas a su crisis, incluso desarrollando un proyecto de vivienda con la colaboración de 2 universidades extranjeras. Los 7 alcaldes de Cartagena y la incapacidad institucional no pueden devolver a cero una lucha por la existencia, que estos grupos étnicos llevan librando desde hace más de 5 siglos.

 

 

 

 

            

 

                          

                         

 

 

 

Portal: El Grifo Noticias - Director: Juan Carlos Ceron
Cartagena de Indias - Colombia